La discapacidad es el oasis en medio de la bronca política: dos grandes consensos lo demuestran

En tiempos del “y tú más”, cuando los debates más broncos protagonizan las sesiones de control en el Congreso y el Gobierno tiene que calibrar bien qué asuntos lleva a la Cámara ante el temor de quedarse en minoría en las votaciones, dos consensos se vislumbran como un pequeño oasis en mitad de tanta crispación. El pasado enero, sus señorías, con el único voto en contra de Vox, aprobaron nada menos que una reforma de la Constitución, para eliminar el término “disminuidos” y sustituirlo por “personas con discapacidad”. Y se prevé que este mes los partidos den luz verde por unanimidad a la ley ELA, que entre otras medidas garantizará cuidados 24 horas a los pacientes en fase avanzada. Dos grandes acuerdos en mitad del ruido. Los dos tienen en común la discapacidad, que despunta como una suerte de excepción a este clima político.

Ambos asuntos estuvieron bloqueados en la legislatura anterior, aunque finalmente fue posible el pacto. Los grandes acuerdos en torno a la discapacidad no son nuevos. En las dos anteriores legislaturas también se lograron reformas por unanimidad. En 2018, se aprobó la modificación de la ley electoral que abrió la puerta a votar a 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. En 2020 se prohibieron las esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad. Y en 2021 se aprobó con gran mayoría (solo Vox se abstuvo) una normativa que suponía el fin de las incapacitaciones judiciales. Todos los consultados para este artículo atribuyen al movimiento asociativo el éxito de haber logrado permanecer al margen de banderas políticas.

Se estima que hay más de cuatro millones de personas con discapacidad en España. Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que agrupa a las principales organizaciones del sector, apunta que “la causa no es partidista, sino de derechos humanos”. “Nos gustaría que hubiera más consenso y más intenso, y en más temas y algunos más ambiciosos, pero sí lo hay”, añade. “Creo que hay un caldo de cultivo previo, de mucha insistencia desde la sociedad civil, para que cuando lleguen estas demandas se piensen en clave de transversalidad y no de polarización”, prosigue.

Algo en lo que coincide la politóloga Cristina Monge. “Pese a la crispación política, se puede llegar a acuerdos. Creo que esto es mérito de las organizaciones sociales, han conseguido tener una posición muy transversal en la sociedad. No es patrimonio ni de unos partidos ni de otros, y todos le dan la importancia suficiente como para saber que no pueden obviarla”. En su opinión, hay pocos asuntos que tengan esta particularidad. “No es muy común”. Es un tema que está en la agenda, “pero no en primera línea”. Se hace oposición, aunque no en su máximo de polarización. “Hay argumentos y visiones distintas, pero forma parte de la normalidad política”, añade.

Agustín Huete, sociólogo del Instituto de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca, es más crítico. “La reforma del artículo 49 de la Constitución, la garantía del derecho al voto, la prohibición de las esterilizaciones forzadas o la protección especial de personas con ELA no se aprobaron la primera vez que se llevaron al Congreso”, señala, “estuvieron atascadas por falta de interés político”. “El consenso forma parte de la explicación, pero no lo es todo. Primero, la discapacidad está cada vez mejor organizada y hace mejor la labor de lobby. Luego, está el paternalismo y esta concepción que tenemos todavía de las personas con discapacidad como que sufren un castigo de Dios, es algo que genera pena. Y al fin y al cabo, la discapacidad es algo que no ocupa los primeros puestos en la escala de importancia de nuestra sociedad, así que nadie va a pedir explicaciones a un partido [por apoyar estas causas]”, continúa.

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, recuerda que en los últimos años España ha “experimentado una revolución de respeto hacia los derechos” del colectivo. Asegura que la “agenda de la discapacidad está generando la concordia y consenso parlamentario” y que está siendo “el pegamento de este clima de polarización, poniendo de acuerdo a todo el arco parlamentario” para aprobar la ley ELA, por ejemplo. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, en manos de Sumar, reconocen que “las negociaciones, lamentablemente, tardaron más de lo deseable en alcanzar un consenso” en esta última normativa. La ley llegó la pasada legislatura a la Cámara baja, de la mano de Ciudadanos, y aunque en 2022 los partidos aprobaron su toma en consideración por unanimidad, luego se fue ampliando el plazo de enmiendas una y otra vez, hasta que llegó el adelanto electoral. En esta nueva legislatura, se presentaron tres proyectos en el Congreso (de Junts, del PP y del PSOE), pero finalmente se logró alcanzar un acuerdo, en unas negociaciones a las que se unió Sumar, y se prevé que la semana que viene se vote el texto en la Cámara.

Respecto a la reforma constitucional, las organizaciones del sector llevaban 20 años reclamándola. En 2018, con el primer Gobierno de Pedro Sánchez se aprobó un primer proyecto de reforma, que finalmente decayó con el adelanto electoral y que se retomó con el Ejecutivo de coalición. El PP, dirigido entonces por Pablo Casado, rechazó apoyar la reforma, aduciendo el temor a que otros grupos aprovecharan la ocasión para tratar de modificar otros aspectos de la Constitución. Finalmente, logró llegarse a un acuerdo, ya con Alberto Núñez Feijóo al frente del PP, pero nuevamente decayó con el adelanto electoral. En esta nueva legislatura, el PP y el PSOE registraron una proposición de reforma, tras haberla pactado con el Cermi, y se acordó un trámite de urgencia. Fuentes de Derechos Sociales señalan que la única polarización política ha venido en este caso “de Vox, que no apoyó la reforma esgrimiendo que hacía mención a las mujeres con discapacidad, y no podían apoyarla por su oposición a lo que llaman ideología de género”.

Fuentes del PP consideran “evidente” que la reforma constitucional y la ley ELA “han suscitado los principales consensos de esta legislatura”, pero advierten que esto no quiere decir “que haya sido fácil lograrlos”. Respecto a la modificación del artículo 49 de la Constitución, estas fuentes señalan que, “a diferencia de lo que ocurre habitualmente con el PSOE, este sí quiso sentarse a negociar los términos de la reforma con el Partido Popular, algo imprescindible para poder llegar a un acuerdo”. Pese a que reconocen que “muchas de estas reformas” relacionadas con la discapacidad “llevan años de retraso”, desde el partido prefieren quedarse “con lo positivo” y “trasladar un mensaje de esperanza a los ciudadanos de que cuando hay voluntad política es posible llegar a acuerdos”.

Pilar Fernández, vicepresidenta de AdELA, organización con 34 años de experiencia tanto en la asistencia de los pacientes de esta enfermedad neurodegenerativa como en la defensa de sus derechos, considera que hay un “germen sensible” en todos los grupos parlamentarios en torno a la discapacidad. Aunque está convencida de que la bronca del exfutbolista Juan Carlos Unzúe a los partidos en unas jornadas en el Congreso, afeándoles su escaso interés en la materia, sirvió “para remorder la conciencia social” y acelerar el proceso. Han sido las organizaciones de pacientes y familiares las que han dado impulso a la ley en los últimos años, tras la proposición de Ciudadanos. En cualquier caso, Fernández defiende que la ley, que espera que sea aprobada y próximamente, es solo un punto de partida y es fundamental desarrollarla. “Los pacientes de ELA no tienen tiempo. Se mueren 900 enfermos al año”, recuerda, al tiempo que estima entre 4.000 y 5.000 las personas que sufren esta dolencia en España.

Cayo, del Cermi, apela a lo mucho que queda por hacer. Se han aprobado reformas que abordan “situaciones extremas”. Pero, recuerda, “hay otras realidades, por ejemplo 100.000 personas encerradas en sus casas porque no hay accesibilidad, porque los vecinos no aprueban que se instale un ascensor o una rampa, esto depende de cambiar la ley de propiedad horizontal, y ahí encontramos una resistencia”. Es solo un ejemplo de la lista de tareas pendientes. “Cuando se produce un avance de consenso en discapacidad, todo el mundo lo celebra y se nos olvidan las fases, a veces muy prolongadas, de trabajo previo, de negativas o de quitarle importancia”, afirma. Hay temas que siguen “encasquillándose un poco”, pero el movimiento asociativo no ceja en el empeño de seguir buscando consensos.