Las autonomías se lanzan a limitar el uso del móvil en las aulas

Murcia ha sido la última autonomía en sumarse a la regulación de los móviles en los centros educativos y desde el pasado lunes está prohibido su uso en horario lectivo, excepto para fines estrictamente didácticos. La región se suma así a otras que ya lo regularon hace años, como Castilla-La Mancha (que fue pionera en 2014), Galicia (2015) y Madrid (2020). Desde el pasado noviembre, cuando Cataluña anunció que se planteaba una regulación y para ello había encargado un informe a la Sociedad Catalana de Pediatría, diferentes autonomías se han lanzado a limitar el uso. Andalucía fue la primera, y esta misma semana Asturias y Baleares han anunciado que ya tienen un borrador y que la medida podría empezar a aplicarse el próximo febrero.

En pleno debate sobre la pertinencia de llevar el móvil a la escuela, el Ministerio de Educación propuso el pasado 13 de diciembre a las comunidades restringir el uso en primaria, donde el veto sería completo, y en secundaria, donde solo se permitiría “cuando así lo establezca el profesor porque su proyecto pedagógico lo requiera”. El impacto del uso personal del móvil en el rendimiento académico y su empleo para grabar vídeos o lanzar mensajes en redes sociales para hacer bullying a algún compañero han llevado a uno de cada cuatro países a aprobar leyes o decretos para prohibir su uso en las aulas, señala el último informe GEM 2023 de la Unesco. La ministra de Educación, Pilar Alegría, emplazó a las autonomías a volver a reunirse a finales de enero para “buscar una solución consensuada”, aunque precisó que la mayoría de territorios “ya tienen su hoja de ruta y sus planes de trabajo”.

Castilla-La Mancha y Galicia fueron las primeras autonomías en prohibir el uso personal del móvil en las aulas ―en 2014 y 2015, respectivamente―, y en 2020 les siguió la Comunidad de Madrid, que amplió la restricción también a los recreos y justificó la medida en diferentes investigaciones, como un estudio de la Universidad de Chicago que mostraba cómo los móviles incluso apagados reducen la concentración, o un trabajo financiado por la Comisión Europea que alertaba de que el 21,3% de los adolescentes españoles presentaba indicios de adicción a la tecnología. Las normativas de las tres regiones dan un margen de autonomía a los centros para permitir el uso de forma “excepcional” y con fines pedagógicos.

¿Cuál es la diferencia entre las comunidades que lo regulan y las que no? Judith Fernández, directora general de Ordenación e Innovación Educativa de la Xunta de Galicia, lo tiene muy claro: “Donde sí está regulado, los centros cuentan con el soporte legal de la consejería, porque hay un grueso importante de familias que están en contra de la prohibición, y los equipos directivos se encuentran en situaciones muy difíciles... con una normativa externa al centro las familias reaccionan y lo entienden de otra manera”. A su juicio, los centros de las regiones en las que no está regulado “están desamparados”. “En Galicia podemos estar seguros de que en ningún centro se permite a los alumnos hablar por WhatsApp durante una clase porque así lo establece la normativa, además evitamos el enfrentamiento con las familias y el ‘tu palabra contra la mía”.

Según la encuesta Sociedad de la Información en los centros. Curso 2020-2021 del Ministerio de Educación, de carácter bienal, el 50,6% de los centros en España permite a los alumnos de la ESO el uso del móvil con fines pedagógicos, y el 57,3% lo hace con estudiantes de bachillerato, mientras que en alumnado de FP básica está en el 50,7%, en el de grado medio en el 60,7% y en el de grado superior en el 63,3%. Por autonomías, los mayores porcentajes se observan en Extremadura, Castilla y León y Cataluña.

Regiones como Canarias, Aragón, Cantabria, Navarra o País Vasco ―que fue la única autonomía que inicialmente se opuso al planteamiento del ministerio― confirman a este periódico que están estudiando la cuestión con la comunidad educativa y que esperarán a la reunión con Pilar Alegría para adoptar una resolución.

Móviles apagados

Murcia ha dado un paso más que el resto de regiones que han regulado y establece en su normativa (que se aplica en todas las etapas educativas, desde infantil a bachillerato) que los dispositivos deberán permanecer “inactivos”. “La tenencia de móviles en el aula no tiene encaje jurídico, no podemos regularlo, pero sí podemos establecer que permanezcan apagados”, explica el consejero de Educación, Víctor Marín, que señala que han adoptado esta medida tras constatar la distracción que supone para los estudiantes―el tiempo medio que tarda un alumno en recuperar la atención después de recibir una notificación ronda los 20 minutos, según el informe GEM 2023 de la Unesco―. Además, el 20% de las faltas graves cometidas por alumnos de bachillerato y de formación profesional se corresponden con un uso inadecuado de los móviles.

“La nueva orden ha supuesto un respaldo normativo y refuerza la figura de autoridad del docente”, indica Marín. En la mayoría de los casos, las familias defienden que sus hijos lleven el móvil al centro para tener un control de los desplazamientos, ya que muchos estudiantes acuden en transporte público. En paralelo, Murcia ha creado un grupo de 30 expertos que analizarán el uso pedagógico de los dispositivos digitales en comparación con los tradicionales libros de texto, su relación con el éxito educativo, y otras cuestiones como la influencia de los dispositivos en el rendimiento escolar o la salud mental.

Ninguna de las autonomías se plantea la prohibición total porque entienden que la formación sobre el uso responsable de las tecnologías también debe recaer en el profesorado. “Los extremos no son buenos, y sabemos que obligar a que los chicos se deshagan del móvil para ir al instituto no es natural, el mayor problema son las redes sociales, que nos superan a todos, y tenemos que trabajar el tema de los límites con los adolescentes”, apunta Judith Fernández, de la Xunta.

Esteban Álvarez, exdirector de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad) y director de un instituto público de Soto del Real (Madrid) durante 18 años ―ahora es portavoz de Educación en el grupo socialista de la Asamblea de Madrid―, considera que la prohibición total es inviable porque los profesores no tienen autoridad para cachear a los alumnos. “Casi el 100% de los estudiantes de secundaria tienen móvil y las familias quieren estar conectadas para controlar sus horarios y por una cuestión de tranquilidad, muchos chavales tienen activa la geolocalización”, explica Álvarez, que cuenta que las familias cada año al arrancar el curso le pedían que no fuesen muy duros con la restricción.