Carlos Flores, de Vox: “El aborto es un medio para garantizar la salud reproductiva del mismo modo que la guillotina para acabar con la tos”

El diputado de Vox Carlos Flores ha intervenido este martes en una Comisión del Congreso: “Es extraño que quienes sentimos una profunda repulsión hacia el aborto seamos capaces de contener las arcadas que nos produce esta práctica y pronunciar esa palabra cada vez que es menester, y quienes son partidarios del mismo usen eufemismos cada vez más elaborados como interrupción voluntaria del embarazo, o, últimamente, salud sexual y reproductiva”. Y siguió: “Eufemismos cada vez más elaborados, pero siempre igual de falaces. Porque si el aborto interrumpe el embarazo justo igual que el pitido final de un partido interrumpe el juego, el aborto resulta un medio para garantizar la salud reproductiva del mismo modo que la guillotina lo es para acabar con la tos”.

El contexto: en la Comisión Mixta para la Unión Europea se debatía en ese momento una proposición no de ley del PSOE sobre la defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva en la Unión Europea, y Carlos Flores Juderías es el diputado del partido de ultraderecha que en 2002 fue condenado por violencia machista. La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que ratificó el fallo de un juzgado de lo penal, le impuso un año de cárcel por un “delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones” contra su expareja, a la que provocó “un quebranto psicológico”, según ese fallo judicial.

En diciembre de 2022, cuando se conoció esa condena, Flores, en un comunicado, dijo “rechazar todo intento de utilización con fines partidistas de unos hechos acontecidos hace ya dos décadas en la esfera privada y enteramente carentes de relevancia política”. Fue sin embargo una decisión política —empujada por la sociedad— que la violencia machista saliera de esa esfera y se convirtiera en uno de los ejes de la acción política y legislativa a principios de este siglo, cuando por primera vez en España se conceptualizó legalmente y se aprobó una ley integral para intentar acortarla por todos los flancos con la luz verde, y unánime, del Congreso.

La violencia sobre las mujeres es una de las cuestiones que más necesitan de la acción de quienes gobiernan por ser una de las más extendidas en el mundo, de la que la OMS dice que es “omnipresente y devastadora” y la define como “una violación de los derechos humanos y un grave problema de salud pública”. Esa organización estima que una de cada tres mujeres en el mundo la han sufrido (en cualquiera de sus formas) a manos de sus parejas o exparejas.

Pilar Alegría, la ministra de Educación, ha afirmado en rueda de prensa que las palabras de Flores “trasladan muy claramente el desprecio que tiene Vox, la ultraderecha, hacia las mujeres y sus derechos”. “Y lo que me parece más preocupante es que son los socios del PP, son los que gobiernan con el PP en cinco Comunidades Autónomas y más de 130 ayuntamientos. La pregunta que tendría que hacerse el PP es cómo gente que piensa así siga siendo sus socios prioritarios”. También ha respondido Ana Redondo, la ministra de Igualdad, que ha publicado en la red social X: “Para Vox la salud sexual y reproductiva es un eufemismo. Y el aborto lo mismo que el pitido final de un partido. O que la guillotina. No lo digo yo, lo dice su portavoz en el Congreso. Estos son los socios del PP de Feijóo, no permitas que también lo sean en Europa”.

Es precisamente por la situación en Europa que el PSOE había llevado a la comisión esa proposición no de ley, en la que aludía a un “retroceso global, coordinado y financiado en materia de igualdad de género, diversidad y feminismo” por grupos de ultraderecha y ultraconservadores que con “una influencia” que ya ha supuesto “retrocesos en Polonia, Hungría, Malta, Italia, Eslovaquia, Rumania, Croacia e incluso Bélgica”.

Amenazas al Estado de Derecho

Retrocesos que, se lee en ese texto, “representan una clara amenaza para el Estado de Derecho en Europa y afectan a los regímenes democráticos en todo el mundo”, también en España, “dado que los gobiernos autonómicos y municipales de PP y VOX no son una excepción, puesto que ya han propuesto medidas similares a las planteadas en Hungría en Castilla y León (obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal); y el Tribunal Constitucional ya ha tenido que dictar una sentencia por la que impuso a Murcia el deber de indemnizar a una mujer a la que denegó la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo con el argumento de que no había médicos dispuestos a practicar el aborto en sus centros asistenciales”.

Ante esa amenaza a los derechos de las mujeres, el pasado 24 de abril, en ocho ciudades europeas y de forma simultánea, se activaba My Voice, My Choice (Mi Voz, Mi Decisión), un movimiento organizado en 11 países que registró ante la Comisión Europea una iniciativa ciudadana para que el aborto sea libre, seguro, gratuito y accesible, sea cual sea el lugar en el que vivan y la situación económica o administrativa que tengan las mujeres. La cifra calculada por esa organización (formada por entidades de todo el territorio europeo) es que en el continente más de 20 millones de mujeres no tienen garantizada la interrupción voluntaria del embarazo.

Ese mismo día se abrió la recogida de firmas necesarias para que esa iniciativa pueda tener recorrido en el Ejecutivo comunitario: necesitan al menos un millón. Ya superan las 300.000 y esperan tener las restantes antes de las próximas elecciones europeas, el 9 de junio. “Porque esto, evidentemente, es política”, dijo en esa presentación en Madrid la periodista y escritora Cristina Fallarás, una de las coordinadoras en España del movimiento: “El ascenso de la ultraderecha, no solo aquí sino en Estados Unidos y Latinoamérica, nos dan una idea de lo que puede llegar a pasar, eso hace que no actuemos en reacción, sino que estemos esperándoles”.