El borrador del informe del CGPJ sobre la ley de trata avala la norma impulsada por el Gobierno

El borrador del informe sobre Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley de trata propone avalar la norma que impulsa el Gobierno para reforzar la lucha contra la trata de seres humanos y blindar la asistencia y protección de las víctimas. El texto, elaborado por las vocales Nuria Diaz (propuesta por el PP para formar parte del CGPJ) y Clara Martínez de Careaga (por el PSOE), considera que el anteproyecto de ley liderado por el Ministerio de Justicia y aprobado en noviembre por el Consejo de Ministros merece una “valoración favorable” y que se adecúa a los estándares internacionales en materia de trata. Las vocales aplauden también que la futura norma recoja “gran parte” de las recomendaciones recogidas en la guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos elaborada por el órgano de gobierno de los jueces.

El borrador de informe se ha enviado a los vocales y se debatirá en el pleno del órgano. El informe del CGPJ respalda en líneas generales el anteproyecto de ley, especialmente algún aspecto como el procedimiento que se prevé para llevar a cabo la identificación de las víctimas, mediante entrevistas con personal especializado, asegurando la presencia de intérpretes o mediadores culturales si fuera preciso y en una sala que garantice la confidencialidad. “Merece una valoración sumamente favorable el especial interés del prelegislador en las condiciones en que ha de llevarse a cabo la entrevista y la valoración de la misma”, señala el informe.

Las dos vocales encargadas de su redacción elogian también la previsión específica que recoge la ley para que, en víctimas menores de edad, se valore “la posible implicación de la familia del menor en la trata o la explotación”. El CGPJ considera, no obstante, que esta previsión debería hacerse extensiva a todas las víctimas, ya que es habitual que la familia o los allegados “se encuentren implicados en la captación e incluso en la explotación”, especialmente en grupos organizados procedentes de países del este como Rumanía o Bulgaria, según advierten las vocales.

Entre las críticas al texto, la más contundente hace referencia a la modificación de la ley de protección de testigos y peritos en causas criminales incluida en la ley de tata. El Consejo ya ha advertido en varias ocasiones de las “deficiencias” de la actual ley para la protección de testigos, y ha pedido que se reformara para fijar todos los aspectos del estatus de testigo protegido. Pero la ley de trata hace una modificación “parcial” que, según el CGPJ, da lugar a ciertas “incoherencias”.

Protección de testigos

Así, el Consejo valora positivamente que también la Fiscalía pueda adoptar las medidas de protección de testigos cuando la investigación “recaiga” sobre ella, pero critica que la sustitución de “juez instructor” por “tribunal competente” que establece la ley puede conllevar, “en una aplicación estricta del precepto, a la conclusión de que el juez instructor no puede aplicar dichas medidas, lo cual debe ser objeto del más absoluto rechazo, pues la protección debe dispensarse, en caso de ser necesario, desde fases tempranas”.

Tras cuestionar otros cambios en la ley de protección de testigos y aplaudir también algunos, el informe concluye que la reforma de esta norma resulta “insuficiente y genera contradicciones y confusiones, lo que, lejos de solventar los problemas actuales de claridad y seguridad jurídica en esta materia, los acrecientan”. El CGPJ sugiere al Gobierno que redacte “de forma adecuada, íntegra y coherente las modificaciones proyectadas”, a la vez que reitera la “necesidad” de acometer el desarrollo reglamentario de esta norma,

El texto recuerda también que la entada en vigor de la ley de trata debería venir acompañada “de las medidas necesarias para disponer de medios materiales y personales suficientes y adecuados para la implantación del nuevo sistema”. “Sin dichos medios, el referido sistema resultaría de muy difícil ejecución real”, advierten las vocales.