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Biden amenaza con intervenir las patentes de los medicamentos con precios muy altos

La Administración avisa de que podría confiscarlas y entregarlas a otro fabricante si se han desarrollado con fondos públicos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este miércoles durante un acto en la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este miércoles durante un acto en la Casa Blanca.JIM LO SCALZO (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emprendido una cruzada para abaratar los costes sanitarios para sus ciudadanos. Impuso un límite al coste mensual de la insulina y aprobó poderes para negociar con las grandes farmacéuticas el precio al que el sistema público de salud les compra los medicamentos. El último paso ha sido el aviso de que su Administración tiene autoridad para confiscar las patentes de fármacos que se hayan beneficiado de ayudas públicas en su desarrollo y conceder licencias a otros fabricantes si los precios son demasiado caros.

La Administración ha presentado este jueves un nuevo marco para que las agencias estadounidenses utilicen los denominados derechos de intervención. El propio Biden ha explicado en qué consiste: “Mi Administración propone que si un medicamento fabricado con fondos de los contribuyentes no está razonablemente al alcance de los estadounidenses, el Gobierno se reserve el derecho de intervenir y conceder la licencia de ese medicamento a otro fabricante que pueda venderlo por menos dinero”, ha tuiteado.

“Se trata de un paso importante para acabar con los precios abusivos de las grandes farmacéuticas. Es bueno para la competencia. Es bueno para nuestra economía. Y es bueno para los millones de estadounidenses que no pueden permitirse sus medicamentos, que conocen demasiado bien esa delgada línea que separa la dignidad de la dependencia que puede trazar el precio de un medicamento de venta con receta”, ha añadido.

El cambio se produce meses después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Comercio anunciaran a principios de este año un esfuerzo por revisar la aplicación de la Ley Bayh Dole, una norma de 1980 que permite a las organizaciones poseer, patentar y vender productos investigados y desarrollados con ayuda de financiación federal.

La autoridad de la Administración para intervenir puede activarse si un producto financiado por los contribuyentes no se pone a disposición del público en “condiciones razonables”, pero hasta ahora no se había utilizado nunca para controlar los precios de los productos farmacéuticos. Algunos legisladores demócratas, entre ellos las senadoras Elizabeth Warren, de Massachusetts, y Amy Klobuchar, de Minnesota, y el representante Lloyd Doggett, de Texas, han presionado en los últimos años al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que sea así.

“Por primera vez en la historia, el elevado precio de ese medicamento financiado por los contribuyentes es un factor para determinar que el fármaco no es accesible al público en condiciones razonables”, dijo la asesora de política interior de Biden, Neera Tanden, en declaraciones recogidas por Associated Press. Al anunciar la medida, la Casa Blanca no ha detallado cómo funcionará el proceso y cómo considerará que un medicamento es lo suficientemente caro para actuar. Tampoco se han identificado por ahora los medicamentos que podrían ser objeto de la medida.

En cambio, las grandes farmacéuticas lo rechazan frontalmente. “Esta sería otra pérdida para los pacientes estadounidenses que dependen de la colaboración entre el sector público y el privado para avanzar en nuevos tratamientos y curas. La Administración nos está devolviendo a una época en la que la investigación gubernamental se quedaba en un estante, sin beneficiar a nadie”, ha tuiteado PhRMA, la patronal de las farmacéuticas. “Estados Unidos es líder mundial en el desarrollo de medicamentos precisamente porque nuestro sistema único permite al sector privado trabajar con el gobierno y los centros de investigación académica en beneficio de los pacientes”, ha añadido.

Las farmacéuticas ya han recurrido contra algunas de las anteriores medidas del Gobierno de Biden para abaratar los precios de los medicamentos. El presidente está usando sus medidas para reducir los precios de algunos productos y para combatir comisiones y tarifas abusivas de las empresas como parte de sus argumentos para la campaña de reelección. Ya utilizó ese mensaje en las elecciones legislativas del pasado año. En sus mítines presume con frecuencia de estar enfrentándose a las grandes farmacéuticas. Estados Unidos tiene el coste de los medicamentos más alto del mundo.

“Cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes se gastan en la investigación, el descubrimiento y el desarrollo de nuevos medicamentos de venta con receta. Y aunque creo firmemente que la fortaleza de una nación puede medirse por la audacia de su ciencia, la calidad de su investigación y el progreso que ayuda a conseguir, también creo que las personas que han pagado por la investigación —ustedes— deben poder acceder al producto final y permitírselo”, ha tuiteado el presidente como parte de su mensaje.

En paralelo, el Departamento de Justicia, la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Salud han anunciado en un comunicado que buscarán conjuntamente información sobre la influencia del capital privado y otras empresas en la sanidad estadounidense. La Casa Blanca considera esa iniciativa como un examen de la “avaricia empresarial” en el sector, que pondrá de relieve las áreas que deberán regularse y aplicarse en el futuro. Las tres agencias compartirán datos para ayudar a las autoridades antimonopolio a detectar transacciones que traten de eludir la revisión. En particular, se fijarán en las series de adquisiciones relativamente pequeñas que puedan estar por debajo de los umbrales de tamaño para informar del posible acuerdo a los organismos de defensa de la competencia, aunque en su conjunto infrinjan las leyes antimonopolio.

“La competencia en el mercado reduce los costes y estimula la innovación”, señala el secretario de Salud, Xavier Becerra, en el comunicado. “La Administración Biden-Harris sigue centrada en aumentar el acceso a una atención sanitaria asequible y de alta calidad para todos los estadounidenses, como haciendo que los audífonos puedan venderse sin receta y reduciendo los costes de los medicamentos con receta a través de la Ley de Reducción de la Inflación”, añade.

Según la Casa Blanca, que cita diversas fuentes, en la actualidad, las 25 mayores empresas farmacéuticas controlan alrededor del 70% de los ingresos del sector. Otros sectores de la sanidad también se enfrentan a una competencia limitada. Más del 75% de los estadounidenses viven en mercados hospitalarios muy concentrados, y solo tres o menos emisores de seguros médicos individuales controlan el 80% del mercado en 44 estados. Además, cinco aseguradoras controlan más del 70% del mercado de Medicare Advantage. “Esta consolidación contribuye a aumentar los costes para los contribuyentes, reducir los salarios de los trabajadores sanitarios y empeorar la calidad de la atención a los pacientes”, dice la Administración.

Una nueva investigación publicada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) concluye que la falta de competencia en los mercados de medicamentos está altamente correlacionada con precios más altos. Entre los medicamentos de precio más elevado (es decir, los que se encuentran en el 10% superior de precio por receta), el 89% de los medicamentos de moléculas pequeñas y el 100% de los productos biológicos tenían un solo fabricante. Mientras, casi tres de cada diez personas tienen dificultades para pagar los medicamentos que necesitan.

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Sobre la firma

Miguel Jiménez
Corresponsal jefe de EL PAÍS en Estados Unidos. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactor jefe de Economía y Negocios, subdirector y director adjunto y en el diario económico Cinco Días, del que fue director.
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