El Consejo Económico y Social propone una prestación universal por crianza hasta los tres años

Es una “anomalía” que en España, la cuarta economía europea, uno de cada tres niños esté en riesgo de pobreza o exclusión social. Así que el Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, considera que es prioritario invertir en infancia como “objetivo de país”, “desde un amplio consenso que supere el ciclo electoral”. Esta es una de las conclusiones del informe Derechos, calidad de vida y atención a la infancia, aprobado este miércoles y presentado este jueves en Madrid. Como una de las principales medidas, el CES propone la creación de una prestación universal por crianza hasta los tres años, etapa en la que considera que es crucial aumentar la protección a los menores, dado que no está garantizada su escolarización. En España, a diferencia de en otros muchos países europeos, no existe ninguna ayuda destinada a todos los menores, independientemente de la renta de sus padres. Este órgano plantea que esta prestación se complemente con otras focalizadas a familias vulnerables. El objetivo es acabar con las “dramáticas” cifras de pobreza infantil, según ha explicado el presidente del CES, Antón Costas.

El órgano, formado por 60 consejeros procedentes de las principales organizaciones empresariales y sindicales, además de otras organizaciones agrarias, de pesca o de consumidores, ha elaborado este informe a iniciativa propia y es el primero que dedica exclusivamente a la infancia. Ha decidido centrarse en la población hasta los 12 años, para estudiar las políticas públicas que se aplican en esta franja de edad, en ámbitos diversos, desde el educativo a la salud, y hace 80 propuestas. El 32,3% de los niños en estas edades está en riesgo de pobreza o exclusión. Un 5,6% de los hogares con menores en este tramo no tiene acceso a la ración mínima de carne, pollo, pescado o su equivalente vegetariano, según el informe. Más de la mitad no consume verdura al menos cada dos días, y un tercio no desayuna todos los días.

Ante este panorama, el CES alerta de que “el sistema de protección de rentas de familias con niños presenta desequilibrios, exceso de fragmentación y lagunas de políticas”. “El impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza infantil es notablemente limitado en comparación con la media de la Unión Europea. Y, por otro lado, el gasto en protección social en España no solo es inferior al promedio europeo, sino que el destinado a familia e infancia apenas alcanza la mitad de la media de la UE”, se señala en el informe.

El CES no cuantifica a cuánto debería ascender la prestación universal que propone, pero Costas ha explicado que debería “ser suficiente para cubrir los costes reales que tiene la crianza”. Carmen Pleite, presidenta de la comisión de trabajo que ha elaborado el informe, indica además que la idea es centrarse precisamente en el tramo hasta los tres años porque “hay un vacío en el conjunto de las prestaciones”. Una vez agotado el permiso por maternidad y paternidad, las familias deben cuidar a sus hijos o pagar para que alguien lo haga, dado que la universalización y gratuidad de la escuela infantil hasta los tres años aún no está garantizada.

60.000 millones al año

La propuesta de este órgano llega en el mismo momento en el que Sumar también está planteando la necesidad de que España cuente con una prestación universal por crianza. Aunque el espacio político es más ambicioso: defiende 200 euros al mes para todos los menores de hasta 18 años. Según han reiterado tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, esta será una de sus prioridades en la negociación de los presupuestos de 2025 con el PSOE. Sin embargo, en la legislatura pasada no se logró sacar adelante la prestación universal que defendía Unidas Podemos, y el PSOE no ha mostrado en ningún momento en público su apoyo a una medida de este tipo, ni tampoco consta en el acuerdo de coalición.

El presidente del CES ha considerado “dramáticas” las consecuencias de la pobreza en los niños. Y ha explicado que, si bien hay instrumentos de apoyo a las familias, algunos son “regresivos en términos de equidad”. No favorecen a quienes más lo necesitan. “Sucede con las desgravaciones o deducciones fiscales, es un instrumento poderoso siempre y cuando la familia tenga base imponible para aplicar esas desgravaciones”, ha razonado Costas. Este es uno de los grandes problemas de las ayudas a la infancia en nuestro país, según destacan expertos y organizaciones de infancia. Los más vulnerables no hacen la declaración de la renta.

Precisamente en el tramo de edad en el que el CES propone una prestación universal, entre los 0 y los tres años, en la legislatura pasada se dieron pasos para ampliar la cobertura de las ayudas existentes. Por un lado, se mejoró la deducción fiscal reembolsable para madres trabajadoras (100 euros al mes), de tal manera que también pueden percibirla quienes cobren un subsidio por desempleo, entre otros supuestos, y se creó el complemento de ayuda a la infancia para familias en situación vulnerable que pidan el ingreso mínimo vital (de 115 euros hasta los tres años). Derechos Sociales defiende que existe una “quasi universalización” en estas edades. Sin embargo, ambas prestaciones son incompatibles y hay muchas familias a las que no llegan (por ejemplo, quienes no pidan el complemento de infancia y no hagan la declaración de la renta). De hecho, tal y como recalca el CES, ocho de cada diez potenciales beneficiarios de este complemento de infancia no llegan siquiera a solicitarlo.

De ahí que este órgano proponga “avanzar en la consolidación” de este complemento, así como elevar sus cuantías “hasta umbrales cercanos al coste de crianza”. Pero, además, considera que esta ayuda debe ser compatible con la prestación universal. Costas ha explicado que existe un consenso en que “lo que ocurre de 0 a tres años determina la trayectoria vital”. Pero, “si eso no fuese ya de por sí suficiente”, ha añadido, “el coste de la pobreza infantil es elevadísimo”. “Se estima entre el 4% o el 5% del PIB, según la fuente que utilicemos, de la OCDE o estudios españoles. Estamos hablando de 60.000 millones de euros”, ha proseguido, “un coste económico extraordinario que viene especialmente de la pérdida de ingresos salariales que se producen a lo largo de la vida como consecuencia de haber vivido en pobreza infantil”.

Pero el informe va más allá de la pobreza infantil. Propone, por ejemplo, y dado el “vacío” existente una vez agotados los permisos por nacimiento, incrementar la disponibilidad de plazas públicas de escolarización de 0 a 3 años, así como aprobar un plan para la extensión de la gratuidad, o mejorar las condiciones laborales en estas escuelas. También plantea una especialización pediátrica en enfermería, y ofertar el servicio de comedor escolar en un mayor número de centros, así como incluir los gastos de gafas y lentillas en la cartera común de servicios —algo que la ministra Mónica García ha anunciado que tiene intención de hacer, empezando por la población más vulnerable—, e implantar un plan para la ampliación de los servicios de salud bucodental que identifique a la infancia hasta los 14 años como grupo prioritario (ahora solo lo son de los seis a los 14). Además, el CES considera necesario garantizar a los hogares con menores una vivienda digna. Y cumplir con el mandato de la ley de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que instaba al Gobierno a aprobar la especialización de los juzgados en esta materia. Algo que aún no se ha hecho, tres años después de aprobarse el texto.