Irene Montero, ante una semana crítica

La ministra Irene Montero se enfrenta a una semana que quizás sea una de las más difíciles de su paso por un Ejecutivo de coalición visiblemente tenso y resquebrajado por diversas polémicas internas, pero especialmente por las que tienen que ver con Igualdad, una de las carteras estrella de Unidas Podemos. Primero fue la ley trans, que desató un cisma entre los socios y dentro del propio PSOE. Luego llegó otro, que dura ya cuatro meses, el que han provocado las más de 700 rebajas de penas y 74 excarcelaciones a reos de delitos sexuales tras la entrada en vigor de la norma de libertad sexual, uno de los textos clave de esta legislatura. Después, la negociación interna para reformarla, en la que no solo no se ha llegado a ningún acuerdo, sino que los socialistas acabaron por presentar una propuesta de cambio en solitario que el ministerio no aprueba y que llega mañana martes al Congreso para su toma en consideración.

Si nada se mueve, en las próximas 24 horas Montero verá cómo una reforma de su ley estrella, la del solo sí es sí, entra a trámite en el Congreso gracias a los votos del Partido Popular. Ante el no de Unidas Podemos, cada vez más claro, el PSOE necesitará los votos de los populares para sacar adelante esa toma en consideración y después entrar en la discusión de enmiendas, donde tampoco se esperan muchos avances en la coalición. Y en las próximas 48 horas, la ministra acudirá a un 8-M dividido por segundo año y en el que una parte del feminismo, aunque minoritaria, pide su dimisión.

Los próximos días se presentan turbulentos, y fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que no están siendo jornadas fáciles. Para ninguno de los socios.

La fractura se hizo más visible el viernes, cuando el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, anunció en el Congreso que su grupo rechazará la iniciativa presentada en solitario por los socialistas para la reforma de la parte penal de la ley del solo sí es sí, que ha permitido más de 721 rebajas de condenas de delitos sexuales y más de 74 excarcelaciones, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

“Si finalmente llega el momento de votar una vuelta al Código Penal de La Manada, nosotros votaremos en contra, pero no queremos que eso ocurra. Llevamos dos semanas haciendo propuestas y pidiéndole al PSOE que se siente a negociar. Pensamos que el PSOE debería apostar por un acuerdo con la mayoría feminista de la Cámara, con un acuerdo en el seno del Gobierno con el Ministerio de Igualdad y no apoyarse en el PP”, dijo Echenique en el Congreso. Ese mismo día, Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, hacía un “llamamiento al PSOE” para sentarse a negociar antes del 7 de marzo.

Pero es difícil que ocurra en las últimas horas antes de la toma en consideración de esa iniciativa por el pleno del Congreso si no ha sucedido en las últimas semanas, en las que de forma cada vez más pública el PSOE ha acusado a Podemos de presentar siempre las mismas propuestas y no avenirse a otras posibles vías. Podemos, por su parte, reprocha al PSOE querer “volver al Código [Penal] de La Manada” y difuminar el eje de la norma, el consentimiento, con los retoques propuestos para devolver las penas de ciertos delitos sexuales a través de la introducción, de nuevo, de la violencia y la intimidación como subtipo de agresión.

Los socialistas insisten en que Montero y su equipo están totalmente enrocadas en una posición técnica inviable, porque creen que la fórmula de Igualdad, que se centra en llevar la violencia a los agravantes, daría margen a los jueces para poner penas muy bajas en línea con lo que está pasando en las revisiones. Y fuentes de Igualdad rematan que es Justicia la que está enrocada. Y no hay manera de salir de ahí, aunque ha habido muchos intentos.

Los socialistas llevan más de un mes defendiendo que el consentimiento seguirá estando en el centro de la ley, pero Montero también lleva más de un mes defendiendo que esa propuesta lo desplazará y que no está dispuesta a “ningún paso atrás” en ese sentido. El bloqueo, por ambas partes, es total.

Y en ese contexto, este martes se prevé que el texto del PSOE salga adelante con una mayoría holgada de votos, entre 285 y 287 síes, de los que muchos serán de la derecha, porque el PSOE cuenta con los del PP, Vox y Ciudadanos, que ya han hecho público su apoyo a esta iniciativa en varias ocasiones. También de otros socios habituales como el PNV, PDeCAT y Coalición Canaria. Pero no con el de Unidas Podemos y tampoco de otros minoritarios como ERC, EH Bildu o Más País, que avisaron de que ese contexto de ruptura les hacía muy difícil respaldar la reforma, aunque no han expresado formalmente cuál será su voto.

Aunque mañana martes se vote solo la toma en consideración, como recordó para intentar suavizar el panorama Pedro Sánchez desde Helsinki el viernes, ¿qué hará Montero si ese paso hacia la reforma sale adelante con el bloque de la derecha y la ultraderecha? ¿Qué ocurrirá si la norma de la que su ministerio es impulsor, nacida del movimiento feminista y de las protestas sociales tras las primeras sentencias de La Manada, acaba siendo retocada gracias a partidos que ni siquiera votaron a favor de su aprobación? En principio, nada.

A pesar de los incendios públicos y privados que han desatado por esta cuestión ambos socios de Gobierno, en los planes de Montero no está dimitir ni en los de Sánchez cesarla. Al menos no por ahora. Ella aún estira la posibilidad de que esa votación no se produzca en el Congreso. Dejaría ver no solo la fractura con sus socios sino una suerte de pérdida de poder sobre una cuestión nuclear para su ministerio.

El sábado, la ministra pedía un acuerdo antes del martes para evitar que en el Día Internacional de la Mujer, el miércoles, “den palmadas de alegría los adversarios” de sus derechos. También pedía que este 8-M fuera “para todas las mujeres”. Sin embargo, esa llamada a la unión no cuaja. La herida que se ha abierto en el movimiento feminista es aún más honda que la del Ejecutivo de coalición.

Cristalizó el 8-M del año pasado, cuando por primera vez en la historia el feminismo caminó separado. Volvió a suceder el Día contra la Violencia de Género, donde en la segunda pancarta de la manifestación que recorrió el centro de Madrid se leyó “Montero, dimisión”. Y va a volver a suceder el miércoles. Al menos, y de momento, en Madrid, donde ya hay convocadas dos marchas para ese día, con distintos recorridos y con solo media hora de diferencia en la salida.

El motivo es el mismo que en 2022, la ley trans —por la que parte del movimiento decidió escindirse con el argumento de que la norma va a suponer un “borrado de las mujeres”—, pero a ese este año suman el malestar por las reducciones de penas y excarcelaciones a reos de delitos sexuales.

Los socialistas ya han asumido que, salvo sorpresa de última hora, la votación dividirá a la coalición. El grupo de Unidas Podemos no se romperá, señalan distintas fuentes, aunque hay opiniones diferentes en su seno. Sería un golpe mortal justo cuando Yolanda Díaz está lanzando Sumar como un movimiento unitario. Así que todos están empezando a gestionar esta ruptura para que no llegue a más.

En el PSOE creen que, una vez que ha quedado claro a la ciudadanía que ellos quieren reformar la ley cueste lo que cueste, incluso aunque sea con el PP, el desgaste más fuerte se lo lleva Podemos, que se resiste. Mientras, el equipo de Montero presiona al PSOE con la idea de que va a votar la reforma con la derecha. Las posiciones están muy fijadas y cada uno explota sus bazas, pero ninguno de los consultados se plantea realmente que esta crisis, tal vez la más grave de la coalición, termine en ruptura. Más bien será una herida fuerte, pero no mortal. Lo que está por ver es quién sale peor parado de una situación así. Sin duda, Irene Montero es la que más se juega políticamente, porque esta es su ley estrella y nada ha salido como se esperaba. En esta semana, decisiva se verá hacia dónde se decanta la balanza.