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El Congreso debate reducir el tiempo mínimo de residencia en España de los saharauis para obtener la nacionalidad

La propuesta, registrada por Sumar, rebaja de diez a dos años la estancia para los nacidos bajo la Administración española del territorio y a cinco años para sus descendientes

Una de las personas que apoya a los saharauis retenidos con una bandera del 'Sáhara Libre', en la Terminal T-1 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.
Una de las personas que apoya a los saharauis retenidos con una bandera del 'Sáhara Libre', en la Terminal T-1 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
Álvaro Ruiz

El Congreso de los Diputados debate este martes la proposición de ley que busca facilitar la adquisición de la nacionalidad española para aquellos saharauis nacidos cuando el territorio estaba administrado por España. La propuesta fue registrada por Sumar y busca reducir los años resididos en el país necesarios para adquirir la ciudadanía de diez a dos. El texto remarca los “lazos históricos y lingüísticos” del pueblo saharaui con España. El PSOE, que este lunes no aclaraba aún el sentido de su voto, ya rechazó en 2023 la toma en consideración de una iniciativa similar impulsada por su socio de Gobierno entonces, Unidas Podemos.

El 26 de febrero de 1976, España salió definitivamente del Sáhara Occidental y dio un plazo de un año para que los saharauis que cumplieran ciertas condiciones adquiriesen la nacionalidad. La proposición de ley denuncia que la ejecución de este trámite fue “imposible”, ya que la Administración española ya había abandonado el territorio. La ley pretende continuar con este proceso y, para ello, se ampliaría el tipo de documentación que pueden presentar para acreditar que nacieron durante la administración española del Sáhara: DNI español (aunque esté caducado), certificado de inscripción en el censo español de 1974 o documentos que acrediten la condición de funcionario de la administración española, entre otros.

Por ello, Sumar propone incluir al pueblo saharaui en el artículo 22 del Código Civil, que reconoce que “los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Guinea Ecuatorial, Filipinas, Portugal o sefardíes” puedan acceder a la ciudadanía en un plazo de dos años. Esto supondría que los hijos de saharauis nacionalizados puedan pedir la nacionalidad a los cinco años, y no a los diez, como ocurre actualmente.

Tesh Sidi, diputada hispanosaharaui de Sumar y una de las redactoras de la proposición de ley, considera que el “núcleo más interesante de la ley” reside en los beneficios para los hijos de los nacionalizados. Cifra en 15.000 las familias con hijos saharauis en España, pero afirma que la norma afectaría a “casi todos” los ciudadanos provenientes del Sáhara Occidental. Esto se debe a que muchos de los ciudadanos que residían en el territorio cuando formaba parte de España aún viven. Además, explica que muchos de los descendientes de los que ya han fallecido disponen de la documentación que acredita que su familiar había sido español.

La diputada también enfatiza la necesidad de “equiparar los derechos migratorios” con respecto a las nacionalidades que ya reconoce el Código Civil. Denuncia que los derechos de los saharauis no son iguales que los de “cualquier otro migrante que se beneficia de los lazos históricos”, lo que les genera un “agravio”. También alude a una cuestión de “memoria restaurativa” para los saharauis que trabajaron y cotizaron para España.

La proposición de ley subraya las “actividades tendentes a reforzar los lazos históricos con el pueblo saharaui (...) seguidas por gobiernos de distinto signo”. Fuentes de Sumar destacan esta “sensibilidad” de la población española con el asunto y confían en que las derechas apoyarán la medida. La portavoz de Podemos María Teresa Pérez ha deslizado que votarán a favor en una rueda de prensa este lunes: “Tenemos una deuda histórica con el Sáhara Occidental. Lo debatiremos en el seno del grupo parlamentario, pero la posición se mantiene”. Estas palabras llegan pocos días después de que el Gobierno marroquí, que administra la zona, impidiese a una comitiva de eurodiputados —en la que se encontraba Isa Serra de Podemos— tocar suelo saharaui.

Los saharauis son la mayoría de los apátridas

El informe European Network on Statelessness, publicado en octubre de 2024 por varias organizaciones internacionales especializadas en migración, cifraba en 6.858 apátridas en España en 2022. Según el INE, en el año 2023 hubo 1.118 solicitudes del estatuto de apátrida en España, de los cuales 1.080 (el 96%) fueron saharauis. Tesh Sidi reitera que la aprobación de la proposición de ley permitiría que los saharauis que se encuentran en estado de apatridia en España pudieran acceder a la nacionalidad.

Fuentes jurídicas reconocen que el problema con los saharauis es que “no hay ningún estado que les reconozca la nacionalidad” y habla de un “desamparo normativo”. Por lo tanto, cuando llegan a España, no disponen de documentación que acredite la nacionalidad en un país con reconocimiento internacional. El estatuto de apátrida les “reconoce una protección y les da acceso a los servicios públicos”, explican. Con todo, afirma que España “es uno de los países con la legislación más avanzada en materia de apatridia”, ya que se concede la nacionalidad a los hijos de apátridas.

Los saharauis que piden la apatridia se enfrentan a problemas muy similares que otros refugiados y migrantes al solicitar asilo. Las mismas fuentes mencionan “el colapso de la administración”, pero también falta de citas o silencio administrativo. Tesh Sidi publicó el pasado jueves un hilo en X donde relató su camino para conseguir la nacionalidad española. En 2021, tras casi 20 años, Sidi consiguió oficialmente la ciudadanía española.

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