Los obispos españoles se reúnen para nombrar a su próximo secretario general sin mencionar el escándalo de la pederastia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La sala de plenos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en Madrid aún olía a cerrado la mañana de este lunes cuando más de 70 obispos españoles han tomado asiento en la inauguración de su segunda plenaria anual para tratar, entre otros temas, la elección de su próximo secretario general y portavoz, la cara visible de los prelados y el encargado de coordinar todos los asuntos de las diócesis. Un nombramiento relevante que cierra un año difícil y muy combativo para la Iglesia española: la crisis de los abusos sexuales a menores, sus constantes ataques contra algunas leyes (como la trans o la del aborto), la pérdida permanente de creyentes y la merma de vocaciones en sus seminarios.

José Luis Omella, cardenal de Barcelona y presidente de la Conferencia, ha pronunciado un discurso inaugural en el que ha alertado sobre los problemas a los que se está enfrentando la sociedad española y cuál es el papel que debe desempeñar la Iglesia como “acompañante”. En las 25 páginas de su alocución, no ha hecho ninguna referencia a la cuestión de los abusos a menores en el seno eclesiástico ni a las acusaciones de encubrimiento que pesan sobre al menos 39 obispos españoles, 14 de ellos vivos y presentes en la asamblea de esta semana. Todo lo contrario a lo que hace unas semanas ocurrió durante la asamblea de la Conferencia Episcopal Francesa, que admitió que hasta el momento 11 obispos franceses han pasado por la justicia canónica o civil por encubrir abusos e incluso por cometerlos. El último caso ha sido el del arzobispo emérito de Burdeos, el cardenal Jean-Pierre Ricard, que ha confesado haber abusado de una niña de 14 años hace 35.

Omella, por otro lado, ha acusado al Gobierno de valerse de la actual “crisis económica y social” para intentar sacar adelante “por la vía rápida” la nueva ley del aborto y la ley trans “sin escuchar el parecer de las diferentes instancias científicas y éticas de nuestra sociedad”. No es la primera vez que los obispos españoles atacan al Ejecutivo por la ley trans. El pasado octubre, la CEE la tildó como “la perversión de una legislación ideológica”. En esta ocasión, el presidente de la Conferencia ha afirmado que la autodeterminación de género “no tiene fundamento médico ni científico” y que favorece “un enfoque quirúrgico e irreversible, cuando es sabido que más del 70% de los niños que quieren cambiar de sexo” se replantea dicha decisión años después. “Hemos recogido numerosas intervenciones llenas de preocupación que llegan del ámbito médico, y que denuncian una verdadera explosión de falsos casos de transexualidad que se afrontan de un modo que luego resulta irreversible, con graves consecuencias para las personas”, ha asegurado Omella, que no ha remitido a ningún estudio científico que apoyen este argumento ni ha dado referencias para encontrarlo.

En España, no hay una cifra conocida de cuántas personas se someten a un proceso de detransición y son puntuales los datos sobre la población trans, que no cuenta con un recuento oficial. En la mayoría de las investigaciones académicas hechas sobre este tema, los números referidos son de usuarios de las unidades de identidad de género de los hospitales. Por ejemplo, el estudio Transexualidad: Transiciones, detransiciones y arrepentimiento en España, de 2020, tuvo “una cohorte de 796 personas con incongruencia de género atendidas desde enero de 2008 hasta diciembre de 2018 en la Unidad de Identidad de Género” del hospital valenciano Doctor Peset. De todos ellos, solo están documentados ocho casos de “detransición y/o desistencia”.

El presidente de la CEE ha centrado su discurso en la “crispación política” y la falta de consenso entre los dirigentes para “resolver los problemas” y “ofrecer serenidad a la ciudadanía”. Para el presidente de la CEE, el actual contexto político, económico y social dibuja “un panorama sombrío” instigado, entre otras cuestiones, por la inflación. “Muchas familias ven cómo sus salarios o prestaciones sociales son insuficientes, o, incluso, carecen de ellas, y sufren la angustia de no llegar a fin de mes, ni cubrir sus necesidades básicas”. Como solución, Omella sugiere “acordar un gran pacto de rentas” para que las personas con menos ingresos puedan superar con dignidad “este tiempo de travesía por el desierto”.

También ha alertado sobre la precariedad laboral, la lentitud de los trámites para pedir ayudas públicas, la ineficacia para promocionar la conciliación y la falta de políticas activas de vivienda para los jóvenes. “Los precios del alquiler registran máximos históricos en todas las ciudades. Hemos llegado al punto de que cuatro de cada 10 inquilinos —7,4 millones de personas en España— destinan más del 40% de su sueldo al arrendamiento; es decir, están sobreendeudados, según Eurostat. España es el cuarto país de la UE con más arrendatarios en situación financiera más comprometida. ¿No es el tema de la vivienda uno de los verdaderos problemas sociales que debe ser abordado?”, ha señalado el cardenal de Barcelona. Ante el descenso de la natalidad, el presidente ha sugerido que puede ser una oportunidad para acoger a más inmigrantes, siempre a través de “políticas de acogida ordenada de inmigrantes” para que puedan integrarse adecuadamente y estén protegidos de “la impiedad de las mafias”.

El perfil del nuevo secretario que saldrá de la asamblea plenaria puede suponer un punto de inflexión en la Iglesia, tanto en su discurso como en la dirección de sus políticas, dependiendo de si los obispos eligen a un candidato aperturista o mantienen la línea conservadora que han seguido hasta ahora. En los pasillos de Añastro —calle donde se ubica la sede de la CEE— suenan ya algunos nombres del sucesor de Luis Argüello, que presentó su dimisión como secretario el pasado junio tras su nombramiento como arzobispo de Valladolid: el obispo auxiliar de Madrid, José Cobo; César García, obispo auxiliar de Toledo, y Francisco José Prieto, purpurado en Santiago de Compostela. La CEE comunicará quién es el elegido este miércoles.