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Dos técnicos de campo para toda Cataluña: la plantilla de las pulseras antimaltrato es “objetivamente insuficiente”

El número de trabajadores que instalan, desinstalan y arreglan los dispositivos son una de las cuestiones sobre las que diversos organismos han puesto el foco

Isabel Valdés

“Álava, Rioja y Navarra: tenemos un único técnico, hay que revisar las tres provincias e intentar que la ruta sea la más adecuada. Turno de 07:30 a 15:30”. Esta es una de las líneas de una detallada comunicación que una responsable de Cometa ―el centro que se ocupa de las pulseras antimaltrato― envió el pasado mayo a supervisoras y personal de la sala de control con “aclaraciones y pautas” para coordinar el trabajo de los técnicos de campo, que son aquellos que se ocupan de instalar, desinstalar y arreglar los dispositivos de víctimas y agresores. Todas esas anotaciones están enfocadas a la organización, pero, sobre todo, a optimizar una plantilla que según personal cercano a Cometa “es objetivamente insuficiente”.

Las tres provincias de esa primera anotación no acumulan un alto número de dispositivos activos, 98 ―56 en Navarra, 11 en La Rioja y 31 en Álava, según los últimos datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género―, pero es una cifra que tiene que cubrir una sola persona en un turno de siete y media de la mañana a tres y media de la tarde. Y en fin de semana, esos tres territorios comparten el único técnico de guardia disponible con otras dos provincias que suman 91 dispositivos más, Bizkaia (34) y Guipúzcoa (57).

En otro conjunto que aglutina 492 dispositivos activos, el que forman Cuenca, Guadalajara, Toledo y Madrid (la provincia con mayor número, 360), hay ocho técnicos repartidos en tres por turno y uno de ellos es para “echar una mano”, “si fuera necesario”, en Ciudad Real o Albacete. “Debemos saber jugar con esto, es decir, uno de los técnicos para la zona norte y Guadalajara si surge algo, otro para la zona sur y Cuenca; la parte de Toledo la puede hacer el tercero que está de reserva por lo que pueda surgir urgente”, se lee en el documento.

Y para Zaragoza, Teruel y Huesca, hay dos técnicos para el día que cubren de ocho y media de la mañana a seis de la tarde, y otro de guardia. En fin de semana, hay uno, “como es un territorio amplio hay que gestionarlo muy bien con los tiempos y distancias”. Aragón tiene en total 152 dispositivos: Huesca con 70, Teruel con 4 y Zaragoza con 78, teniendo en cuenta, además, que en zonas como estas la orografía puede no ser siempre fácil. Y sumando, también, los diversos fallos que se han conocido en la última semana sobre este servicio creado con el objetivo de proteger, literalmente, la vida de las mujeres y, cuando tienen, también de sus hijos e hijas.

Según múltiples fuentes, aunque en cierta medida se daban también antes, los problemas se multiplicaron tras el cambio de adjudicataria en 2024 ―de Telefónica y Securitas Direct a Vodafone y Securitas―. Desde errores en las localizaciones, dispositivos que saltan y emiten alertas sin que se encuentre ningún error por parte de los técnicos o, incluso, algunos que contravienen las cláusulas del contrato, como que los agresores tengan la posibilidad de manipularlos. “Si todo esto pasa y pasa además con una plantilla de campo escueta para lo que se necesita, es un doble problema”, apuntaba hace unos días una fuente cercana al funcionamiento de Cometa.

Esto, explicaba, implica retrasos en la atención sobre todo a incidencias en las pulseras de los agresores, pero también a las que pueden darse en los dispositivos de las víctimas, y repercute en el trabajo de los juzgados. Entre múltiples documentos, internos y públicos, se encuentran las alusiones a esta cuestión.

En la última memoria de la Fiscalía, uno de los problemas que señalan es “el tiempo que emplean en trasladarse los técnicos de Cometa”. Entre las conclusiones de las jornadas anuales que celebran las audiencias provinciales, en 2024, se apuntó que “la colocación de los dispositivos telemáticos para el control de la medida cautelar y/o pena de prohibición de aproximación debe realizarse sin incidencias, con la asistencia técnica adecuada por el Centro Cometa, que deberá instalarlos sin demora desde que se acuerde por el órgano judicial, evitando en todo caso una indebida dilación en la puesta en libertad del sujeto”.

Y en las de 2025, entre lo que las audiencias quisieron resaltar, se repitió la alusión: “Ante las dilaciones que se producen desde la resolución judicial que acuerda la medida hasta la colocación de dispositivos de control telemáticos de proximidad, solicitamos la ampliación urgente de la plantilla de técnicos del centro Cometa. Asimismo, teniendo en cuenta que los dispositivos presentan fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados, interesamos que se revisen y corrijan las disfunciones, a fin de evitar la desprotección de las víctimas”.

“Demora en la instalación de los dispositivos”

También aparecen en el resultado de una encuesta que el Consejo General del Poder Judicial publicó en julio y que hizo entre los titulares de los juzgados con competencia en violencia sobre la mujer entre febrero y marzo de este año; 477 jueces y juezas de los que respondieron a la encuesta cerca de la mitad. En ella, los dispositivos telemáticos tuvieron “una baja puntuación media (2,2) entre los jueces/as”. País Vasco, con un 2,9, fue la que obtuvo la puntuación más alta, y Andalucía y Comunidad Valenciana, la más baja, con un 1,7.

Las quejas más frecuentes que aparecieron en esa encuesta fueron por “la demora en la instalación de los dispositivos que se solicitan”. En el 39,1 % de los casos “es de entre tres y cinco horas y en el 30% es superior a cinco horas”. Además, “el 69,4 % de los encuestados no está satisfecho con el procedimiento de comunicación y resolución de incidencias con los dispositivos telemáticos”.

Estas horquillas de tiempo están dentro de lo oficialmente estipulado, que marca que “la instalación de los dispositivos electrónicos se realizará dentro del plazo máximo de 24 horas desde la recepción en el centro de control de la resolución judicial correspondiente”, según el pliego de condiciones del contrato. Sin embargo, esas cifras no siempre se han cumplido, “se ha tardado más de 24 horas en instalar esos dispositivos más de una vez”, afirma una persona que trabajó hasta hace poco en Cometa.

Ha ocurrido, por ejemplo, en Almería, que es la segunda provincia que más dispositivos activos tiene, 355, y para los que hay dos técnicos de mañana y dos por la tarde; y en fin de semana, tres, uno de mañana, uno de tarde y otro de guardia. Una proporción que se mantiene, en comparación, con Cataluña, con 80 dispositivos activos y un solo técnico que cubre el día y otro de guardia. En este territorio, la comunicación de la responsable de Cometa marcaba poner atención al medir las distancias y agendar los servicios que había que hacer “ya que es una comunidad entera con cuatro provincias con bastante trayecto”.

Técnicos externos a Cometa

Más allá del número de técnicos que operan con los dispositivos, hay otra cuestión que apuntan diversas fuentes, el “SAT” que aparece en ese documento. En las anotaciones de múltiples territorios se lee “son técnicos de SAT”, que significa que “son técnicos de Securitas [una de las concesionarias], pero que no son de Cometa”. Explica esa misma fuente que durante un tiempo, “a veces”, había que llamarlos “porque no había suficientes manos”, pero que intentaban no hacerlo: “Se solía optar por no cumplir los tiempos para los mantenimientos”.

Después, esas llamadas empezaron a ser más frecuentes, y, al menos en mayo, que es la fecha en la que fue enviada esa comunicación, hay territorios como las provincias de Burgos, Soria, Salamanca, Ávila, Valladolid y Palencia, o la comunidad de Cantabria, que solo tienen técnicos externos a Cometa; “lo que significa que no tienen la formación específica que deberían en violencia de género, o a veces ha pasado que ni en los dispositivos”, explica una persona cercana a ese centro.

Y ha habido, también, otros problemas de coordinación diarios que han dificultado el trabajo, según un informe enviado por personal del centro a coordinadoras y supervisoras hace unos meses. Entre ellos, errores en la información que se tenía desde la sala de control de los horarios de esos técnicos, o de los propios números en los que había que contactarlos. “Debemos hacer varias llamadas a distintos técnicos para averiguar quiénes son los técnicos disponibles, aumentando el tiempo necesario para realizar una planificación. Por otro lado, también provoca que llamemos a compañeros fuera de su horario de trabajo, no permitiéndoles tener una adecuada desconexión digital”, se lee en ese informe.

Las quejas, han repetido varias fuentes en los últimos días, “no son porque sí”, es porque creen que este servicio, “más que ninguno, por lo que significa, debería funcionar lo mejor posible”, concreta una de ellas.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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Sobre la firma

Isabel Valdés
Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.
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