Dos propuestas legislativas abren otra brecha entre los partidos del Gobierno

El Gobierno llegaba vitaminado al pleno del Congreso de esta semana tras haber obtenido de ERC y Junts gestos que parecen afianzar el futuro de la legislatura. Pero no tardó en comprobar que, pese a todo, nada resulta fácil en el actual rompecabezas parlamentario. Nunca en los últimos 15 meses, desde la investidura de Pedro Sánchez, se había visto tan solo al PSOE, abandonado por sus socios de Gobierno y la mayoría de sus aliados parlamentarios en dos propuestas legislativas. La consecuencia más directa fue el fracaso del segundo intento de abordar la reforma de la ley del Suelo que desde hace tiempo reclaman ayuntamientos y sector inmobiliario.

La ley del suelo ya había provocado en mayo un embarazoso episodio para el Gobierno, que se vio obligado a retirar la propuesta de modificación antes de su debate en el Congreso ante la evidencia de que sería derrotada. A pesar de que se trataba de un proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, Sumar anunció que votaría en contra por considerar que allanaba el terreno a la “especulación urbanística”, una postura compartida por toda la izquierda soberanista. Y el PP, aunque sus propios alcaldes venían reclamando la reforma, puso por delante el interés de desgastar al Gobierno y anticipó también su rechazo.

Esta vez el PSOE se protegió ante el temor a un nuevo revés. El texto sometido a pleno había sido registrado por los socialistas y el PNV en mayo, poco después del anterior intento fallido y prácticamente calcaba el elaborado en su día por el Gobierno. Pero el PSOE dejó que el Grupo Vasco lo presentase en solitario ante el pleno. El resultado volvió a ser el mismo patinazo.

La reforma perseguía evitar que un planeamiento urbanístico sea anulado en su totalidad cuando los tribunales certifiquen algún defecto subsanable en su tramitación. Según los impulsores de la iniciativa, eso ha provocado que un centenar de municipios tengan paralizados sus planes de ordenación. En una de las disposiciones más criticadas por la izquierda, la modificación legal también pretende limitar la acción popular para impugnar actuaciones urbanísticas.

Ante la evidencia de que Sumar, ERC y EH Bildu mantendrían su rechazo, la diputada del PNV Maribel Vaquero se dirigió al PP, que ya antes del pleno, por boca de su portavoz, Miguel Tellado, había insinuado un posible rechazo. El pretexto de Tellado era que el PP ya ha presentado su propia ley para ser debatida en el Senado. Vaquero le recordó que, aunque ese texto del PP es más amplio —incluye medidas contra lo que llama “inquiocupación” y para derogar las disposiciones de la ley de vivienda que permiten a las comunidades autónomas limitar en determinadas zonas los precios del alquiler—, en lo demás contiene “párrafos idénticos” a la propuesta del Grupo Vasco. Y subrayó que simplemente se estaba debatiendo la tramitación del proyecto, al que luego los grupos podrían presentar sus enmiendas.

La diputada nacionalista emplazó a los populares a abandonar el “oportunismo político” y la “demagogia”. Por ahí percutió también la socialista Rafaela Romero: “No dejen tirada a la FEMP [Federación Española de Municipios y Provincias] que ustedes presiden y que lleva mucho tiempo reclamando esta modificación legal”. Pero los populares se mantuvieron firmes. Esgrimieron que el texto “se queda corto” y aprovecharon para pregonar que la coalición de gobierno vive en “colisión permanente”. “No culpen del fracaso al PP sino a todos sus socios”, manifestó el diputado Miguel Ángel Sastre.

También Junts votó en contra, en su caso por entender que el texto suscrito por los nacionalistas vascos invadía competencias exclusivas de Cataluña. PSOE y PNV se quedaron solos con los únicos diputados de Coalición Canaria (CC) y UPN. Para completar el extraño cuadro, Vox no se sumó esta vez al frente del no y optó por abstenerse.

Más solo todavía se quedó el PSOE ante la proposición de ley de Sumar para facilitar conceder la nacionalidad a los nacidos durante el periodo de administración española del Sáhara Occidental. Los socialistas fueron los únicos que votaron en contra de su toma en consideración. Ni siquiera lo hizo Vox, que también se abstuvo. El resto, del PP a la izquierda soberanista pasando por Junts, PNV, CC y UPN, respaldó una iniciativa que, de culminar en una ley, otorgaría el pasaporte español a entre 180.000 y 200.000 nacidos en el territorio ahora ocupado por Marruecos.

La propuesta fue presentada con un derroche de pasión por la única diputada de origen saharaui —y también una de las más jóvenes, con 31 años— Tesh Sidi, de Sumar. Ataviada con una diadema tradicional de su tierra natal y un colorista vestido palestino, Sidi subió a la tribuna de oradores provista de su viejo pasaporte marroquí, del actual español y de una gran fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social de su padre, trabajador en las minas que explotaba el antiguo régimen colonial. Relató su larga espera para obtener la nacionalidad desde que hace 20 años llegó a España como una niña de acogida y su pánico a perder el permiso de residencia. Intuyendo que el PSOE no iba a apoyar, Sidi recordó que los socialistas ya bloquearon otra propuesta similar en la anterior legislatura y les dirigió una incómoda pregunta: “¿Qué les hemos hecho los saharauis para que constantemente intenten borrarnos de su memoria?”. “Si ya no tuviese claro mi voto favorable, la intervención de Tesh habría bastado para convencerme”, dijo minutos después una conmovida Cristina Valido, de CC.

Por la tribuna fueron desfilando Néstor Rego (BNG), Martina Velarde (Podemos), Maribel Vaquero (PNV), Jon Iñarritu (EH Bildu), Josep Pagès (Junts), Jordi Salvador (ERC) y Carmelo Barrio (PP), con un argumento casi unánime: España tiene una “deuda histórica” con los saharauis. El socialista Sergio Gutiérrez, en un tono bajo que delataba su incómoda situación, apeló a diferencias jurídicas sobre el método para conceder la nacionalidad de forma automática. Y también apuntó que se dejaría a merced de una “organización privada” —en alusión al Frente Polisario— el censo de los que podrían solicitar el pasaporte. José María Sánchez, de Vox, se dedicó a defender el modo en que el régimen franquista permitió en sus estertores que Marruecos se apropiase del territorio. Pero ni la extrema derecha votó en contra.