Un estudio pronostica que encarecer el alcohol puede reducir en un 5% los casos de cáncer de hígado

Cada vez más evidencia científica respalda las mejoras en salud pública mediante políticas impositivas a productos perjudiciales, como pueden ser tabaco, alcohol o bebidas azucaradas. Un nuevo estudio, presentado esta semana en el Congreso de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL, por sus siglas en inglés), pronostica que el establecimiento de unos precios mínimos, o combinados con subida de impuestos, podrían suponer reducciones de en torno a un 5% en los casos de cáncer de hígado y de un 7% en enfermedades crónicas del hígado de aquí a 2030.

La investigación es un modelo que se ha realizado con datos de tres países (Francia, Países Bajos y Rumania), pero según María Buti, consejera de Salud Pública de la EASL (que ha invitado a EL PAÍS a este congreso), son cifras que se podrían extrapolar a prácticamente toda Europa (incluida España), “el continente con mayores tasas de consumo de alcohol del mundo”.

Un estudio publicado en The Lancet en diciembre de 2021 calculaba que 287.000 personas mueren al año en el continente a causa de las enfermedades hepáticas, que no solo están provocadas por el alcohol, sino también por otros malos hábitos nutricionales, sedentarismo y, cada vez en menor medida, por infecciones. Desde 1990 las muertes por enfermedad hepática crónica han aumentado un 25%, y un 70% por cáncer de hígado.

El modelo que ahora se presenta en Viena recopila datos epidemiológicos y de ingesta de alcohol de los tres países, calcula las previsibles bajadas de consumo (que ya se han visto en países como Reino Unido) y las proyecta a la repercusión que tendría en las enfermedades hepáticas.

Los investigadores han probado esta simulación con tres modelos impositivos y de precios. El que mejor resultados da es imponer un precio mínimo de un euro por cada unidad de alcohol, una medida usada en investigación que equivale a 10 gramos de alcohol puro, independientemente de en qué bebida se sirva. Sería algo menos de lo que contiene una lata de cerveza. De aplicarse, una botella de cualquier destilado con un 40% de volumen alcohólico no podría venderse por menos de 24 euros, ni una de vino por menos de siete.

Con solo aplicar esta medida “se podría reducir el número de personas que viven con enfermedad crónica de hígado o cáncer entre un 4% y un 7% en Europa”, aseguran los investigadores. Se obtienen resultados algo inferiores si se combina un precio mínimo de 0,7 euros por unidad de alcohol con mayor gravamen a las bebidas azucaradas o si se tasa el alcohol en función del volumen de cada licor.

En los tres países que han servido como modelo, el rango superior de las reducciones serviría para evitar de aquí a 2030 11.550 casos de enfermedad hepática crónica y 7.921 de cáncer de hígado, en comparación con no hacer nada. En el escenario francés supondría un ahorro de más de 600 millones de euros para la sanidad pública.

Buti explica que este tipo de medidas funcionan muy bien, sobre todo entre la población que consume grandes cantidades de alcohol. “En personas que no beben mucho no hay un cambio significativo, pero reduce considerablemente la carga de enfermedad de los que consumen más”.

Aunque se trata de proyecciones, existe experiencia en el mundo real sobre cómo la política de precios impacta en el consumo de alcohol. Escocia y Gales atestiguan su efectividad. Allí se implantó la política de precio mínimo en 2018 y 2020, respectivamente, y las ventas se redujeron en un 3,5% un año después.

Tasas “regresivas”

Los autores reconocen las dificultades de añadir nuevos impuestos al alcohol y que este tipo de tasas son “inherentemente regresivas”, ya que los hogares de menores ingresos pagan una mayor proporción de sus ingresos a cualquier impuesto adicional. “Las industrias del alcohol a menudo usan esto como un argumento en contra de la implementación de tales políticas. Ellos afirman que estos impuestos tendrán un impacto negativo en las capas más pobres de la población y, por lo tanto, son injustos. El contraargumento a esto, sin embargo, es que la mala salud relacionada con el alcohol y la dieta también son regresivos y afectan desproporcionadamente a las poblaciones de menores ingresos. Estas son generalmente más propensas a sufrir enfermedad hepática crónica y, en consecuencia, se verían afectados positivamente por dicha tributación”, asegura el informe.

Los autores también tienen en cuenta los obstáculos que este tipo de medidas encuentran en ciertos países de Europa, que son importantes productores de vino, cerveza y bebidas espirituosas, y pueden considerar estas medidas como un riesgo económico. No los menciona, pero España está entre ellos. “Sin embargo, este estudio se suma a la evidencia para apoyar la implementación de medidas fiscales, incluyendo impuestos, para cambiar los entornos de consumo con el tiempo, lo que permite a los países ajustarse en otras áreas”, concluyen.