El Gobierno propone restringir el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha propuesto este miércoles a las comunidades autónomas restringir el uso del teléfono móvil en los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, aunque con diferente intensidad. Mientras que en primaria ―una etapa en la que el móvil no supone un problema, porque la mayoría de las familias empiezan a comprárselo a sus hijos al pasar a la secundaria, con 11 o 12 años―, el veto sería completo, en secundaria se dejaría abierto al proyecto educativo de cada centro. La propuesta de Alegría, que incluirá un proceso de consulta con expertos, ha sido bien recibida por los responsables autonómicos de Educación, con quien la ministra se ha reunido en la Conferencia Sectorial de Educación.

“Cada vez más hay una mayor preocupación en las familias, el mundo educativo y la sociedad en general por la utilización de los dispositivos móviles, especialmente, durante el horario lectivo”, ha declarado la ministra al término del encuentro, “y desde el Gobierno de España y el Ministerio de Educación queremos darle una respuesta”. La propuesta inicial de Alegría consiste en que los móviles no se utilicen en los colegios de infantil y primaria, y que en secundaria solo se utilicen en clase “cuando así lo establezca el profesor porque su proyecto pedagógico lo requiera”. La responsable de Educación ha indicado que esa será la única excepción en secundaria ―fuentes del ministerio la han completado señalando que el planteamiento parte de respetar el proyecto educativo de cada centro, entre los hay que contemplan expresamente el uso de los móviles en el aula―, y ha dicho que por tanto quedaría excluido su uso durante los recreos.

La ministra ha dicho que tiene la intención de llevar el debate al Consejo Escolar del Estado, del que forman parte representantes del profesorado, las familias y los estudiantes. Y de sentarse con las comunidades autónomas “los primeros días de enero” para “buscar una solución consensuada y acordada por parte de todos”. La mayoría de los territorios, ha proseguido, “ya tienen su hoja de ruta y sus planes de trabajo” sobre la cuestión.

El ministerio, por su parte, también ha abordado la cuestión con organizaciones como Save the Children o la Fundación Anar, que, ha dicho Alegría, han publicado informes al respecto. La primera entidad publicó hace unos años un alarmante documento sobre la edad cada vez más temprana en que niños y adolescentes empezaban a ver porno en los dispositivos digitales, mientras que la Fundación Anar ha advertido sobre el aumento de los casos de acoso escolar a través de los móviles.

Opiniones diferentes

El uso de los móviles por parte de los menores no solo genera preocupación en la comunidad educativa, sino también opiniones diferentes. Una parte de las familias y del profesorado advierten que excluir los teléfonos de los centros educativos, sobre todo en secundaria, sería un error porque estos deben justamente ayudar a los chavales a usar bien y a sacar provecho educativo a una herramienta que se ha vuelto prácticamente ubicua en la sociedad. La incorporación de competencias digitales ocupa, de hecho, un lugar destacado en los currículos educativos.

El ministerio ha parecido tener en cuenta dicha postura al destacar, en el comunicado que ha enviado tras la reunión, su compromiso por “seguir trabajando en la formación digital de docentes y alumnos para lograr un uso correcto y saludable de los dispositivos móviles, y el conocimiento de los riesgos y beneficios del mismo”. “Es nuestra obligación”, ha dicho Alegría, “lograr que los menores de edad puedan tener una relación sana y saludable con los medios tecnológicos”.

Las cuestiones de régimen y organización escolar son en gran medida competencia de las comunidades autónomas. Y el aumento de la preocupación y el debate público sobre el uso del móvil entre los niños y adolescentes ―que, por otra parte, excede el de su utilización en los centros educativos― ha atropellado a la mayor parte de comunidades autónomas. Según un reciente recuento realizado por EL PAÍS, solo tres autonomías, Castilla La-Mancha, Galicia y la Comunidad de Madrid, han regulado expresamente su uso, optando por normativas que prohíben el uso personal y recreativo de los aparatos en los centros, aunque permiten que, si así lo decide el centro, pueda utilizarse en clase con fines pedagógicos. Otras autonomías preparan normativas parecidas. El Consejo Escolar de Cataluña ha pedido esta semana a la Generalitat que restrinja su uso en los centros educativos por parte de los estudiantes hasta los 16 años, cuando acaba la educación obligatoria, o al menos hasta los 14. Y la consejera de Educación de Asturias, la socialista Lydia Espina, ha destacado este miércoles después de la Conferencia Sectorial, la importancia de llegar a un acuerdo al respecto. Mientras en primaria el uso del móvil es residual, ha dicho Espina, “en Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas Artísticas debe ser una herramienta que se utilice a criterio del profesorado con fines pedagógicos para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje”.

Más plazas de FP e infantil

En la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, el ministerio también ha detallado el reparto de 330 millones de euros entre las comunidades autónomas para varios de los programas de cooperación territorial que tiene en marcha. Las dos partidas principales se destinarán a la creación de 76.479 nuevas plazas de Formación Profesional, una línea dotada 143 millones de euros; y a la apertura de 21.794 plazas públicas y gratuitas en el primer ciclo de Educación Infantil, que abarca de los 0 a los 3 años. La inyección sostenida de fondos en ambas etapas por parte del Gobierno desde la anterior legislatura ha sido clave para que ambas hayan crecido mucho en los últimos años.

En FP, el ministerio prevé (la cifra oficial no se publicará hasta el verano) que este curso se alcance la cifra de 1.132.364 alumnos matriculados (en el curso 2018-2019 se estimaba en 824.612), mientras que en el primer ciclo de infantil espera, pese al desplome de la natalidad de los últimos años, que haya 490.308 niños (470.557 en el curso 2018-2019).

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