Bustinduy y Rego abogan por la ayuda universal por crianza: “Uno de cada tres niños vive en la pobreza”

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha presentado este jueves la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza 2024-2030, aprobada el pasado 23 de diciembre, con la pretensión de que sirva como hoja de ruta del Gobierno para reforzar las políticas sociales y de acceso a la vivienda e impulsar un cambio estructural a nivel socioeconómico. La tramitación de la prestación universal por crianza, vigente en 17 países europeos, y del pacto de Estado contra la Pobreza Infantil son sus principales retos. También los de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cuyo equipo ha participado en la elaboración de este plan. El objetivo es que España reduzca su porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social.

Este indicador en 2023 se situaba cinco puntos por encima de la media europea (26,5% frente a 21,3%). La tasa de pobreza infantil, en el 34,5%, es todavía más preocupante y supera en casi 10 puntos al promedio europeo. En base a estas cifras, ambos ministros han defendido que España adopte una prestación universal por crianza.

Es una propuesta de Bustinduy que se está negociando en los próximos Presupuestos Generales del Estado y que, según él mismo ha señalado, supondrá un “elemento central” para rectificar los “inaceptables datos con los que convivimos” y para reflejar el compromiso con las familias y los derechos de la infancia: “No podemos normalizar que uno de cada tres niños en España viva en una situación de pobreza. Moralmente no nos lo podemos permitir”.

El director de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Ricardo Ibarra, también presente en el acto, ha informado de que el coste de la pobreza infantil en España ronda los 63.000 millones de euros. “Nuestro modelo de bienestar no funciona adecuadamente”, ha advertido.

Bustinduy ha insistido también en la necesidad de intervenir “de forma urgente” el mercado de la vivienda. “Es insostenible que casi el 40% de los hogares que viven en alquiler destinen a la vivienda más del 40% de su renta”, ha recalcado para subrayar que el precio del alojamiento es ya uno de los principales factores de pobreza en España.

Un total de 5,5 millones de hogares se encuentran en situación de exclusión residencial y casi la mitad de la población que vive de alquiler realiza un sobreesfuerzo económico para llegar a fin de mes, según ha explicado la directora general de la asociación Provivienda, Gema Gallardo, colaboradora en el acto. “Solo el 17% de los jóvenes españoles están emancipados”, ha informado. España cuenta con un 2,5% de parque de vivienda social frente al 9,3% europeo.

Por su parte, Rego ha insistido en que la pobreza infantil es “una de las mayores heridas sociales de España” y ha referido que detrás de las estadísticas hay una niña que llega a clase sin desayunar, una persona que elige entre comprar comida o pagar el alquiler y una familia que enciende el horno para calentarse. “Somos la cuarta economía de Europa, no nos lo podemos permitir”, ha reprochado tras recalcar que el futuro de la infancia que vive en España no puede depender del código postal o del azar de nacer en una familia u otra.

La necesidad de un Pacto de Estado contra la pobreza infantil es urgente para Rego, con el fin de “para romper el ciclo de desigualdad estructural”, ha dicho, y para garantizar a los menores los derechos básicos como la educación, la salud y la vivienda. “No combatir esta situación es hipotecar el futuro de nuestras niñas y niños y, con ello, el de nuestra sociedad”, ha indicado la ministra de Juventud e Infancia. Las encuestas más recientes del Eurobarómetro y del Centro de Investigaciones Sociológicas ponen de relevancia que la lucha contra esta desigualdad ocupa las posiciones de primera línea entre las preocupaciones de la población europea y española.

La estrategia presenta 54 líneas de actuación generales que serán concretadas a través de un plan operativo de ejecución y seguimiento elaborado cada año por el Ministerio de Derechos Sociales en colaboración con el resto de las carteras implicadas. Incluirá las medidas concretas a ejecutar, junto a su dotación presupuestaria, detallará las áreas de actuación y los organismos responsables o implicados y actualizará la evolución de los indicadores.

Cuatro retos estratégicos

Todo ello se estructura a partir de cuatro retos estratégicos. El primero es la garantía de los recursos para la ciudadanía mediante políticas que aseguren unos ingresos mínimos a través de las rentas del trabajo y las prestaciones sociales con la intención de favorecer el acceso a la vivienda en condiciones de habitabilidad, ayudar a las personas vulnerables a pagar el alquiler, prevenir los desahucios, ampliar las herramientas contra la pobreza energética y abordar medidas para erradicar el sinhogarismo. Además, se revisará el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples con el objetivo de aumentar las cantidades de las prestaciones y ayudas sociales, así como el número de personas beneficiarias.

El segundo desafío consiste en potenciar “la inversión social en las personas”, según la Estrategia, para transformar las situaciones de vulnerabilidad y asegurar la igualdad de oportunidades. La meta es crear nuevas plazas en educación infantil, asegurar la gratuidad en el primer ciclo a las familias objetivo, prevenir y reducir el abandono escolar con la intención de que los menores disfruten en igualdad de oportunidades. En el plano laboral, se fomentará la contratación de personas con dificultades de acceso al empleo y se desplegarán medidas contra la discriminación laboral.

El tercer objetivo pretende reforzar el estado de bienestar. Se construirá una red de protección para garantizar los derechos sociales y facilitar la conciliación entre la vida laboral y la familiar, especialmente a las mujeres, que sufren una mayor precariedad y que, generalmente, son quienes más tiempo dedican a los cuidados de los niños y las personas en situación de dependencia.

Para ello, se impulsarán acciones en favor de las familias vulnerables, con apoyo especial a aquellas en las que haya personas con discapacidad. Así mismo, se promoverá el acceso a los sistemas de dependencia, a los comedores escolares saludables, a la atención infantil temprana, a la sanidad pública y a la atención de la salud mental.

El último reto consiste en desarrollar alianzas y trabajo en red para mejorar la gestión y la coordinación de las políticas con la intención de alcanzar el mayor nivel de eficiencia, eficacia y cobertura. Por otro lado, se impulsará la cooperación territorial a todos los niveles y se fomentará la participación de todos los actores en el diseño y evaluación de los programas y de las diferentes iniciativas.

En la presentación de este plan también ha participado la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea y el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Carlos Susías, quien ha subrayado que un cuarto de la población española precisa esta estrategia.