La Generalitat, lista para recuperar la gestión pública directa del Hospital de Torrevieja
El Consell aprueba el decreto que regula los puestos de trabajo del centro tras la reversión el 15 de octubre
Ya lo avanzó la consejera de Sanidad, Ana Barceló, el pasado miércoles en las Cortes Valencianas y este viernes lo ha vuelto a repetir la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra: la Generalitat valenciana está preparada para recuperar el próximo día 15 la gestión directa del departamento de salud de Torrevieja, a pesar de las, según ha dicho, continuas obstrucciones de la empresa concesionaria, Ribera Salud, al proceso de reversión.
El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto que regula las condiciones laborales del personal del departamento de salud de Torrevieja (Alicante) tras la reversión a gestión pública directa, prevista para el próximo sábado 16 de octubre.
A partir de entonces, la Generalitat subrogará los contratos vigentes en esa fecha, tanto temporales como indefinidos, por lo que los trabajadores afectados seguirán en sus puestos en condición de personal laboral a extinguir.
“Que la gente esté tranquila porque el servicio estará garantizado en condiciones de calidad y desde la gestión pública directa, que tiene como objetivo único no los beneficios empresariales, sino la atención a las personas”, ha subrayado Oltra.
Oltra, tras recordar que no es la primera reversión sanitaria que impulsa la Generalitat, ha defendido esta visión de la salud como un derecho y no como un negocio porque “no solo se garantiza la prestación del servicio, sino que será público y de calidad”.
También ha hecho hincapié en que los trabajadores serán subrogados por el Consell cuando finalice la concesión a Ribera Salud y en que se actuará en base a la norma aprobado este viernes: “A partir de ahí, garantizo que se cumplirán los derechos laborales”.
Barceló compareció a petición propia, para informar sobre este proceso, que ha afirmado que se llevará a cabo “con total normalidad para la ciudadanía”, y “con total seguridad jurídica y atendiendo las necesidades asistenciales de la población protegida”.
Ha asegurado que el equipo directivo que se hará cargo del mismo ya está preparado y dispuesto todo lo necesario para que el Hospital, y el departamento en su conjunto, esté al cien por cien desde el minuto uno, y está preparada la incorporación “al entorno Generalitat” para que todo el sistema pueda estar en funcionamiento sin problemas. Desde la Dirección General de Recursos Humanos se tramita ya el decreto para la incorporación de todo el personal, un decreto que, según la consejera, “les dará seguridad”, y desde julio se cuenta con una bolsa de empleo para este departamento de salud, en la que ya se han inscrito más de 6.000 personas.
Los grupos de la oposición han acusado al Consell de acometer una reversión basada en la “ideología” y el “sectarismo”, han asegurado que el departamento de Torrevieja es uno de los más eficientes, y han preguntado qué va a pasar con los 300 trabajadores a los que el próximo viernes les finaliza el contrato.
La consejera ha defendido que las políticas y las decisiones de partidos y gobiernos obedecen a su ideología, y ha señalado que “cuando el PP decidió desgajar una una parte de la sanidad pública para entregarla a una empresa privada”, lo hizo “por una cuestión economicista e ideológica”. Y además, añadió “lo hizo sin informes de ningún tipo, ni económico ni de viabilidad que sostuviera la decisión”, mientras que en este momento, el Consell cuenta con un estudio, que no solo abarca la parte económica sino también la asistencial, y con otros informes que avalan la reversión.
Sanidad asegura que la reversión se lleva a cabo “en defensa del interés público y el bien común”, pues la realidad de la gestión de Ribera Salud no es el “éxito impecable” que quiere dibujar el PP, ya que los datos que ofrece la empresa son “opacos”, y solo facilita aquello que les beneficia. Ha asegurado que con los datos aportados por la concesionaria es “imposible comparar los dos modelos”, y ha señalado que la Administración autonómica tiene “derecho a que la sanidad esté dentro del sistema público”, y a su juicio, vale la pena” el esfuerzo que están realizando.
Barceló ha detallado las deficiencias de los pliegos de condiciones de las concesiones sanitarias, como no tener en cuenta las particularidades propias de cada departamento de salud ni el tiempo transcurrido entre las adjudicaciones; dificultar los mecanismos de control por parte de la Administración, y una “confusión” que favorece la litigiosidad. Además, ha denunciado la obstrucción del proceso de reversión por parte de la concesionaria de Torrevieja, al no atender los requerimientos de la consejería y acudir a la vía judicial con el único objetivo, según Barceló, de dilatar el proceso.
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