Meloni quiere que las asociaciones antiaborto de Italia entren en las clínicas

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia y líder del ultraderechista Hermanos de Italia, prometió decenas de veces en campaña electoral que no modificaría la ley del aborto. Y esa parte del compromiso podría decirse que la ha cumplido. La estrategia, sin embargo, es socavar ese derecho regulado en la ley 194, aprobada en 1974, a través de distintas iniciativas. Primero fueron las trabas para acceder a la píldora abortiva, luego las propuestas para que las embarazadas deban escuchar el latido del feto o contemplen una ecografía antes de tomar una decisión definitiva. Y ahora, su gobierno acaba de aprobar un paquete de enmiendas para la recepción de los fondos europeos pospandemia en la Cámara de Diputados que incluyen la posibilidad de que las llamadas asociaciones provida ―es decir, antiaborto― puedan entrar en las clínicas donde las mujeres van a informarse o a poner fin a un embarazo.

Meloni, además, quiere usar los fondos europeos destinados a la recuperación pospandemia para financiar el papel de estas asociaciones durante este proceso. Italia es el principal receptor europeo de ese dinero y ahora el gobierno, que está teniendo dificultades en garantizar que no se cometen fraudes en los proyectos que reciben esas subvenciones, pretende usar una parte para su lucha soterrada contra el aborto. El texto de la enmienda, desvelado en Quotidiano Sanità, garantiza a las regiones la posibilidad de utilizar los fondos pospandemia dedicados a la salud para organizar servicios en los centros de consulta que pueden beneficiarse “sin nuevos o mayores cargos para las finanzas públicas”, además de los ya previstos, “también involucrando a sujetos del tercer sector que tengan una experiencia calificada en el apoyo a la maternidad”.

La medida fue aprobada en la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Lorenzo Fontana (La Liga), es un antiabortista declarado. El plan, sin embargo, todavía debe pasar el trámite del Senado, donde la mayoría de gobierno de la derecha también tiene el apoyo suficiente, es tan agresiva que incuso ha pillado algo fuera de juego a los propios protagonistas: las asociaciones antiaborto. Antes de la votación, Jacopo Coghe, portavoz de Pro Vita, la mayor organización antiaborto de Italia, dijo a los medios italianos que el grupo no tenía intención de ingresar a las clínicas de consulta sobre aborto. Sin embargo, afirmó que las clínicas deberían “volver a su función original de ayudar a las mujeres a encontrar alternativas concretas al aborto”. Coghe señaló que la principal “esfera de acción” de Pro Vita era “la concienciación pública y la influencia política con campañas nacionales”. El grupo está detrás de campañas polémicas contra el aborto, incluida una en 2018 que etiquetaba al aborto como “la principal causa de feminicidio”.

Las tasas de acceso al aborto en Italia están entre las más bajas a nivel mundial, según datos del Instituto Superior de Salud, la objeción de conciencia está garantizada por ley ―tiene una media de 63% en toda Italia, según datos de 2021 del Instituto de la Salud― y en algunas regiones no se encuentran médicos no objetores en las instalaciones públicas, como muestra el mapa de Laiga (asociación de voluntariado que opera en apoyo a la libertad de elección de recurrir al aborto). Sucede especialmente en lugares gobernados por Hermanos de Italia, como la región de Las Marcas, convertida en un laboratorio de sus políticas sociales. En esta región, el acceso a la píldora abortiva está más restringido que en el resto.

El portavoz del PD en el Senado, Francesco Boccia, criticó la medida. “Como siempre hace, casi a escondidas, presentando enmiendas al decreto del PNRR [las ayudas pospandemia], la derecha intenta dar otro golpe a la libertad de las mujeres en materia de reproducción y aborto”. “La enmienda presentada establece que las regiones puedan involucrar en los consultorios a asociaciones antiabortistas. En lugar de garantizar a las mujeres servicios, empleo y estabilidad económica, el gobierno elige atacar la libertad de elección y debilitar, con la introducción de figuras pertenecientes a asociaciones sin competencias específicas, lugares fundamentales para la salud de las mujeres”, insistió.

Meloni instauró a su llegada al Palacio Chigi, hace ya 19 meses, un ministerio de Familia al que añadió la coletilla “y natalidad”. La decisión no fue casual y al frente colocó a Eugenia Rocella, una ferviente antiabortista hija, paradójicamente, de uno de los fundadores del Partido Radical (que construyó su ideario en torno al derecho al aborto). Rocella es una enemiga declarada del testamento vital, de la fecundación in vitro con donación de óvulos, de la píldora abortiva Ru-486, de las familias homosexuales, de los derechos LGTBI, de la ley del divorcio exprés o de la eutanasia.

Rocella, hoy exponente del ala integrista católica de las asociaciones antiabortistas, afronta todas estas cuestiones con la fiebre del converso. En los años setenta fue una gran feminista del movimiento de liberación de la mujer y firmó un panfleto a favor del aborto. Pero en los ochenta se distanció de aquello y aseguró que llevaba “a la destrucción del individuo”.

La derecha y las propias asociaciones esgrimen que la ley 194 ya preveía en su artículo 2 la participación de las asociaciones, ONG y voluntariado en dichos procesos. Sin embargo, la norma se refería a “la colaboración voluntaria de formaciones sociales de base adecuadas y de asociaciones de voluntariado, que también pueden ayudar en casos de maternidad difícil después del nacimiento”. La secretaria general del PD, Elly Schlien, anunció que su partido se opondrá frontalmente a esta medida. “Estamos presenciando un fuerte ataque a la libertad de las mujeres para elegir sobre sus propios cuerpos. Lo esperábamos de esta derecha que, donde quiera que gobierne, intenta socavar la implementación de la ley 194 y restringir el derecho de las mujeres que buscan acceder a una interrupción voluntaria del embarazo”.