La privatización de la sanidad sigue avanzando, con Madrid y Baleares a la cabeza

Casi cualquier indicador sanitario muestra cómo la asistencia privada va comiendo terreno a la pública. Es una tendencia que comenzó a principios de este siglo y que tomó fuerza tras la pandemia, con la saturación de la Atención Primaria y unas listas de espera cada vez más abultadas en el Sistema Nacional de Salud. Madrid y Baleares están a la cabeza de esta privatización, según un informe presentado este miércoles por la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Madrid lleva una década (desde que se hace el informe) encabezando la lista. En el segundo puesto se ha colado este año Baleares, superando a Cataluña, que solía ostentarlo, seguida por Andalucía. Las autonomías con menor grado de privatización son, por este orden, Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha.

“Los recortes y el deterioro de la sanidad pública han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización”, reza el informe, que incide en que el aumento de la provisión y del aseguramiento privado “va unido a una mayor desigualdad y a exclusiones porque solo acceden a estas fórmulas las personas con más recursos.

Para medirlo, la FADSP pondera 10 indicadores objetivos y públicos: el porcentaje de funcionarios cubiertos por mutuas que eligen la atención en seguros privados, el gasto sanitario per cápita pólizas, el gasto sanitario de bolsillo per cápita, el porcentaje del gasto dedicado a concertación con centros privados, la porción de camas hospitalarias privadas, el de equipamiento de alta tecnología en hospitales privados, el número de consultas a especialistas del sector sanitario privado por 1.000 habitantes, el porcentaje de personas que han acudido al médico general privado en el último año, la presencia de modelos de colaboración público-privada y la existencia de dedicación exclusiva.

A cada uno de estos capítulos, la FDASP asigna un valor que da como resultado una clasificación, con un máximo de 34 puntos. La media en España es de 21,58. Además de las cuatro comunidades a la cabeza, Aragón, Valencia, Asturias, Canarias y Murcia superan esa puntuación; todas las demás, están por debajo.

Con respecto al informe del año pasado, los principales movimientos son el de Cantabria que aumenta seis puestos, Murcia y Aragón (cuatro), Asturias (tres), Andalucía y Valencia que aumentan (dos) y Baleares y País Vasco (que suben uno). “Es importante tener en cuenta que la privatización ha aumentado en todas las comunidades, lo que se evidencia con el aumento de la puntuación media de 1,4 puntos, y, por lo tanto, el resultado y los movimientos en la clasificación solo recogen la mayor o menor intensidad que ha alcanzado en cada una”, señala el documento.

La Federación cita un estudio en Reino Unido realizado a lo largo de seis años (2014-2020), que concluye que la subcontratación de servicios a proveedores privados con fines de lucro está asociada con un aumento significativo en las tasas de mortalidad tratable, lo cual podría indicar un deterioro en la calidad de los servicios de atención médica.