Violencia machista: cómo cada feminicidio envía un mensaje y un aprendizaje para las instituciones

Hace un par de años, María Jesús Cantos estaba analizando un caso de suicidio: el de una mujer que se lanzó a las vías del tren. Sin embargo, en un principio cupo la duda sobre si era realmente un suicidio o un asesinato. “Ella nunca denunció a su pareja, pero al hablar con familiares y vecinos, respondían lo mismo: que se veía venir, que oían broncas muy a menudo”, cuenta la comisaria de la Policía Nacional responsable de Violencia de Género del Ministerio del Interior. Acabaron encontrando una nota para su hijo, de ocho años: “Le contaba que llevaba años soportando las agresiones y que ya no lo aguantaba más, le pedía perdón. Aquello me hizo plantearme algo, que no sabíamos cuántas de las que denuncian se han suicidado, que ese era un aspecto que nunca habíamos investigado, y que debíamos hacerlo”.

Están en ello ahora, aunque no puede adelantar datos ni conclusiones sin el estudio completo. Cuando lo esté, será un ejemplo más de cómo la especialización en violencia machista en las instituciones, y el análisis y el estudio desde esa perspectiva, pueden suponer seguir ahondando en cómo funciona, y por tanto hacer cambios para trabajar contra ese problema estructural que es, según organizaciones como la ONU o la OMS, una epidemia global de la que deben hacerse cargo los Estados, y la sociedad en su conjunto.

Por esa violencia hubo solo el año pasado 182.078 denuncias por maltrato; a 20 de julio de 2023, registra 1.212 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que existe estadística, hace justo dos décadas, y 410 menores huérfanos; otros 34 feminicidios fuera de las relaciones personales, que se contabilizan desde el año pasado; 49 niños y niñas asesinados desde 2013 por sus padres o las parejas de sus madres, por violencia vicaria.

Las propias cifras son el resultado de un ejercicio institucional que ha ido ampliando estadísticas a lo largo de los años, y, como con los datos, su análisis ha conllevado cambios constantes en las tres últimas décadas. Los últimos, de hace apenas unos meses. Cuenta Cantos, la responsable del ministerio, que a principios de enero se reunieron los expertos de Interior, los responsables de las unidades de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Policía Foral, para analizar los 49 feminicidios de 2022 y los tres confirmados que hasta entonces se registraban en 2023 (son ya 28 este jueves).

“Una de las conclusiones es que debíamos buscar la forma de dar mejor protección a las víctimas, por lo que una de las cosas que estamos haciendo es una revisión de la valoración del riesgo para afinar la detección del homicidio”, explica la comisaria. El pasado año, en 20 de los 49 asesinatos existía una denuncia previa, un porcentaje (40,8%) anómalo. Lo habitual, históricamente, es que denuncien alrededor de entre un 20% y un 30%: de las 1.212 mujeres asesinadas desde 2003, el 21,5% lo había hecho, existía en 261 casos, no la había en 750 y no consta en 201.

Ante eso, Interior dio instrucción a las fuerzas de seguridad para que en los casos que consideren “potencialmente letales” y no se haya ordenado el ingreso en prisión del agresor, pidan a los jueces que ordenen que se les coloque una pulsera de control telemático para reducir el riesgo de que vuelvan a agredir.

También debido a cómo se dieron los asesinatos de 2022, otras de las medidas fueron “prolongar la protección de las víctimas aunque aparentemente el riesgo haya ido bajando o haya desaparecido”, es decir, revisar los criterios para declarar inactivo un caso en el Sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas de violencia de género; actualizar el protocolo actual con el que trabajan cuando una víctima va a denunciar; o incrementar las actuaciones policiales en el entorno de las víctimas, donde “hay casos que nunca se denunciaron pero que todo el mundo lo veía venir, familiares o vecinos, pero nadie se quiere ‘meter en líos’ y no lo ponen en conocimiento. Hay que trabajar ahí y sensibilizar a la población”, dice la comisaria.

De aquella primera reunión nació además la Mesa de evaluación y seguimiento de los casos letales de violencia de género, que se reúne mensualmente —aunque se trabaja a diario— y que ya ha tenido resultados específicos: un protocolo de comunicación para alertar a las víctimas de violencia de género si sus agresores son reincidentes, un refuerzo de las medidas de prevención ante el riesgo que entrañan estos —los que reinciden con la misma u otras víctimas y que suponen el 20% de los maltratadores machistas, según datos de Interior—, o mecanismos de verificación policial del cumplimiento de las medidas judiciales de protección dictadas contra ellos.

Esta última, quizás podría haber servido, entre otros, en el feminicidio de Maialen, la mujer asesinada en Vitoria el pasado mayo por Jaime Roca, su pareja, delante de la hija de ambos de tres años y a la que él dejó durante horas junto al cadáver de su madre para darse a la fuga. Sobre él estaba vigente una orden de alejamiento desde hacía meses. De aquel asesinato, derivó también un cambio, “la interconexión con la Ertzaintza para que en tiempo real puedan ver el sistema VioGén”; la policía vasca, como la catalana, tienen sistemas propios de vigilancia de la violencia machista, pero ambos conectados con Interior.

La mayor parte de los cambios se producen en las herramientas con las que se trabaja con víctimas, es decir, con mujeres que ya constan en el sistema. Pero la mayoría no denuncian —por el propio funcionamiento de la violencia machista, por miedo a no ser creídas, a su agresor, por sus hijos e hijas—, e Interior establece en más de ocho años la media hasta que dan el paso. Ahí, la cercanía de las instituciones es imprescindible.

En una localidad del interior de España, de apenas unos miles de habitantes, una extrabajadora del Centro de la Mujer, psicóloga jubilada, cuenta que “en los sitios pequeños es difícil, todo el mundo se conoce y todavía hay mucho estigma en algunos lugares, mucho miedo o mucha vergüenza. Eso hace difícil que den el paso de denunciar, y es importante una buena red. Lo de conocerse todos puede ser un obstáculo, pero también una ventaja. Al final, alguien sabe lo que está ocurriendo, el trabajo de las instituciones debe estar enfocado a que las mujeres, o quienes lo saben, tengan la confianza y la seguridad de que pueden venir a contarlo y que se las apoyará de principio a fin”.

De ese hilo que une a los casos de violencia machista y a las instituciones habla Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, cuando se refiere a los puntos violetas, que existen ya en bares, discotecas, farmacias, fiestas y festivales de toda España: “Hay quien se ríe. Dicen ‘¿van a acabar con la violencia?’ No, pero sí van a dar confianza a las mujeres para ir. Funcionan. El Estado, las comunidades y ayuntamientos se tienen que adaptar a cómo va cambiando la sociedad y hay que dar a las mujeres 16 puertas de salida porque con que cojan una, vale. Después de 20 años hemos aprendido que si cierras solo una, estás dejando a algunas mujeres ante esa puerta cerrada y, en esto, todas tienen que estar abiertas”.

Teléfono para todas las violencias

Rosell pone un par de ejemplos de “puertas abiertas” en los últimos años: “En 2020, el teléfono 016 atendía a víctimas de violencia de género [en la pareja o expareja], hoy atiende a todas las violencias contra las mujeres, incluida la trata y la explotación sexual, la violencia sexual, la familiar, el acoso, todas. Hemos firmado un acuerdo con todas las comunidades para incluir un catálogo de recursos mínimos comunes para víctimas de violencia machista, con el que estuvieron de acuerdo todas las autonomías. Eso son decisiones sobre políticas públicas que derivan de lo que hemos ido aprendiendo sobre las violencias”.

Hay otras que aún no se han formalizado pero que están sobre la mesa. Derivaron también del análisis de los feminicidios que se produjeron en diciembre, que acabó como el mes con más asesinatos machistas, junto al mismo mes de 2008, de toda la serie histórica: 11. Entonces, se produjo una concentración de crímenes que generó la alarma del Gobierno y se creó el comité de crisis, un equipo formado por los ministerios de Interior, Justicia, Igualdad, las autonomías donde se producen los feminicidios y las unidades de violencia correspondientes de esas regiones para analizar cada caso y ver las circunstancias específicas de cada víctima, detectar si hay fallos en el sistema, y sentar una serie de medidas y protocolos para paliarlos cuando los haya.

Después de revisar aquellos casos, se hicieron varias propuestas que tenían que ver con la situación de algunas de esas mujeres asesinadas —drogodependencia, vulnerabilidad económica, situación administrativa irregular, octogenarias o grandes dependientes—, entre ellas, que las mujeres en situación de alto riesgo por violencia machista y especial vulnerabilidad económica tengan acceso inmediato a una solución de vivienda y a una ayuda como el ingreso mínimo vital. O que en el ámbito rural existan puntos violetas que no solo den información, sino que sirvan como mecanismos de derivación, y que podrían estar ubicados en farmacias, centros sociales y en los centros de atención primaria, por la mayor dificultad que existe en los lugares pequeños para denunciar. O que se se especialice a todos los trabajadores que trabajan en el ámbito sanitario para que puedan detectar indicios de violencia.

En aquella reunión, cuenta Rosell, se sentaron sabiendo que el español es “el sistema mejor cosido de Europa y uno de los mejores del mundo”, pero que, sabiendo eso, hay dos opciones: “Sentarte a disfrutar del sistema que has creado o mirar las costuras para ver qué se puede seguir haciendo para mejorar, con parámetros de máxima exigencia. Reconocer que el sistema se puede mejorar o que tiene grietas significa tomar decisiones valientes y hacer una política responsable para solucionarlo”. Para eso, ahonda, “hemos de tener en cuenta cada vulnerabilidad que pueda tener cada víctima. Cada una está mandando un mensaje, cada una enseña algo”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 52 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.