En la zona cero de la guerra contra el aborto en Estados Unidos

La zona cero del aborto en Oklahoma está en un suburbio de Tulsa de edificios comerciales de una sola planta y aparcamientos medio vacíos. Allí, un centro de salud reproductiva llamado Tulsa’s Women Health’s Clinic ha resistido hasta el final las amenazas de la severa ley estatal que fija en seis semanas el límite para la interrupción del embarazo, lo que en la práctica equivale a una prohibición casi total. El final llegó el martes, cuando el republicano Kevin Stitt, que dice que quiere convertirse en el “gobernador más favorable a la vida de Estados Unidos”, firmó una norma que contempla penas de hasta 10 años y multas de hasta 100.000 dólares (94.800 euros) a quien colabore en un aborto, y eso atañe desde al médico que lo practique hasta al taxista que lleve a la paciente.

Oklahoma es el último de los 22 Estados que torpedean un derecho arraigado en Estados Unidos desde hace medio siglo, en una oleada conservadora que podría estar a punto de recibir el respaldo definitivo del Supremo. Según se desprende del borrador obtenido esta semana por la web Politico, cinco de sus nueve jueces están decididos a tumbar el precedente de la sentencia Roe contra Wade, que en 1973 consagró constitucionalmente el derecho al aborto. Si eso sucede, el fallo devolverá a los Estados la última palabra en la materia, lo que provocará que el país se parta en dos.

El Instituto Guttmacher, organización independiente dedicada a la investigación sobre derechos sexuales y reproductivos, calcula que si Roe cae es más que probable que 26 (de los 50) Estados acaben prohibiendo en mayor o menor medida el aborto. Una de sus analistas en política estatal, Elisabeth Nash, detalla que, entre ellos, hay 22 cuyos parlamentos de mayoría republicana ya han promulgado leyes restrictivas o tienen normas que entrarán en efecto inmediatamente o en los meses siguientes a conocerse la sentencia del Supremo (se las llama “trigger laws”, normas gatillo). De esos, 13 Estados prevén una “prohibición total”. “Algunas de las leyes están impugnadas en los tribunales”, añade Nash. Luego hay cinco, Alabama, Arizona, Virginia Occidental, Míchigan y Wisconsin, que tienen textos escritos antes de la sentencia de Roe, esperando desde hace más de 50 años su momento de hacerse efectivos. “Y Nebraska e Indiana no han hecho nada aún”, aclara la experta, “pero han anunciado sesiones legislativas especiales” para estudiar maneras de recortar esos derechos.

El mapa que esta oleada regresiva amenaza con dejar tras de sí presenta una gran mancha en el centro del país con algunas zonas de excepción (como Colorado, Nuevo México o, de momento, Kansas). Ese “desierto”, como lo define Nancy Northup, presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos, quedará flanqueado por dos franjas permisivas en ambas costas. Algunos Estados demócratas ya han anunciado que amarrarán legislativamente los derechos de las mujeres como reacción al nuevo escenario post Roe y otros, como Nueva York, se han ofrecido como refugio para quienes no puedan abortar en sus lugares de origen.

Al día siguiente de que el gobernador Stitt firmara su ley S. B. 1503 en Oklahoma, cuatro voluntarios, tres mujeres y un hombre, estaban apostados de buena mañana a las puertas de la clínica de Tulsa para ayudar a las pacientes a atravesarlas. Vestían petos con los colores del arcoíris que los identificaban como “acompañantes”, para diferenciarse de los que acuden cada día a protestar. Algunos llevan un par de semanas turnándose para colaborar. La joven Judy (nombre ficticio) empezó a venir en febrero porque está “convencida de la importancia del acceso a la salud femenina”, y de que si no hace “algo, pronto será demasiado tarde”.

Enfrente, fuera de los límites de la propiedad, estaba apostado Jacob Gibson con un cartel que decía: “Os amamos y queremos ayudaros a ti y a tu bebé”. “Cristiano de veintitantos años y sin hijos”, aprovecha su día libre en el restaurante de comida rápida en el que trabaja para venir desde Muskogee, a unos 45 minutos en coche. Lo hace cada miércoles, llueva o salga el sol. El pasado miércoles llovía a cántaros.

En una hora entraron cuatro coches al aparcamiento, y el ritual de Gibson fue siempre el mismo. Al llegar, se echaba encima de los vehículos y gritaba frases como “ojalá quieras tanto a tu bebé como a ti misma”, “aún hay esperanza” o “ese niño quiere vivir”. Los voluntarios de la clínica se acercaban y escoltaban a las mujeres con sus paraguas, porque, si no, dicen, los antiabortistas las graban desde la calle y difunden las imágenes. Al salir de la consulta, Gibson les vociferaba la dirección de una web que ofrece un tratamiento para deshacer los efectos de la píldora abortiva.

Andrea Gallegos, administradora ejecutiva de la clínica, explica que quienes se congregan para protestar a sus puertas “pueden ser muy agresivos con las pacientes, pero también con los empleados”. “Saben cómo nos llamamos. Es bastante horrible”, aclara. A veces, los antiabortistas logran desviar a las potenciales pacientes a una “consulta falsa”, según Gallegos, que hay al otro lado de la calle y que pertenece a una organización llamada GoLife. Allí, sus codirectoras, dos desconfiadas mujeres en la sesentena que prefirieron no decir su nombre a EL PAÍS, explicaron que practican “ecografías gratuitas y pruebas de embarazo”. También afirmaron que dan indicaciones sobre dónde obtener “ayuda para la casa, préstamos financieros o comida” y que les ofrecen “fiestas de bienvenida gratuitas para el bebé [baby showers]”. Gallegos advierte de que en sitios como ese es común que las engañen “con la semana del embarazo en la que se encuentran, de manera que cuando quieren abortar ya se ven fuera de plazo”.

La clínica de Tulsa ha estado trabajando a todo rendimiento desde que se promulgó en septiembre la llamada ley del latido de Texas —que prohíbe la interrupción del embarazo desde que el corazón del feto comienza a latir, en torno a la sexta semana—, de la que la de Oklahoma es una copia casi exacta. Gallegos calcula que veían a “entre 25 y 35 pacientes diarias”, y que ahora que se ajustan al límite de las seis semanas, están “más o menos en un 5 o un 10%” de lo anterior.

El nuevo plazo, que sustituye al anterior (22 semanas y 6 días), es prácticamente imposible de cumplir. “Muchas no saben para entonces que están embarazadas”, recuerda Emily Wales, presidenta interina y consejera delegada de Planned Parenthood Great Plains (PPGP), filial de una organización nacional con sede en Nueva York y Washington y sucursales en más de 40 Estados. Tienen también un centro en Tulsa (en total, en Oklahoma hay cinco clínicas registradas). “Como pronto, se enteran a las cuatro semanas, y no les da tiempo a conseguir una cita, porque las consultas están colapsadas, trabajando a un mes vista. Eso las empuja a situaciones tan kafkianas como pedir vez antes de hacerse la prueba, por si acaso”, añade.

Esas dificultades se agravan a medida que nuevos Estados se suman a las prohibiciones, y las pacientes se van amontonando en su diáspora hacia otros lugares. Según cálculos facilitados a este diario por el Centro para los Derechos Reproductivos, las consultas en Oklahoma de mujeres tejanas crecieron “un 2.500%” tras la prohibición en el Estado vecino. Los repubicanos del Capitolio de Oklahoma City se han agarrado a ese dato. El senador Greg Treat ha definido ese crecimiento en las intervenciones en el Estado en los últimos meses como “un nauseabundo estado de emergencia”. Según cifras del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el número de abortos practicado ha caído a la mitad entre 1986 y 2019 (de 1,3 millones a 630.000).

En Tulsa’s Women’s Health Clinic, esta semana han empezado a desviar mujeres a un centro en Little Rock (Arkansas, a cuatro horas en coche) y a otro en Alburquerque (Nuevo México, a nueve horas), donde administran píldoras abortivas, pero no practican intervenciones quirúrgicas. El problema es que muchas mujeres no pueden pagarse esos viajes.

Nash cuenta que en algunos lugares no está permitido intervenir el mismo día de la visita médica. Lo hacen, dicen, para que puedan consultarlo con la almohada y reconsiderar su decisión. “Otra falacia”, según Nash. “En el Instituto Guttmacher contamos con estudios que dicen que entre el 92% y 95% están convencidas de lo que van a hacer antes de pedir la cita”. Muchas no obtienen permiso para faltar al trabajo por ese motivo, así que pierden el dinero de hasta cuatro jornadas laborales, que hay que sumar a los costes en sí (algunas grandes empresas han anunciado estos días medidas especiales para ayudar a las empleadas que pasen por ese trance). “Una intervención cuesta unos 550 dólares, y luego están la gasolina, los hoteles, la comida… abortar en otro Estado puede suponer unos mil dólares. Sencillamente, es demasiado dinero para la mayoría, que no se lo podrán permitir. Esto solo añade más desigualdad”, añade la analista.

Wales, de PPGP, explica que en abril decidieron dejar de dar nuevas citas en su consulta de Tulsa “hasta ver qué pasa”. El área de actuación de PPGP incluye Oklahoma, Arkansas, el Oeste de Misuri y Kansas, el único de los lugares en los que aún tienen un poco de margen, aunque eso también podría tener los días contados: en agosto, ese Estado tiene previsto votar una iniciativa antiabortista. “Simplemente, no es sostenible, no podemos atender a todas las pacientes que nos piden ayuda”, dice Wales, que explica que muchos de los médicos que se dedican a esto “no viven en los Estados en los que practican”, por “la violencia” a la que se enfrentan en su trabajo. Pese a todo, PPGP no piensa cerrar sus clínicas, porque “la mayor parte” de sus consultas son para dar información y prestar ayuda reproductiva o para trámites como las pruebas para la detección del cáncer de mama. Desde ahora, añade Wales, sumarán una nueva tarea: “Recibir a las que viajen a su regreso, para darles apoyo”.

Junto al Centro para los Derechos Reproductivos, han demandado al Estado ante el Tribunal Supremo de Oklahoma por la ley S. B. 1503, que, afirman, contempla unas excepciones tan limitadas y difíciles de probar (que la vida de la madre esté en peligro) que las hacen “casi inutilizables”. Wales no tiene “demasiada esperanza” en una victoria. “Y mucho menos”, afirma, “en vista de que están a punto de tumbar Roe contra Wade en Washington”.

Ahora toca calibrar las consecuencias de una sentencia cuyo borrador, escrito por el juez Samuel Alito, parece redactado, según Paul Collins, profesor de Derecho de la Universidad de Massachusetts, como si este “tuviera entre manos la sentencia de 1973″. “Es como si quisiera enmendar la plana al Supremo de hace cincuenta años”, asegura Collins. A la experta en historia legal de los derechos reproductivos Mary Ziegler, cuyo libro más reciente se titula Abortion and the Law in America: Roe v. Wade to the Present (El aborto y la ley estadounidense: de Roe contra Wade a hoy), publicado por Cambridge University Press en 2020, le preocupa también lo que pueda venir después en el plano político. “Todo indica que si los republicanos recobran el poder en 2024 tratarán de aprobar una ley federal que ilegalice el aborto en todo el país, sin Estados refugio”, aventura Ziegler.

Para ninguno de estos dos expertos ha sido una sorpresa conocer el contenido del borrador. Tampoco para las activistas consultadas en este reportaje. Pero eso no ha impedido que las noticias llegadas desde Washington hayan caído como una bomba hasta sumir al movimiento en favor de los derechos de salud reproductiva en una mezcla de estupor, rabia y desconsuelo.

Un estado de ánimo que definió inmejorablemente la leyenda del rock Patti Smith en un concierto el viernes en Tulsa. “Queréis que hablemos de Roe contra Wade?”, lanzó al público la autora de People Have the Power. “¿De esas muchachas que ahora están atemorizadas con la que se les viene encima? Es terrible. Y no tengo una respuesta. Solo puedo deciros lo que habríamos hecho cuando yo era joven: ¡Desobedecer!”.

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