Un estudio de la Universidad de Oxford relaciona la privatización sanitaria con el aumento de la mortalidad evitable en Inglaterra

La investigación muestra cómo la externalización de servicios deja a los hospitales públicos con menos recursos para atender a los pacientes más complejos, mientras las empresas acaparan los enfermos con mejor pronóstico

Una ambulancia atiende a un paciente en Essex, el Reino Unido.
Una ambulancia atiende a un paciente en Essex, el Reino Unido. John Nguyen (DPA / Europa Press)

La privatización de servicios en los sistemas sanitarios públicos ha sido motivo de intensos debates en los países que han apostado por estas políticas durante las últimas décadas. La necesidad de dar mayor peso al sector privado en la sanidad pública en busca de mejoras en la gestión y eficiencia ha sido uno de los argumentos más utilizados por los gobiernos a la hora de aprobar unas medidas que se han topado con una fuerte contestación social. Los detractores rechazan que uno de los pilares del Estado de bienestar se ponga en manos de empresas con afán de lucro que pueden tener otras prioridades que la mejora de la salud de la población.

Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Oxford y publicado el viernes en la prestigiosa revista The Lancet Public Health ha agitado ahora con fuerza las aguas de esta controversia. El trabajo, que analiza en su totalidad el impacto de la privatización de servicios por casi 240.000 millones de euros en 173 áreas sanitarias de Inglaterra entre 2013 y 2020, relaciona esta medida con un “empeoramiento de la asistencia sanitaria” y un incremento de la mortalidad evitable entre la población. Se considera un fallecimiento como evitable si el paciente hubiera sobrevivido con un diagnóstico temprano y una buena atención sanitaria.

“Un incremento anual de un punto porcentual en las externalizaciones al sector privado con afán de lucro se corresponde con un incremento de la mortalidad evitable del 0,38% o 0,29 muertes por 100.000 habitantes al año siguiente”, recogen las conclusiones de la investigación. En total, los autores estiman que las privatizaciones impulsadas a partir de 2012 por el Gobierno conservador de David Cameron se relacionan con “557 muertes evitables adicionales en las 173 áreas estudiadas”.

El estudio ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública británica y los investigadores sanitarios. “Pienso que si nuestro trabajo está recibiendo tanta atención es porque es el primero que analiza el impacto agregado de las externalizaciones en el Sistema Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés). Hasta ahora no sabíamos si las privatizaciones habían mejorado o empeorado la calidad de la asistencia. Es un asunto que también tiene una importante repercusión política en Inglaterra, con mucha gente realmente preocupada ante cualquier paso hacia la privatización del NHS”, explica uno de los autores del estudio, Benjamin Goodair.

“Es un estudio rompedor por la calidad de la investigación, el prestigio de los autores, la entidad de la revista que lo publica y las conclusiones. Llevamos años hablando del impacto de las privatizaciones, pero aún nos faltan muchas evidencias. Este trabajo es un primer paso y muestra la necesidad de seguir investigando en la evaluación del resultado de las privatizaciones”, añade Sergio García Vicente, miembro de la junta directiva de la Asociación Economía y Salud (AES).

Como sucede en este tipo de estudios observacionales, el trabajo no llega a establecer una relación directa de causalidad entre los fallecimientos y las privatizaciones. “Para hacerlo deberíamos hacer un experimento aleatorio y enviar a pacientes a distintos proveedores sanitarios para medir a continuación los resultados, algo que obviamente no sería ético”, explica Goodair.

Pero lo que sí pueden hacer los autores es analizar con posterioridad los resultados obtenidos por pacientes reales en las áreas con más servicios privatizados y compararlos con los logrados en aquellas donde apenas hay servicios sanitarios en manos privadas. Esto permite plantear hipótesis avaladas por las evidencias encontradas. Unas hipótesis cuyo interés destaca José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad.

“No se trata tanto de un efecto directo, por mala calidad asistencial de los servicios privatizados, sino posiblemente de un complejo efecto indirecto. Como dice el estudio, la subcontratación incrementa la presión general sobre el sistema. Las empresas con afán de lucro se quedan con los servicios más rentables y los pacientes con menor riesgo y comorbilidades. Esto produce un drenaje que deja a los centros públicos con menos recursos y la responsabilidad de atender a los pacientes con más necesidades y peor pronóstico. Este empobrecimiento dinámico de los proveedores públicos configura una hipótesis verosímil para desarrollar nuevos estudios y para situarlo en la agenda pública y política”, valora Repullo.

Este hecho ilustra la dificultad con la que se encuentran muchos investigadores a la hora de analizar los resultados de la asistencia pública y privada en países como España. “Los estudios realizados que comparan los hospitales privatizados con el modelo Alzira en la Comunidad Valenciana con los de proveedores públicos no han encontrado hasta el momento diferencias de calidad relevantes. Pero, por ejemplo, si tú no sabes a cuántos pacientes complejos ha rechazado el hospital privatizado y han terminado en la pública, hay un sesgo en los datos. Por esto es importante una mayor transparencia”, explica Sergio García Vicente.

Este experto considera que hay que ser cauto a la hora de trasladar los resultados obtenidos por la Universidad de Oxford a otros países. “En Inglaterra la parte del sistema privatizada es relativamente pequeña. En los años estudiados crece, pero lo hace del 4% a algo más del 6% del total del gasto sanitario. En España, el sector privado tiene desde hace décadas un peso mucho mayor y está más integrado con el sistema público. Es algo que arranca con Muface [la cobertura privada que cubre a más de 1,5 millones de funcionarios] y se ha consolidado en muchas comunidades”.

Repullo sí destaca que hay riesgos comunes: “La externalización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos singularizados tienden a fragmentar la atención sanitaria, mientras la calidad asistencial tiene un componente importante en la integración de todos los niveles asistenciales. Si optamos por un modelo de supermercado en el que el usuario picotea de diferentes proveedores sanitarios, podemos llegar a tener unos excelentes procedimientos individuales y una mala medicina general. Por ello, es verosímil pensar que una mayor externalización de servicios asistenciales no va a ser beneficiosa. Si a esto añadimos conductas oportunistas de proveedores externos con ánimo de lucro y una falta de control del cumplimiento de los contratos, el riesgo de gastar mucho y obtener poco en salud se amplía considerablemente”.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) es una de las entidades que desde hace más de dos décadas rechaza con mayor vehemencia las privatizaciones. “El estudio es importante porque confirma lo que otros estudios parciales habían avanzado y lo que hemos podido observar en la evolución del sistema sanitario en los últimos años. Los recursos económicos destinados a las privatizaciones debilitan la sanidad pública y favorecen otros intereses. Lo deseable sería reinvertirlos en el sistema para hacerlo más fuerte y eficaz”, explica el portavoz de la organización, Marciano Sánchez Bayle.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal que agrupa a más del 80% de los hospitales privados españoles, rechaza que las conclusiones del informe de la Universidad de Oxford sean extrapolables a España. “De ningún modo. Basta citar algunos casos y datos concretos en los que las propias administraciones han reconocido la gestión eficaz de áreas de salud externalizadas, como por ejemplo la Comunidad Valenciana”, afirma el presidente de la entidad, Carlos Rus. Rus expone las conclusiones de una auditoría de la Sindicatura de Cuentas de esta comunidad sobre el Departamento de Salud de Torrevieja, que sostiene que la privatización logró “un ahorro del gasto corriente público en torno a 45 millones de euros anuales, lo que implica un 30% menos” que el gasto medio de hospitales de gestión pública del mismo nivel, o los niveles de satisfacción mostrados por los pacientes de otras zonas sanitarias de la misma comunidad o de Madrid con hospitales privatizados.

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Sobre la firma

Oriol Güell

Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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