Proteger el derecho al aborto

Mientras Francia ha incluido el derecho al aborto en su Constitución, elevándolo a rango de libertad fundamental y enviando así una poderosa señal a todas las mujeres de la Unión Europea y del mundo entero, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, líder de la formación ultraderechista Hermanos de Italia, ha aprobado esta semana un paquete de medidas que incluye la posibilidad de que las asociaciones antiabortistas accedan a las clínicas donde las mujeres van a informarse o a poner fin a su embarazo.

La estrategia del Gobierno italiano ilustra bien una guerra ideológica, cada vez menos soterrada, en la que la extrema derecha convierte las libertades de las mujeres en el comodín de un proyecto reaccionario más amplio: la defensa y promoción de una Europa limitadora de los derechos individuales, regresiva y excluyente. Conviene especialmente recordarlo a las puertas de las elecciones al Parlamento Europeo que renovarán en junio la cúpula de poder de la Unión.

Ningún derecho puede darse por sentado, y la iniciativa francesa enseña que incluir en la Constitución la libertad de recurrir al aborto sirve para proteger a las mujeres de lo que puede suceder en caso de alterarse los equilibrios políticos en asuntos que deberían quedar fuera de la contienda partidista.

Meloni no ha tardado en confirmarlo por la vía de los hechos, pero también se vio en Estados Unidos con la revocación por parte de la Corte Suprema en junio de 2022 del fallo Roe contra Wade que en 1973 dio rango federal a la libre interrupción del embarazo: un tercio de las estadounidenses en edad de quedarse embarazadas vive hoy en un Estado que prohíbe el aborto.

La realidad europea no es menos inquietante. Mientras en Malta el aborto está directamente prohibido y en Polonia solo se permite en caso de malformación del feto, violación o peligro para la madre, Hungría impone a las mujeres la aberrante práctica de obligarlas a escuchar el latido del feto, algo que Vox pretendía implantar en Castilla y León, donde gobierna junto al Partido Popular desde las elecciones de mayo de 2023.

Aunque las fuerzas de ultraderecha no se atrevan aún a prohibir abiertamente las libertades que las mujeres han ido conquistando generación tras generación, la agenda reaccionaria consiste en poner cada vez más trabas para coartar la plena autonomía de las mismas sobre sus cuerpos. Meloni llegó al poder con la promesa de que no modificaría la ley del aborto, pero no necesita hacerlo si puede, como ha hecho, poner trabas para acceder a la píldora abortiva o implementar medidas que intimiden a las mujeres que libremente decidan abortar, autorizando incluso la distribución de información falsa. Utilizar un lenguaje de otro tiempo para hablar del “orden natural de las cosas” y usar los derechos cívicos como arma ideológica es el primer paso hacia un modelo autoritario de moral.

El contraste entre los ejemplos francés e italiano debe servir para impulsar una agenda internacional que blinde los derechos de las mujeres y contrarreste el empuje coordinado de grupos reaccionarios que operan, ellos sí, globalmente. La Unión Europea debe proporcionar los instrumentos necesarios para que esa protección sea efectiva y alcance a todas las ciudadanas de la Unión. En dos meses, las elecciones a la Eurocámara demostrarán todo lo que nos jugamos.