Los saharauis buscan ser apátridas en España

Brahim Chagaf es un cineasta de 29 años que ha dirigido una película con 100 euros de presupuesto. Pero esta no es la única peculiaridad que lo caracteriza: es un apátrida. Como él, otros cientos de saharauis han conseguido oficialmente este estatuto en España en los últimos años: en 2015, más de 1.000 peticiones se resolvieron de manera favorable, la cifra más alta registrada y tres veces superior a la del año anterior.

“Si nuestra historia no se ha escrito, que por lo menos se pueda ver”, dice Brahim, quien no quiere dedicarse al cine solo por vocación. Quiere hacer visible la causa de su pueblo, que lleva más de 40 años dividido entre los territorios ocupados por Marruecos y los campamentos de refugiados de Argelia. “Sin identidad se acaba por dejar de existir”, afirma sentado en la cama de su cuarto en uno de los colegios mayores de la zona universitaria de Madrid, donde llegó hace un año para estudiar cine. En un viaje anterior a la península había solicitado el reconocimiento del estatuto de apátrida, un trámite cuyas peticiones se han multiplicado por 30 entre 2006 y 2015.

“Este repunte se dio porque se ganó un procedimiento judicial que reconocía en determinados casos el estatuto de apátrida a la población saharauis”, explica Anna Figueres, abogada en la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR), entidad española miembro de la Red Europea de Apatridia (European Network on Statelessness, en inglés). De las 34 solicitudes presentadas en 2006 se pasó a las 1.151 en 2015, la casi totalidad de ellas presentadas por saharauis, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior. 

En el mundo hay al menos 10 millones de apátridas, según ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, una cifra que se corresponde a un cuarto de la población española. Una persona se considera apátrida, según la normativa internacional, cuando ningún país le reconoce como su ciudadano. En el caso de los saharauis sí existe un Estado que les otorga un DNI y un pasaporte. Pero este Estado, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), solo está reconocida por algunos países de África, Latinoamérica y Medio Oriente.

“Fue muy duro tomar la decisión de pedir el estatuto”, admite Brahim, quien nació en el campamento de Dajla y se quedó huérfano de padre cuando era un niño a causa de la guerra. “Pero me hacía falta una documentación para viajar y seguir aprendiendo", dice mientras enseña su pasaporte verde donde en la casilla de nacionalidad se lee “apátrida”. Con este documento, válido cinco años y renovable, puede residir en España y viajar libremente dentro de Europa y, con visado, a los demás países. “Me convencí de que solo es una herramienta, que va a ser temporal”.

La población saharaui sigue a la espera de celebrar bajo la égida de la ONU un referéndum de autodeterminación que nunca llega. El conflicto estalló después de que España, potencia colonizadora, se retirara del Sahara Occidental en 1976 y Marruecos y Mauritania se repartieran la zona, la gran parte de ella bajo el control del reino alauita. El Frente Polisario declaró entonces su independencia y la población saharaui está hoy repartida entre los territorios ocupados por un lado y la "zona liberada" y los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, por otro.

La habitación de Brahim es pequeña y de paredes blancas. Al fondo, cerca de la ventana, está colgado un póster de la película Cinema Paradiso. "Aquí suelo tener la bandera saharaui", dice señalando con la mano la pared al lado de su cama, "pero ahora no está porque ayer la llevé a la emisión de la película".

Habla de Patria dividida, el primer largometraje rodado por un equipo enteramente saharaui. Estrenada en 2013 y grabada con una cámara y un micrófono atado a un palo de escoba, se filmó en los campamentos de refugiados de Tinduf. “En Marruecos cuentan que en los campamentos vivimos secuestrados y es falso; queríamos hacernos escuchar a través de este medio que no tiene barreras para evitar que nuestra causa caiga en el olvido", explica Brahim.

El largometraje habla de un joven saharaui perseguido por soldados marroquíes y obligado a cruzar el “muro de la vergüenza”, un perímetro de casi 3.000 kilómetros rodeado por siete millones de minas que separa las zonas liberadas de los territorios ocupados. Sidi Talebbuia, presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, explica que el Estado español concede el estatuto de apátrida solo a los saharauis que viven en los campamentos. "Y solo después de las sentencias de la Audiencia Nacional y del Supremo", confirma. “Antes el Ministerio alegaba que tenían la nacionalidad argelina porque Argelia les otorga un pasaporte, que en realidad es un simple título de viaje que no concede la nacionalidad”.

En 2004, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara empezó a organizar de la mano del Ministerio de Cultura saharaui un festival de cine en los campamentos de Tinduf, el Fisahara. A raíz de esta iniciativa nació la escuela de cine donde Brahim fue antes alumno y después profesor. Desde este viernes hasta el uno de junio se estrena en la capital Le Yuad, el segundo largometraje codirigido por Brahim.