¿Es posible regular el porno? La batalla por cerrar a los menores una puerta peligrosa al sexo

Poner puertas al campo, tapar el sol con un dedo, vaciar el Atlántico con un cubito de playa. Cualquiera de esas frases hechas vale para explicar cómo de posible es restringir completamente el porno en internet para los menores. Hay más de 47 millones de españoles y el 94,9% tiene acceso a la red, según el último informe de We Are Social, de febrero: móviles, tabletas, ordenadores, videojuegos, televisiones. Está en todas partes. Y donde hay conexión, hay porno. España ocupa el puesto 11º en consumo de pornografía en la mayor plataforma del mundo, Pornhub, con más de 120 millones de visitas diarias globales. Pero el porno también está si no se busca: salta en ventanas emergentes, aparece en los resultados de los buscadores con las palabras clave más inverosímiles, en publicidades que no se han pedido, en redes sociales. ¿El problema? Hay varios. Que la mayoría de esos clips muestran un sexo violento —en su práctica totalidad hacia las mujeres—, en lo físico y lo verbal, carente de toda empatía, consentimiento, reciprocidad y, obviamente, afecto. Que es eso y prácticamente ninguna otra cosa lo que sirve de educación sexual a muchos niños, niñas y adolescentes: bofetones, mujeres arrastradas por el pelo, asfixia, simulaciones de violación, y a veces, también, violaciones reales. Y que ya, desde hace varios años, los especialistas apuntan a ese tipo de porno —el llamado mainstream, no toda la pornografía es igual— como uno de los factores a tener en cuenta en el aumento de la violencia sexual entre los menores.

La propia Fiscalía General del Estado (FGE), en su última memoria anual, con datos de 2021, apuntó: “Las cifras de causas iniciadas [por delitos sexuales] son elocuentes y las explicaciones de las/os delegadas/os, aunque con diferentes e interesantes matices, se mueven en parecidas líneas. Sin incurrir en moralismo alguno, se alerta contra la despreocupación y banalidad con que se afrontan las relaciones sexuales entre adolescentes. […] Se sigue haciendo hincapié en los comportamientos altamente sexualizados a edades muy tempranas […]. Ese inicio precoz se vincula, fundamentalmente, al acceso a la pornografía en dispositivos móviles desde edades impúberes”. Tan impúberes como los ocho, o los seis años, como apuntan estudios recientes.

Y aludía el ministerio público en esa memoria a la fiscal delegada de Granada, que “profundizando en el tema, comenta la contradicción que supone dictar normas reguladoras de los contenidos de esta clase en los mass media, mientras que, a la par, no existen protocolos para tratar de impedir el acceso de los menores a páginas web pornográficas”.

Esa fiscal se refiere a la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada el pasado verano, que introdujo medidas para la protección de los usuarios y de los menores frente a determinados contenidos audiovisuales —adaptándose a la directiva europea de este ámbito aprobada en 2018 que aún, sin embargo, no tiene instrucciones precisas—, entre ellas, “establecer y operar sistemas de verificación de edad para los usuarios con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores que, en todo caso, impidan el acceso de estos a los contenidos audiovisuales más nocivos, como la violencia gratuita o la pornografía” o “proporcionar mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital”. Pero esas cuestiones operan para televisiones, o canales y plataformas a demanda. Y que estén ubicadas en España, o en otros países europeos, pero operen en territorio español.

¿Qué pasa con los cientos de miles de webs porno, registradas en cualquier punto del mundo? Si se abre cualquiera de ellas por primera vez, aparece una ventana con una advertencia: “Solo para adultos”. Y un botón: “Aceptar”. Con pulsarlo basta para tener delante millones de vídeos. Cuando vuelve a haber acceso desde el mismo dispositivo, la advertencia ni siquiera saltará, la memoria (las cookies) de la página reconoce que ya se entró antes y da vía libre.

Legislaciones e intentos que chocan con la privacidad

En España, la cuestión de cómo regular la pornografía ha aparecido en los últimos años. En las pasadas elecciones generales, el PSOE fue el único partido que lo llevó en su programa electoral: ”Perseguiremos la trata y explotación sexual, especialmente de menores, y los protegeremos de la creación, difusión y exposición de pornografía” e “impulsaremos una protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía”. El partido confirma que mantendrá el compromiso para los próximos comicios. El compromiso formó después parte del acuerdo de coalición del actual Gobierno, en los mismos términos.

La legislatura está a unos meses de acabar y nada se ha movido en ese ámbito. Sí se introdujo, en la Ley de Infancia y Adolescencia y de forma general, el acceso no solicitado a pornografía como una de las formas de violencia contra los menores, además de algunas medidas de educación y sensibilización respecto al asunto. Pero nada específico, ni concreto, que pueda restringir el acceso.

La idea que sobrevuela es la de verificar la edad de quienes acceden a estos contenidos. Ahora, la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales establece en 14 años la edad de consentimiento para el tratamiento de los datos personales, y recoge como infracción muy grave “no acreditar la realización de esfuerzos razonables para verificar la validez del consentimiento prestado por un menor de edad”. Pero, según el informe Protección del menor en Internet, de la Agencia Española de Protección de Datos, “hasta el momento, no hay constancia de que editores y publicadores de contenido para adultos en España utilicen algún método efectivo para verificar la mayoría de edad de los usuarios”.

En el Estado de Luisiana, en Estados Unidos, desde el 1 de enero se necesita un documento de identidad para acceder a cualquier página que tenga en su contenido, al menos, un tercio de pornografía. Eso, según las legislaciones europeas, no sería posible precisamente por protección de datos del usuario. Pero “otros países [con leyes similares a las españolas en este sentido] lo están intentando o lo han intentado ya”, apunta Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y autora del libro La libertad de la pornografía (Athenaica, 2022).

Se refiere al Reino Unido, que quiso aprobar una “legislación muy problemática” en cuanto a privacidad: se basaba en el envío de información que verificaran la edad a los sites, y estos tenían que enviarlos a su vez al Gobierno. Desistieron en 2019 y dirigieron los esfuerzos a la educación sexual en colegios e institutos. También a Australia, “que quiere usar el reconocimiento facial y puede tener los mismos problemas de privacidad”. Y a Francia, que trabaja, según explicó el ministro francés de Transición Digital y Telecomunicaciones, Jean-Noël Barrot, en febrero en la Asamblea Nacional, “en una solución de verificación de edad que respete el principio del doble anonimato”, es decir, que la operadora de telefonía o cualquier otra plataforma a través de la cual se proporcione esa verificación no sepa para qué se usará, y que la web en la que se use para tener acceso no conozca la identidad de quien entra.

“No sabemos cuál será más eficaz, o si alguna lo será, pero habrá que ver en qué medida deban ponderarse ambos bienes jurídicos: por un lado, la protección de datos, pero también la protección de la juventud y la infancia. Ponderar en qué momento sí podría ser necesario ceder los datos para proteger a los menores”, añade Valero, que cree que “debería poder involucrarse a las plataformas”, para que colaboren de manera proactiva en implementar los sistemas de verificación, sean cuales sean. “Pero la gran industria es conocedora de que los adolescentes son su nuevo nicho y trabajan de manera muy masiva para captarlos”, puntualiza también.

Una multa de 525.000 euros por vulneración de datos personales

¿Cuál es, entonces, la solución? En el contexto legislativo actual, no es sencillo. Fuentes de la Agencia de Protección de Datos recuerdan que sus competencias se ciñen justo a eso, a la protección de la información personal, que son “muy conscientes de que el acceso por menores de edad a contenidos online para adultos y el uso adictivo de las nuevas tecnologías son hábitos que pueden comportar graves riesgos para su desarrollo y salud mental y serias consecuencias en su ámbito familiar, educativo y social”. Y que trabajan en esa dirección.

La agencia también explica que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) “otorga a las autoridades de supervisión la capacidad de aplicar una serie de poderes correctivos, de los que la imposición de una multa administrativa es solo una de las opciones, junto con otras medidas, como por ejemplo, la advertencia, el apercibimiento, o la adopción de medidas para que los tratamientos de datos personales se ajusten al reglamento”.

Lo explican porque, por esa capacidad, la AEPD inició de oficio actuaciones previas de investigación a una empresa, titular de varias webs porno, por presuntas vulneraciones de la normativa de protección de datos —entre ellas, el posible tratamiento de datos personales de menores de 14 años obtenidos durante la navegación por las páginas web—, que acabó con “una sanción económica de 525.000 euros por vulneración de varios preceptos del RGPD e impuso a la empresa la obligación de aplicar medidas de seguridad efectivas y adecuadas para verificar la edad de los usuarios, garantizando que únicamente puedan acceder a las páginas web con contenido para adultos las personas mayores de edad”.

Pero no siempre la AEPD tiene capacidad para actuar. Ocurre, por ejemplo, cuando las empresas no están ubicadas en España. Pero el debate sobre cómo seguir el camino para proteger a los menores de cierto tipo de pornografía es para el doctor en Sociología Lluís Ballester, experto en la relación entre juventud y pornografía, necesario: “Ese mismo debate lo tuvimos respecto de otros productos que se identificaban con la libertad, como el tabaco. Socialmente, hemos llegado a aceptar fuertes restricciones al acceso y consumo porque la investigación demostró los efectos que producía. Ahora mismo, la evidencia en relación al consumo habitual de pornografía es casi del mismo nivel que la que teníamos antes de las restricciones al tabaco”.

“La educación de las emociones, las relaciones, la sexualidad”

Ballester cree que en este sentido hay medidas posibles, y urgentes, que podrían tomarse, como “establecer por ley que todos los dispositivos con conexión a internet que se pongan a la venta en España tengan activados por defecto controles parentales y establecer líneas telefónicas de denuncia y asesoramiento a menores y familias [algo que también ha hecho Francia con la llamada ley Studer y el teléfono 3018], fijar un consejo asesor de expertos sobre menores y riesgos del entorno audiovisual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o poner en funcionamiento el Consejo Audiovisual en todas las comunidades autónomas, con el encargo de trabajar sobre este tema”, entre otras.

Más allá de las medidas concretas, tanto Valero como Ballester y otros especialistas apuntan hacia un objetivo claro: la prevención. Para este último, “el mejor enfoque es el de la educación de las emociones, los afectos, las relaciones, la sexualidad; así como la educación digital”. Además, dice que hay que activar mecanismos de protección para las personas que están en riesgo y las que ya han sufrido daños, y “procesos de participación e investigaciones que permitan entender mejor qué está pasando, por ejemplo, con el riesgo en redes sociales y videojuegos [adonde también llega la pornografía]”.

Y propone que desde el ámbito autonómico se pudieran hacer “filmaciones de la sexualidad sin mostrar violencia, sumisión, etc., bien guionizadas y realizadas, que pudieran servir para contestar la curiosidad sexual que tenemos los humanos. En un contexto al margen del mercado del porno”. Contenidos que podrían desarrollarse, por ejemplo, a través de la educación afectivo-sexual que se ha incluido como obligatoria para todas las etapas educativas tanto en la última reforma de la ley del aborto como en la ley del solo sí es sí, pero que aún no han empezado a desarrollarse por parte de las autonomías, que son las que tienen las competencias en Educación.

Para el Ministerio de Igualdad “la pornografía no consentida y violenta requiere de una respuesta integral que no se sustente únicamente sobre el Código Penal. Se trata de que la educación sexual sea algo transversal y en todos los ámbitos de la vida”, apuntan fuentes de este departamento aludiendo a esas dos normas, de las que fueron impulsoras, y a otras políticas públicas como la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, “para que la educación sexual, especialmente entre los menores, no sea a través de la pornografía”, porque, insisten siempre, “la educación sexual de niños y niñas adolescentes es la medida más eficaz para prevenir y desincentivar el consumo de pornografía”.

A eso alude José Luis García, doctor en Psicología y codirector del primer curso universitario de experto en prevención de los efectos de la pornografía, en la Universidad Rey Juan Carlos. Dice que por su experiencia, 45 años de trabajo, es “más partidario de capacitar a chicos o chicas desde muy pronto para que aprendan a tomar decisiones, de forma argumentada, y que sepan qué y dónde buscar si tienen inquietudes o necesidades de estímulos eróticos”.

Sin eso, sin educación, en las aulas y en casa, coincide el director de la asociación sin ánimo de lucro Dale Una Vuelta, Jorge Gutiérrez, niños y adolescentes están expuestos a efectos en su salud sexual, mental y emocional. Este experto asegura que notan “cómo se ven favorecidas las conductas sexuales de riesgo [como el no uso del condón] y una tendencia a más insatisfacción que satisfacción al intentar emular las prácticas que ven, ya que distorsionan el sexo; y donde además la mujer siempre es la más perjudicada, a veces llegando a la violencia”. Sobre la salud mental, afirma que “puede suponer una puerta de entrada a comportamientos adictivos”.

“Y la más importante, la [salud] emocional”, se ve afectada en la medida en que “un consumo abusivo puede provocar que se dejen de lado las relaciones, haya un aislamiento progresivo y se acabe encerrado en el consumo de porno”. Además de estar relacionado, a veces, con “una gestión emocional desadaptativa de muchos chicos para evitar estados emocionales como la soledad, la ansiedad o la ira, y acuden a su consumo para huir de eso, y obtener placer inmediato”. Para él, “los menores circulan por internet como por una autopista de cinco carriles, y se trata de poner alguna carretera comarcal. ¿No se va a poder evitar el acceso a muchos lugares? No, pero alguna dificultad se puede poner, y alguna barrera de prevención”.

No se pueden hacer desaparecer los miles de millones de resultados que aparecen en menos de un segundo si se introduce solo la palabra “porno” en el buscador, pero, como mínimo, se puede enseñar a niños, niñas y adolescentes qué se van a encontrar entre esos miles de millones de resultados. Que sepan por qué nada tienen que ver con la realidad. Y con qué sí tiene que ver el sexo. “Con lo que no aparece en el porno mainstream”, dice Ana Valero, “el cuidado, la reciprocidad, el consentimiento, la empatía”.