ABORTO
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El control del cuerpo de las mujeres

La sentencia del Tribunal Supremo de EEUU que establece que el derecho al aborto no está amparado por la Constitución es el baluarte de un orden neomachista que quiere relegar a las mujeres a una función reproductora y de cuidado de la especie

Un grupo de manifestantes contra la decisión del Supremo en una calle de Los Ángeles, en Estados Unidos.
Un grupo de manifestantes contra la decisión del Supremo en una calle de Los Ángeles, en Estados Unidos.MARIO TAMA (AFP)

Viene con fuerza una ola reaccionaria que, de prosperar, puede llevarse por delante muchos de los derechos civiles conquistados en las últimas décadas. La sentencia del Tribunal Supremo de EEUU que establece que el derecho al aborto no está amparado por la Constitución y permite a 50 estados del país legislar para restringirlo o prohibirlo, demuestra que ningún avance puede darse por definitivamente conquistado. Lo grave de este caso es que la decisión no procede de una mayoría social expresada a través de los órganos legislativos, sino de un órgano judicial no electo que se arroga funciones legislativas al servicio de una causa ideológica que solo sustenta una minoría religiosa anclada en el pasado.

El Tribunal Supremo es un órgano formado por jueces vitalicios y su composición actual está determinada por la azarosa circunstancia de que un presidente retrógrado y amoral como Donald Trump pudo elegir hasta tres de sus miembros y se aseguró de que los elegidos estuvieran en sintonía con las minorías religiosas fanatizadas que han colonizado el Partido Republicano. Lo que para esas minorías es un pecado, puede convertirse de repente en un delito penado con hasta diez años de prisión. Hasta ahora, ninguna mujer que creyera que abortar era pecado estaba obligada a hacerlo. A partir de este fallo, muchas de las que quieran interrumpir un embarazo no deseado tendrán que viajar a otro estado o poner en peligro su vida con un aborto clandestino.

Muchos temen que la derogación de la sentencia Roe contra Wade de 1973 abra la puerta a revisar también otros derechos civiles. En algunos estados republicanos, la facción ultraconservadora del partido ya clama por derogar el matrimonio homosexual e incluso el derecho a tomar anticonceptivos. No es un temor infundado. En el voto concurrente introducido en el fallo, el juez Clarence Thompson afirma que esta sentencia permite “reconsiderar todos los precedentes sustantivos” que amparan derechos adicionales al cuerpo inicial de la Constitución, “incluidos los casos Griswold, Lawrence y Obergefell”. El caso Griswold contra Connecticut estableció en 1965 el derecho de una pareja casada a usar anticonceptivos sin interferencias del Gobierno. En el caso Lawrence contra Texas el tribunal estableció en 2003 que los estados no podían penalizar la sodomía y en el de Obergefell contra Hodges consagró en 2015 el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Si este planteamiento prosperara, el fallo contra el aborto sería el primer paso de un viaje al pasado que puede llevar a gran parte de los Estados Unidos a funcionar como un Estado teocrático autoritario capaz de imponer principios religiosos de carácter minoritario mediante un marco jurídico propio del siglo XVII. Entre la ofensiva del gobierno teocrático talibán, que ha privado de sus derechos a las mujeres de Afganistán, incluido el acceso a la educación, y la legislación de un Estado norteamericano que obligue a las mujeres a culminar un embarazo no deseado, incluso cuando ponga en peligro su vida o sea fruto de una violación o un incesto, solo hay una diferencia de alcance. La corriente de fondo es la misma.

Lo que está ocurriendo forma parte de una ola ultraconservadora y reaccionaria que no para de crecer. Como sostiene la dirigente feminista Gloria Steinem, el autoritarismo siempre comienza intentando controlar el cuerpo de las mujeres. Es el baluarte de un orden neomachista que quiere relegarlas a una función reproductora y de cuidado de la especie. Se empieza cercenando los derechos reproductivos y se puede acabar cuestionando hasta el derecho a voto de las mujeres si pone en peligro ese orden. Al fin y al cabo, el sufragio femenino, reconocido en 1920 al ratificarse la 19 enmienda, también forma parte de los derechos constitucionales adicionales no incluidos en el núcleo original de la constitución aprobada por los padres fundadores. Harán bien las mujeres norteamericanas de tenerlo en cuenta en las cruciales elecciones de noviembre próximo que han de decidir el Senado y la Cámara de Representantes.

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