El nuevo secretario de la Conferencia Episcopal afirma que hay que respetar a todos los modelos de familia: “Jesucristo no inventó el matrimonio”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El nuevo secretario de la Conferencia Episcopal (CEE), el obispo César García Magán, ha dado un giro al discurso que hasta ahora había tenido la Iglesia católica española. Durante la rueda de prensa de este viernes tras la asamblea plenaria de los prelados españoles, el también portavoz ha pedido a la sociedad que no condene los nuevos modelos de familia, y ha insistido, por primera vez, en “encauzar” los procedimientos de los obispos en el escándalo de la pederastia para dar justicia a las víctimas que sufrieron abusos en el pasado y los delitos hayan prescrito. Ante las preguntas de los periodistas de cómo valora el anteproyecto de ley de familias, parte del cual ha adelantado esta mañana ABC, y en el que se mencionan 16 tipos diferentes de familia, García Magán ha huido de la postura conservadora eclesiástica que hasta ahora condenaba, entre otros, el matrimonio igualitario. Ha declarado que “en el contexto de una sociedad democrática y plural” la Iglesia tiene el derecho a proponer el modelo de familia que marca el evangelio, pero que eso no significa que condene o excluya a nadie que elija otra opción. “Jesucristo no inventó el matrimonio. El matrimonio ya existía: en el derecho romano, en el derecho griego, en el derecho egipcio, en el derecho israelí... Existía la institución del matrimonio y había otro tipo sociológico de uniones. Jesucristo lo que hace es coger esa institución, que era preexistente a él, y decir que cuando se da entre bautizados es un sacramento. (...) Por lo tanto, los obispos presentamos eso [ese modelo] porque es nuestra posición, respetando las demás y pidiendo también que sea respetada”, ha subrayado el prelado, considerado de línea conservadora.

Las palabras del nuevo portavoz contrastan con las que, hasta ahora y desde la aprobación del matrimonio igualitario en 2005, habían lanzado sus predecesores, que subrayaban que el matrimonio solo es la unión entre un hombre y una mujer. De hecho, el arzobispo Luis Argüello, al que relevó el miércoles en el cargo, afirmó en su primera rueda de prensa en 2018, sobre la orientación sexual y la elección de sacerdotes: “Pedimos candidatos que sean enteramente varones, o sea, heterosexuales”. Cabe destacar, que el pasado lunes, el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, volvió a arremeter durante el discurso inaugural de la plenaria contra la nueva ley trans, a la que ya anteriormente la dirección de la Conferencia había definido como “la perversión de una legislación ideológica”. Durante la rueda de prensa de este viernes, César Magán no ha mencionado este asunto, más allá de enumerarlo junto con los otros temas que el episcopado español ha tratado esta semana.

El nuevo portavoz también ha valorado personalmente otros temas de actualidad, como la rebaja de condenas tras la aprobación de la ley del solo sí es sí. “Somos conscientes de las dificultades jurídicas y las consecuencias con un poco de alarma social, justa, que se ha producido. Cuando una ley se ve que es imperfecta, se resuelve en el Parlamento. Los jueces no tienen la culpa, no hay que culpabilizar, o mejor, responsabilizar a los jueces”. Del mismo modo, ha aprovechado para calificar como “preocupante” la violencia contra la mujer en la sociedad española: “Es condenable, execrable, nunca justificable”.

Su enfoque sobre el escándalo de los abusos en la Iglesia también difiere del de Argüello. Mientras este último se limitaba a hablar de “denunciantes”, a justificar el problema en que “solo eran unos pequeños casos” y se lamentaba de que el foco sobre este tema se ponía únicamente sobre la Iglesia, García Magán habla de “víctimas”, insiste en la necesidad de estar siempre con ellas y define el asunto como “un problema social en el que, lamentablemente y condenablemente, la Iglesia está involucrada”. Durante su alocución, ha avanzado que en la plenaria los obispos han aprobado “un protocolo marco de prevención y actuación” y unas “líneas guía” a seguir por todas las diócesis, donde se incluyen algunas novedades respecto al protocolo que la CEE publicó en 2010, como el derecho a una reparación económica de los afectados.

No obstante, la Conferencia Episcopal sigue sin afrontar las acusaciones de encubrimiento de casos de pederastia que pesan sobre al menos 39 obispos españoles, 14 de ellos vivos y algunos de ellos presentes en la votación del secretario general. Algo muy diferente a lo que otras conferencias homólogas sí han hecho. La última ha sido la francesa, que hace unas semanas, durante la asamblea plenaria en Lourdes, admitió que hasta la fecha al menos 11 obispos franceses han pasado por la justicia civil o canónica por encubrir abusos o por haberlos cometido. La última confesión ha sido la del arzobispo emérito de Burdeos, el cardenal Jean-Pierre Ricard, que ha admitido haber abusado hace 35 años de una niña de 14. César Magán ha afirmado durante la rueda de prensa que en España no existe ninguna acusación contra un obispo por haber cometido abusos ni tampoco se está investigando a ninguno por encubrir dicho delito.

Precisamente en la diócesis de Toledo, de la que García Magán ha sido vicario general, hay un polémico caso en el que está en duda la actuación del obispado, que desoyó durante años a una víctima. Se trata de una denuncia presentada en 2016 contra P. F. R. R., director espiritual del seminario menor de Toledo, acusado de abusos por uno de los alumnos. El juicio se celebrará en los próximos meses. El obispado nunca se ha puesto en contacto con la víctima y no le ha tomado declaración en el proceso canónico. Preguntado por este asunto, el nuevo secretario ha declarado que en este caso la diócesis “ha hecho los deberes”, que ha seguido lo que marca la norma canónica y que el caso se encuentra ya en el Vaticano a la espera de que confirme una sentencia. “El sacerdote desde hace años tiene unas medidas cautelares, canónicas. El retraso [en juzgarlo] no ha sido debido a nosotros, sino en la jurisdicción de otro orden”, ha matizado, aunque ha añadido que la comparecencia de este viernes era en calidad de secretario general y no como obispo auxiliar de Toledo. Pero se ha comprometido a dar explicaciones en las próximas semanas si se las solicitan a la archidiócesis toledana.

No obstante, según el relato de la Fiscalía, el menor informó en 2009 a otro sacerdote de los abusos, que comenzaron cuando tenía 14 años. Su madre se lo contó luego a varios curas de confianza y al propio arzobispo de entonces, Braulio Rodríguez, en 2010. Pero Rodríguez no tomó ninguna medida, no ha querido aclarar si informó a las autoridades y mantuvo en el seminario al acusado durante cinco años más, hasta que en 2015 lo trasladó a una parroquia de la ciudad. Según la fiscal, la Iglesia “prefirió guardar silencio, llegando a transmitir a la madre de la víctima el arzobispo de Toledo, ante quien relató los hechos, que lo que contaba su hijo obedecía a ‘sus afectos desordenados’ y que le pondría en oración”.

Pese a la denuncia, el cura ha seguido en su cargo estos años y ha dirigido retiros espirituales. El siguiente arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, designado en 2020, tampoco tomó medidas e incluso ese año nombró al cura miembro de la vicaría para el clero. La archidiócesis explicó que “desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, el anterior arzobispo procedió, con pleno respeto al principio de presunción de inocencia, conforme a la legislación canónica vigente”. No aclaró si abrió un proceso canónico e informó al Vaticano, como era su obligación. Respecto al actual arzobispo, apuntó que “al conocer la situación, está aplicando la normativa recogida en el vademécum publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe”. Ante el anuncio del procesamiento, en mayo de 2021, el arzobispado detalló que “el sacerdote tiene las medidas cautelares” y el proceso canónico “continúa la fase de instrucción”. No ha querido aclarar en qué fecha el arzobispado informó al Vaticano y solo responde que “se ha procedido conforme a lo establecido por la Santa Sede en tiempo y forma”.