El Consejo Escolar de Cataluña pide restringir el uso del móvil en la ESO

Es necesario restringir el uso de los teléfonos móviles en la secundaria, ya sea hasta los 14 o incluso los 16 años. Es una de las conclusiones que recoge la propuesta de informe del Consejo Escolar de Cataluña -el máximo órgano consultivo, formado por docentes, familias y Administración- y que aprobará este martes en sesión plenaria, antes de enviarlo al Departamento de Educación para que este haga su normativa. El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, pide además que el Departamento elabore una regulación clara y común a los centros, pero a la vez que se adapte a las diferentes etapas educativas, de modo que se prohíban los teléfonos en primaria, en secundario estén restringidos, pero se permitan en la posobligatoria.

Este curso el debate sobre el uso de los móviles en los centros educativos ha aflorado con fuerza y se ha generado una oleada restrictiva durante el horario lectivo en que, ante la falta de una normativa, muchos institutos han tomado la iniciativa prohibiendo la presencia de teléfonos. Y paralelamente, un grupo de familias han creado un movimiento, que ha crecido como la espuma, pidiendo que no se regalen teléfonos a los adolescentes antes de los 16 años. Ante este marco, el Departamento se avino a abrir un proceso de debate en el seno del Consejo Escolar, antes de fijar su decisión.

Este proceso se ha traducido en 34 debates territoriales realizados durante estas últimas semanas -incluyendo unos monográficos con alumnos, familias y directores- en el que han participado 684 personas, además de tres informes del propios Consejo de años anteriores, de la Unesco y de otras instituciones. Pero especialmente se ha elaborado a partir del cuestionario de ocho preguntas que debían responder los participantes a estos encuentros y que preguntaba la opinión sobre si la regulación la debía hacer el Departamento o debía depender de los centros o en qué espacios debía estar regulado el uso del móvil, entre otros.

Las conclusiones -que pueden sufrir alguna modificación por enmiendas de última hora durante el pleno- indican que los centros y parte de las familias reclaman al Departamento un “marco general de regulación que sea único y claro” para no crear diferencias entre ellos, pero a la vez también la mayoría de participantes está de acuerdo en dejar cierto margen para que los centros educativos adapten esta normativa general a su realidad.

También coinciden en que “la regulación debe adaptarse a la edad o la etapa educativa”. “En considerar los riesgos para la salud mental, se propone un uso del móvil más restringido en la secundaria, porque en esta edad cuesta más cumplir las normas”, afirma el informe, y añade que “muchos docentes y familias proponen prohibir el móvil en el centro hasta los 16 años”. Otras voces también apoyaron la idea de que, si no es hasta los 16, al menos durante los dos primeros cursos de la ESO, el uso del móvil sea más restrictivo.

Asimismo, la comunidad educativa no cierra la puerta a la tecnología y considera que puede y debe ser un instrumento de aprendizaje, pero eso sí, pide impulsar una educación en cultura digital para prevenir el abuso y alertar de los riesgos que supone. Con todo, pide que se aproveche para también regular el uso del resto de dispositivos digitales.

La normativa también deberá recoger qué uso se permite del móvil en los diferentes espacios, sea en el aula, en pasillos y otros espacios comunes, patio o incluso en las excursiones. Y debe ser de aplicación no solo para los alumnos, sino también para el profesorado. La comunidad educativa también pide que se regule el uso de las imágenes de los alumnos que se hacen y publican desde los centros. Finalmente, las direcciones reclamaron que la normativa ofrezca seguridad jurídica ante decisiones como requisar móviles o imponer sanciones.

El pleno del Consejo Escolar aprobará este martes el informe final en un pleno al que asistirá la consejera de Educación, Anna Simó. El documento será la base de la normativa que el Departamento debe preparar a partir de ahora y que se comprometió enviar a los centros en enero para que estos tengan tiempo de elaborar sus propias regulaciones de cara al próximo curso.

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