Un movimiento organizado en 11 países europeos inicia una recogida de firmas para garantizar el acceso al aborto

Los retrocesos comenzaron hace unos años. Primero fue Polonia. Se convirtió en uno de los países con más restricciones en Europa para el aborto cuando, en 2020, el Tribunal Constitucional lo declaró ilegal a excepción de dos supuestos: cuando la vida de la madre corra peligro y si el embarazo es producto de una violación. Luego, Italia, que con la llegada de Giorgia Meloni ha ido incorporando trabas para el ejercicio de ese derecho. Malta ya lleva años siendo el lugar donde las mujeres tienen más difícil poder interrumpir su embarazo. Y en el resto de territorio europeo, donde es un derecho reconocido con mayor o menor amplitud, su acceso tampoco está garantizado para millones de mujeres. 20 millones, según la organización Mi voz, mi decisión, que es también el nombre de la Iniciativa Ciudadana Europea que ha abierto la recogida de firmas este miércoles. Necesitan un millón para que la petición tenga recorrido ante el Ejecutivo comunitario: que el aborto sea libre, seguro, gratuito y accesible, sea cual sea el país en el que vivan y la situación económica o administrativa que tengan.

Este movimiento europeo fue, en inicio, impulsado por organizaciones y coaliciones de ocho países europeos: Eslovenia, Polonia, Francia, Irlanda, España, Croacia, Austria y Finlandia. Fueron quienes registraron la iniciativa ciudadana —un instrumento que permite a la ciudadanía de la Unión solicitar al Ejecutivo europeo que plantee nuevas leyes, programas o actuaciones— ante la Comisión Europea. “A esos, se han sumado además Hungría, Italia y Dinamarca”, ha contabilizado Kika Fumero, exdirectora del Instituto Canario de Igualdad y una de las coordinadoras en España, que también ha explicado por qué “no se puede exigir” a la UE el aborto como “un derecho realmente efectivo en todos los países”, pero sí se puede exigir “para todas las mujeres que están en la Unión Europea”.

Dentro de la Unión Europea, ha añadido Fumero, hay tres tipos de competencias: “Las exclusivas de la UE, otras que forman parte de las competencias compartidas y un tercer tipo, llamadas de apoyo, que son las que corresponden a los estados miembros, a nivel nacional. Los derechos reproductivos forman parte de estas últimas, por eso no podemos exigirlo en todos los países, pero sí para todas las mujeres en Europa, mediante programas de financiación, que sean plurianuales, y que vayan destinados a los países donde es legal y accesible para que aseguren recibir a las mujeres que residan en territorios donde eso no ocurre”.

“Planes como este existen para otras cuestiones en Europa, para que aquellas que no puedan hacerlo en sus países, puedan viajar, interrumpir su embarazo y volver a su país con todas las garantías, y de forma gratuita”, ha ampliado la escritora y periodista Cristina Fallarás, otra de las coordinadoras en España. Fallarás también ha recordado que no son solo países como “Malta, donde hasta mediados del año pasado el aborto tenía hasta tres años de cárcel, y donde ahora está permitido únicamente si está en peligro la vida de la madre”, sino que en aquellos países donde se supone que es accesible y está asentado como derecho, “tampoco es totalmente efectivo”.

“También”, ha añadido Fumero, “para las que no pueden hacerlo porque hay casuísticas restrictivas, como en Polonia; para aquellos lugares donde es legal, pero no gratuito, como en Austria; donde existen dificultades considerables para acceder, como Italia; y para aquellas mujeres que están en un estadio de gestación donde su país ya no permite que puedan interrumpir el embarazo”. En la mayoría de países europeos ese límite es “12 semanas, en España, de 14, en Francia, de 16, y en Países Bajos, de 24″, ha especificado la exdirectora canaria de Igualdad. Y “también en España”, ha recordado, “a veces ese acceso se dificulta y las mujeres tienen que desplazarse”.

En territorio español, lo accesible que sea el aborto depende de la autonomía donde se resida, porque aunque la última reforma legislativa estableció que debe ser en el sistema público donde las mujeres tienen que poder ejercer ese derecho —y el propio sistema tiene que garantizarlo—, aún no sucede. Las listas de objetores que los centros tenían que hacer para reorganizar sus servicios y garantizar que cualquier hospital tuviese profesionales para realizar las interrupciones, aún no han sido realizadas en todo el territorio, entre otras cuestiones.

Es decir, que no ha cambiado nada desde esa última actualización de Ley de Salud Sexual y Reproductiva; según el último informe del Ministerio de Sanidad, con datos de 2022, de las 98.316 interrupciones voluntarias del embarazo que hubo ese año, solo el 17,02% se realizaron en centros públicos. Y hay regiones que todavía no notifican abortos desde sus hospitales, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y Extremadura.

El movimiento ha sido presentado este miércoles, a la misma hora, en diversas ciudades europeas. Aunque tienen un año para la recogida de firmas, según lo que establece la Unión Europea para las Iniciativas Ciudadanas, quieren entregar ese millón que necesitan antes de las elecciones europeas, el próximo 9 de junio. Según han dicho Fumero y Fallarás, “porque se acercan las próximas elecciones europeas, vemos el ascenso de la ultraderecha no solo aquí, en Europa, sino en Estados Unidos y Latinoamérica, y en vista de lo que puede llegar, que no actuemos en reacción, sino que estemos esperándoles para lo que pueda pasar”.