Así regulan la modalidad altruista de los vientres de alquiler en Reino Unido, Portugal y Canadá

Los vientres de alquiler no son legales en España (la legislación los define como una forma de “violencia contra la mujer”). El caso de Ana Obregón, que se ha presentado como madre de una niña gestada mediante dicha práctica en Estados Unidos, ha vuelto a agitar, sin embargo, el debate, con dos partidos, el PP (de forma menos rotunda) y Ciudadanos planteando la posibilidad de que se permita esta figura cuando se realice de forma altruista. EL PAÍS analiza cómo se ha articulado esta vía en tres de los países donde la legislación lo permite.

La madre gestante puede retirar el consentimiento en el Reino Unido

La Comisión Jurídica de Inglaterra y Gales, el órgano derivado del Parlamento que desde hace casi 60 años revisa la legislación británica y propone reformas y actualizaciones, y su equivalente escocés, han publicado esta semana un borrador para renovar la figura de los vientres de alquiler con el objetivo de establecer lo que han definido como una “ruta segura” para el proceso. El Gobierno británico debe decidir ahora si la impulsa a través de trámite parlamentario.

La vía ya es legal, pero la regulación es más reactiva que garantista. Los acuerdos entre las partes no tienen fuerza legal directa, es decir, no puede reclamarse ante un juez su cumplimiento. La maternidad legal del recién nacido corresponde a la madre biológica, y solo a través de un prolongado trámite de adopción se culmina el proceso. La madre biológica puede, además, reclamar ante un tribunal de familia su maternidad en cualquier momento.

El proceso debe mantener en todo momento su condición de altruista, pero no existe un límite legal a la hora de acordar gastos, no tienen por qué reducirse a los mínimos necesarios, y los jueces pueden ampliarlos. Sí está expresamente prohibido que haya intermediarios que se beneficien.

La nueva propuesta legal prevé que los aspirantes a progenitores obtengan la tutela legal del bebé desde el momento de su nacimiento. La madre biológica podrá seguir retirando su consentimiento sin plazo límite, pero los jueces pueden desestimar dicha reclamación si consideran que puede ser perjudicial para el menor. Se incrementa el número de chequeos médicos, la comprobación de antecedentes penales y la oferta de asesoramiento psicológico y legal a los contratantes. “La nueva regulación dará mayor certeza legal, transparencia y protección frente a posibles explotaciones, y creará un régimen eficaz que ponga en su centro los intereses del menor”, ha dicho Nick Hopkins, comisionado de Derecho de Familia en la Comisión Jurídica. La propuesta contempla que agencias no lucrativas (controladas por un organismo oficial) puedan supervisar las relaciones de vientre de alquiler. Y la creación de un registro que dé transparencia y permita a los así nacidos rastrear sus orígenes tras alcanzar la mayoría de edad.

La propuesta de norma contempla reglas más claras en materia de pagos. Se permiten los relacionados con el bienestar y el cuidado médico de la madre biológica y el bebé; aquellos que compensen pérdidas ocasionadas; gastos de apoyo a la gestación y desplazamientos. Pero se prohíben los “gastos compensatorios”, y el pago de gastos ordinarios (alquiler de la casa, alimentación…).

El objetivo, afirma la comisión que ha redactado la propuesta, es hacer que, sin perder su carácter altruista, “los acuerdos de subrogación domésticos [dentro del Reino Unido] sean más atractivos” que la opción de contratar en otro país un vientre de alquiler.

Apoyo de la izquierda en Portugal

El 1 de enero de 2022 entró en vigor en Portugal la ley que permite recurrir a vientres de alquiler a mujeres con problemas físicos que le impidan desarrollar su propio embarazo, lo que excluye a los hombres. La norma, que está pendiente de su desarrollo en un reglamento, incluye el derecho al arrepentimiento de las madres gestantes durante 20 días y no permite contraprestaciones económicas por el embarazo, a excepción de los gastos sanitarios.

Por contraste con España, donde la izquierda comparte la visión feminista contra la utilización del cuerpo de las mujeres para concebir por encargo, todos los partidos de la izquierda lusa, excepto el Partido Comunista Portugués, apoyaron la ley de las barrigas de aluguer. De la bancada de la derecha solo Iniciativa Liberal la respaldó.

El derecho de rectificación de la madre biológica no estaba inicialmente en la ley original y fue incorporado tras un largo recorrido parlamentario y jurídico, que incluyó el veto del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, y una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varios artículos de la versión aprobada en 2017. En total, ha habido cuatro reformas de la ley hasta llegar a la aprobada a finales de 2021.

A pesar de que el camino político y jurídico de la norma está ahora despejado, en la práctica nadie ha podido aún utilizarla en Portugal debido al retraso en la redacción del reglamento que deberá determinar aspectos cruciales como si las parejas de lesbianas o las madres solteras tienen derecho a utilizarla. La ley lusa establece que “la celebración de negocios jurídicos de gestación de sustitución solo es admisible de forma excepcional y con carácter gratuito en los casos de ausencia de útero, de lesión o de enfermedad de este órgano o cualquier otra situación clínica que impida de forma absoluta y definitiva el embarazo de la mujer”. El Consejo Nacional de Procreación Médicamente Asistida supervisa todo el proceso entre ambas partes. Las madres biológicas tienen derecho también a asistencia psicológica antes y después del parto.

Como la ley portuguesa no puede aplicarse mientras no se desarrolle en un reglamento, algunas parejas han viajado a otros países para conseguir tener un bebé. Ucrania fue uno de los principales destinos hasta la invasión del país en febrero de 2022. Poco después del inicio de la guerra, el Jornal de Notícias informó de un centenar de parejas portuguesas que habían pagado ya un vientre de alquiler y que desconocían lo que podría ocurrir con los menores cuando naciesen. Las mujeres ucranias que se prestaban a tener un hijo para otras personas recibían entre 15.000 y 20.000 euros, pero la invasión ha desplazado a las familias lusas hacia otros lugares como Georgia, donde el coste del proceso oscila entre 25.000 y 60.000 euros (de los cuales la madre biológica recibe unos 12.000 euros), según un artículo del semanario Expresso.

Abierto a los extranjeros, pero prohibida la intermediación, en Canadá

En el caso de Canadá, la práctica de los vientres de alquiler está basada también —al menos en el plano legal— en un carácter altruista. La ley canadiense sobre la protección asistida indica que está prohibido pagar a una madre de alquiler. Sin embargo, se permite el reembolso de gastos relacionados con el embarazo, tales como ropa, vitaminas, comida adicional y transporte para consultas médicas. La madre portadora deberá contar con al menos 21 años de edad y tiene que haber tenido un hijo antes. Tienen acceso al proceso las parejas heterosexuales y las homosexuales, así como hombres y mujeres solos.

La intermediación y la publicidad con fines de lucro también están prohibidas. Por ese motivo, aunque el proceso está abierto también a ciudadanos extranjeros, los trámites son complicados. Una iniciativa del diputado liberal Anthony Housefather buscaba abrir la puerta para despenalizar de forma general estas prácticas, pero no llegó a ser votada en la pasada legislatura. Para Housefather, las mujeres deberían tener derecho a tomar sus propias decisiones en el tema. Sin embargo, el Consejo de la Condición de la Mujer y otros organismos manifestaron su postura en contra de una “mercantilización de los cuerpos”. A diferencia de las demás provincias, los acuerdos de vientre de alquiler no tienen valor legal en Quebec. Canadá no recopila datos oficiales respecto a los bebés nacidos mediante esta clase de acuerdos.