Una visita de una delegación de Igualdad del Parlamento Europeo se convierte en un ataque al Gobierno por la ‘ley del solo sí es sí’

Nueve diputadas de distintos partidos de la Comisión de Igualdad y Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo llegaron el lunes a España para hablar con miembros del Gobierno, jueces, parlamentarias, y diversas organizaciones que trabajan en el ámbito de la Igualdad. Este miércoles, después de 14 citas en las que han visto a más de una treintena de personas, la portavoz de esa delegación, Elżbieta Łukacijewska, del Partido Popular polaco, ha hecho un repaso rápido de los temas que venían a tratar y se ha referido a que “tras todas las reuniones” se habló de la ley de libertad sexual (conocida como ley del solo sí es sí) por “la polémica que ha podido suscitar por las consecuencias que no se preveían”: la rebaja de penas a agresores sexuales. Ha añadido que además se les había transmitido la “necesidad de reformar la norma”.

Łukacijewska también ha reconocido que España ha adaptado correctamente el sentido del consentimiento que establece el Convenio de Estambul, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer, y ha querido “subrayar” que el “papel del Parlamento Europeo no es resolver los problemas o ejercer presión” para cambiar la norma, ya que no tiene potestad ni poder fáctico sobre la legislación española. “Simplemente, mostramos la esperanza derivada de todas nuestras reuniones de que se logre en España una buena solución para todos los problemas que se han señalado desde los medios de comunicación y la sociedad”, ha subrayado.

Venían a evaluar y a aprender sobre cómo España legisla sobre violencia machista y violencia sexual, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, cuidados y dependencia, pero la visita de las diputadas se ha convertido, de forma pública, en un ataque a través de declaraciones a los medios desde la derecha al Ejecutivo de coalición a cuenta de las rebajas de penas y excarcelaciones por la aplicación de la ley del solo sí es sí y de la recién aprobada ley trans. Algunas de las reuniones tuvieron momentos tensos, como la que mantuvieron con la ministra de Igualdad, Irene Montero. Iban ajustadas de tiempo, y cuando acabó la reunión con Montero, la ministra quiso que Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, les explicara y diera datos sobre la ley de libertad sexual, pero la jefa de la delegación no quiso quedarse “10 minutos más” y pidió “que lo enviaran todo por correo”, según fuentes presentes en la cita.

Tanto en la rueda de prensa de Łukacijewska —cuyo contenido, según fuentes de esa delegación, “no había sido consensuado de forma unánime” con el grupo— como en posteriores declaraciones de la española Rosa Estaràs, también del PP, y de Soraya Rodríguez, de Ciudadanos, se ha insistido en “la urgencia” de reformar la norma.

Según Estaràs, “en todas [las reuniones] el denominador común ha sido frenar la deriva y la alarma social que han creado las rebajas de condenas [a agresores sexuales], que en este momento son 522 y 54 excarcelados”, datos que les ha “confirmado” el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un encuentro este miércoles por la mañana. Las eurodiputadas se vieron con la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, y con la vocal Carmen Llombart, ambas propuestas por el PP para formar parte del órgano. También con un magistrado del Tribunal Supremo.

La diputada popular afirmó que el Poder Judicial había “explicado que durará cinco años todo el proceso de revisiones de estas condenas y que en este momento hay 4.000 criminales en las cárceles españolas que probablemente pedirán su revisión”, por lo que habrá “miles de rebajas”.

Fuentes del CGPJ han aclarado que lo que se ha señalado es que las revisiones abarcan, en principio, a las sentencias dictadas en los cuatro o cinco últimos años, que son las que están actualmente ejecutándose; y que durante el encuentro las representantes europeas han preguntado cuántas sentencias estiman que se van a revisar y el magistrado del alto tribunal ha explicado que hay alrededor de 4.000 condenados por delitos sexuales cuyos casos pueden ser susceptibles de revisión, aunque en la mayoría no habrá, previsiblemente, rebaja de penas.

Fuentes del Poder Judicial también señalan que les han transmitido que los jueces no están reduciendo las penas de forma generalizada, sino solo en aquellos casos en los que la nueva norma contempla castigos más leves que el aplicado con la anterior legislación, tal y como fija el Código Penal, que obliga a aplicar de forma retroactiva la ley cuando sea favorable al reo. Una cuestión a la que también ha hecho alusión otra de las eurodiputadas de la misión, la jurista y vicepresidenta primera de la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad del Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, quien ha asegurado que “no todas” aquellas personas con las que se han reunido han hablado de esa alarma social ni de la reforma ni solo de eso, aunque “muchas hayan querido poner ahí el foco”. “Este viaje”, ha asegurado, no tenía “la intención de fiscalizar nada” sino de ver cómo se legisla en España sobre cuestiones de igualdad.

Una visita “descontextualizada”

Esta visita fue agendada el año pasado, antes de que la ley del solo sí es sí se aprobara y antes de que comenzara el goteo de reducciones de condenas y excarcelaciones. ¿El motivo? La socialista Lina Gálvez, otra de las eurodiputadas de la misión, explicaba que “España supone una referencia en igualdad para el resto de Europa” y la agenda legislativa en esta área del Parlamento Europeo versa sobre las directivas de lucha contra la violencia de género y la de trata, así como la estrategia europea de cuidados.

“Hemos venido a aprender la arquitectura institucional y legal española que es, junto con la de Suecia, la más avanzada y, sin duda, un modelo en políticas de igualdad”, ha dicho Gálvez. Y ha añadido que es “lamentable que los partidos de derecha hayan abandonado el papel institucional como representantes del Parlamento Europeo, para utilizar cuestiones de política interna y hacer oposición al Gobierno de España”, porque, ha añadido, “descontextualiza el objeto de la delegación”.

Con la ley trans, el discurso ha sido menos incisivo. Según la eurodiputada Soraya Rodríguez, no han encontrado disenso entre las ministras de Igualdad y Justicia, Irene Montero y Pilar Llop, como sí lo habían hallado en torno a la reforma de la ley de libertad sexual; aunque la representante de Ciudadanos ha insistido en “lo peligroso” de que “se desdibujen” las casillas de mujer y de hombre.

También Łukacijewska se ha referido durante la rueda de prensa a esta norma, aprobada la semana pasada. Ha contado que “un magistrado del Observatorio” de Violencia de Género les había indicado que la ley “podría afectar a menores de 18″, en relación al debate generado en la tramitación de la legislación sobre la autodeterminación de género para los menores, aunque no ha ahondado en ninguno de esos “efectos” que la norma podría tener.

Y ha aludido también a que las mujeres víctimas de violencia machista de un centro que han visitado les habían “hablado de las consecuencias de esta ley, que darían lugar a una serie de problemas en relación a la Ley contra la Violencia de Género”, porque “quien hoy es un hombre puede ir al registro y cambiar de género”. Aunque el artículo 46.3 regula de forma específica esta cuestión, establece que “la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

Una vez concluido su viaje, la delegación se reunirá en Bruselas, analizará las conclusiones y emitirá un informe conjunto, aunque no vinculante.