La ‘América pos-Roe’: cómo la sentencia sobre el aborto agrava la polarización de Estados Unidos

Estados Unidos amaneció este sábado convertido en un país extranjero para las 36 millones de mujeres en edad reproductiva que viven en los Estados (al menos 26 de 50) en los que el acceso al aborto está en peligro después de que el Supremo tumbara el día anterior en una sentencia histórica su protección federal. La garantizaban sendos fallos de esa alta instancia, Roe contra Wade (1973) y Casey contra Planned Parenthood (1992). Los seis magistrados conservadores que votaron a favor de cambiar un precedente de medio siglo devuelven a los Estados la potestad para legislar sobre el tema.

Al final de una jornada histórica, que marca un antes y un después en la jurisprudencia, la sociedad y la política estadounidenses de consecuencias aún impredecibles, al menos nueve de ellos ya habían derogado el aborto con efecto inmediato. Ocho (de Alabama a Wisconsin y de Luisiana a Misuri, a cuyo fiscal general, Eric Schmitt, le faltaron los minutos para correr y ser el primero) lo hicieron a lo largo del viernes. El noveno, Oklahoma, aprobó en mayo una ley que criminaliza prácticamente cualquier interrupción del embarazo desde el mismo momento de la fertilización e incluye medidas para perseguir penalmente a quienes colaboren en su práctica.

Del estupor por la pérdida de un derecho de salud reproductiva que se daba por sentado a la alegría de quienes vieron cómo el movimiento antiabortista lograba una victoria trabajada durante décadas, la reacción a la sentencia demostró la polarización de una sociedad profundamente dividida (en la que, según diversos sondeos, unas dos terceras partes se oponían a la derogación de la sentencia de 1973). El mapa que deja lo que ya se conoce como la América pos Roe se pinta con cuatro colores: el de los Estados que ya han prohibido el aborto; los que piensan derogarlo o restringirlo en los próximos días o semanas; aquellos en los que la decisión depende del partido que gane las siguientes elecciones y esos en los que se espera que se mantenga o se refuerce su protección.

“Esos jueces saben lo que están haciendo: dividir aún más Estados Unidos. El aborto es el asunto que más nos enfrenta, por encima de la raza”, explica a EL PAÍS Joshua Prager, autor de The Family Roe, la investigación más completa sobre Jane Roe, nombre ficticio que dieron a la demandante, Norma McCorvey.

Aunque la matemática dista mucho de ser aún exacta, 13 Estados cuentan con lo que se conoce como leyes gatillo (trigger laws), que llevan años votadas por los legisladores (la última es la de Wyoming) y estaban esperando a que llegara la decisión del Supremo para disparar sus efectos legales inmediatamente o en un plazo de 30 días. En ese último grupo entra, por ejemplo, Texas, donde quieren ir más lejos de las restricciones que prevé su famosa norma del latido, que prohíbe la interrupción del embarazo desde que el corazón del feto comienza a funcionar, en torno a la sexta semana, cuando muchas mujeres no tiene aún manera de conocer su estado. En la mayor parte de los casos, los textos prevén excepciones cuando peligra la salud de la madre, pero casi ninguno admite la salvedad de la violación o el incesto.

Iowa, Alabama, Ohio, Georgia y Carolina del Sur no cuentan con mecanismos de activación inmediata, pero sí han promulgado normas cuya aplicación estaba parada en los tribunales. Al cambiar la jurisprudencia del Supremo, ya no hay ningún motivo para que no recuperen su marcha.

Elizabeth Nash, analista del Instituto Guttmacher, centro de referencia en los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos, recordaba en una conversación con este diario el caso, en este mosaico mutante, de los Estados (cinco, según sus cálculos: Alabama, Arizona, Carolina del Norte, Míchigan y Wisconsin), que cuentan con leyes escritas antes de la sentencia de Roe contra Wade. El ejemplo más llamativo tal vez sea el de Míchigan y su norma de 1930, que, si fuera por el Partido Republicano, que controla el senado y la cámara de representantes, entraría en vigor de inmediato. La gobernadora, la demócrata Gretchen Whitmer, y el fiscal general no están dispuestos a dejar que eso suceda. El puesto de Whitmer está en juego en las elecciones del próximo mes de noviembre, unos comicios para los que su partido, con el presidente Joe Biden a la cabeza, está intentando que el aborto entre a toda costa en campaña. El caso de Pensilvania es muy parecido.

En la próxima cita electoral, las legislativas de medio mandato, también está en liza el control del Senado (que renueva un tercio de sus asientos), así como el de la totalidad de la Cámara de Representantes. Los demócratas esperan que la sentencia del viernes, Dobbs contra Jackon’s Women Health Organization, así llamada por la clínica de Misisipi que demandó a su Estado por una ley que fijaba en 15 semanas el plazo para la interrupción legal del embarazo, movilice a sus bases y convierta a los indecisos.

Una de las posibilidades para revertir esta oleada regresiva es garantizar el derecho al aborto por ley, pero para eso se necesita una mayoría de 60 de los 100 asientos del Senado, de la que hoy andan muy lejos (y mucho tendría que pasar en estos meses para que las cosas pintaran de otra manera en noviembre). El Partido Republicano, por su parte, ya ha avisado (por boca del exvicepresidente Mike Pence) que en sus planes también está asegurar legislativamente lo conseguido a base de meter jueces de su cuerda en el Supremo (tres, solo durante el tiempo en el que Pence estuvo en el cargo de segundo de a bordo de Donald Trump).

Envalentonados por su último triunfo, prominentes líderes del movimiento antiabortista han advertido ya de su siguiente objetivo: lograr imponer prohibiciones en la mitad del país que no piensa restringir el acceso al aborto a sus ciudadanas. En total, son 20 Estados (más la ciudad de Washington), desde Alaska a California, y de Nevada a New Hampshire, en los que eso está fuera de duda. Muchos de esos lugares, como Illinois, que ha quedado en el mapa como una gota de petróleo en un charco antiabortista, se han preparado para recibir una avalancha de pacientes de Estados vecinos. La siguiente frontera de los prohibicionistas, según advierte la historiadora legal Mary Ziegler, de la Universidad de California en Davis, es que las nuevas leyes puedan perseguir también a esas viajeras interestatales, así como la compra de píldoras abortivas, que, pese a que comportan riesgos, se convertirán en la única salida para muchas estadounidenses, sobre todo de bajos ingresos.

Clínicas de ciudades como Montgomery (Alabama) o Sioux Falls (Dakota del Sur) ya han anunciado que echan el cierre. Otras, como la de Jackson, que está en el origen del revuelo, se mudan de Estado para seguir trabajando. Gabriela Benazar Acosta, representante de Planned Parenthood, tal vez la asociación en defensa del aborto más famosa de Estados Unidos, cuyos cuarteles generales se dividen entre Nueva York y Washington y cuenta con unas cuarenta filiales en todo el país, explicaba este viernes que en sus planes no entra cerrar centros de salud: “No solo ofrecemos abortos. Los tratamientos prenatales y de enfermedades de transmisión sexual seguirán, así como la oferta de anticonceptivos”.

También piensan reforzar las clínicas que previsiblemente verán redoblar su tarea para atender a todas las pacientes llegadas de otros Estados. Según un estudio del Instituto Guttmacher, que calcula que por primera vez en tres décadas el número de intervenciones ha crecido en Estados Unidos (un 9,8% entre 2017 y 2020, de 862.320 a 930.160), una mujer de Texas que quiera abortar tendrá que tendrá que hacer un viaje de 870 kilómetros de media. Si vive en Luisiana, esa distancia asciende a 1.070 kilómetros. Y si es vecina de Misisipi, tendrá que recorrer 800 kilómetros.