Nueva York se ofrece como refugio a las mujeres de EE UU que no puedan abortar en sus Estados

Una marea verde ha inundado esta semana el corazón de Nueva York. Convocadas por redes sociales, muchas vestidas del color con que se identifica la movilización proaborto en el mundo, decenas de miles de mujeres —y bastantes hombres— se manifestaron el martes y el miércoles contra la intención del Tribunal Supremo de EE UU de derogar la doctrina que hace 50 años garantizó la interrupción voluntaria del embarazo en el país. Pero no solo eso: también subrayaron la necesidad de consagrar Nueva York como refugio para las mujeres que no puedan abortar en sus Estados. De confirmarse el fin de Roe vs. Wade, Nueva York se convertiría en el Estado más cercano donde poder abortar para entre 190.000 y 280.000 mujeres de otros territorios, según cálculos de los legisladores estatales. Un eventual aluvión de llegadas plantea la pertinencia de una mayor financiación. Sociedad civil e instituciones, de la mano, dan la batalla.

Nueva York ha sido vanguardia en la defensa de los derechos de salud reproductiva de las mujeres. En 1970, tres años antes de que el Supremo sentara el precedente de Roe vs. Wade, el Estado legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, convirtiéndose en un imán para miles de estadounidenses. En 2019, fue uno de los primeros del país en codificar el derecho, además de terminar con la prohibición de abortar después de la semana 24ª. Ese mismo año, el Ayuntamiento votó a favor de financiar el Fondo de Acceso al Aborto de Nueva York (NYAAF, por sus siglas en inglés), que ayuda a las neoyorquinas de bajos ingresos y a quienes viajan desde fuera para ser intervenidas.

Ítem más, a principios de año, dos senadoras demócratas introdujeron una legislación para ampliar la cobertura del aborto en el Estado de Nueva York, que cuenta con una aceptable red de salud pública. Desde 2020, la ciudad destina 250.000 dólares al año al fondo, una cantidad que parece insuficiente ante la eventual llegada de pacientes. Si el Supremo tumba Roe vs. Wade, el acceso a la hipotética interrupción del embarazo de 36 millones de estadounidenses estaría en el aire, lo que aumentaría la presión sobre Nueva York, en una coyuntura económica delicada.

Dadas las salvaguardas legales existentes, si se confirma el fallo del Supremo, no tendría un impacto instantáneo, pero sí podría provocar cambios locales para reforzar el estatus de Nueva York como refugio. Además, subrayan las activistas, legalidad no implica necesariamente acceso cuando el coste queda por encima del derecho.

“Esta lucha está a la vuelta de la esquina”, dijo en la protesta del martes Sasha Neja Ahuja, una de las organizadoras. “No es algo de lo que los neoyorquinos puedan desviar la mirada y decir: ‘Oh, esto [solo] sucede en Texas, Alabama y Misisipi’. No podemos hacer la vista gorda ante lo que está pasando en este país. Tenemos que ser un lugar seguro para que las personas accedan a atención médica”. La activista se refería a los casos de Texas, que en septiembre introdujo la ley más restrictiva del país, y Misisipi, cuya vuelta de tuerca a la doctrina Roe vs. Wade está en el origen del filtrado borrador del Supremo. La ley de Alabama ya desafió el precedente en 2019.

“El Consistorio de Nueva York ya comenzó a financiar completamente el aborto”, sostiene Ahuja. “Ampliar la financiación es un gran paso que el Ayuntamiento puede dar fácilmente, ya que prevemos que cada vez más personas busquen acceso [al aborto] en lugares como Nueva York”.

Cuando no pocos subrayan la parte positiva del asunto —que el revés del Supremo dé oxígeno a los demócratas ante las complicadas elecciones de noviembre—, Nueva York se erige como anomalía ideológica y política dentro de EE UU, pero también en espejo de una desigualdad flagrante que la derogación de Roe vs. Wade pondría de manifiesto. Como recuerdan estos días las activistas, no se trata de no poder abortar, sino de poder costeárselo. Mayoritariamente demócratas, con abundante representación femenina en las instituciones (incluido el Congreso estatal), la ciudad y el Estado son un rompeolas en la defensa de los derechos civiles, por lo que la movilización social encuentra perfecto eco en la Administración, y viceversa.

“Yo también he abortado, y no me arrepiento”

En pocos lugares más de EE UU resultaría tan normal como en Nueva York escuchar decir a la fiscal general, Letitia James, micrófono en mano ante los manifestantes: “Yo también he abortado, al comienzo de mi carrera. Simplemente acudí a la clínica y lo hice, y no me arrepiento de ello. Elegí abortar y no voy a disculparme por ello”. “No vamos a dar marcha atrás”, desafió el miércoles James, de 63 años, “ningún juez del Tribunal Supremo puede dictarme a mí o a ti lo que hacer con nuestro cuerpo”. También la gobernadora, Katy Hochul, reaccionó de inmediato a la filtración con un mensaje institucional: “El derecho fundamental al aborto está siendo atacado. Estamos listos para contraatacar y dispuestos a ofrecer un lugar seguro a cualquiera que lo necesite”.

El clamor social alcanza incluso a instituciones como la Universidad de Columbia, en cuyo seno el movimiento Colectivo Justicia Reproductiva intenta convencer al rectorado de que se proporcione la píldora abortiva —el método usado en el 54% de los abortos practicados en el país— en el mismo campus, en vez de derivar a las mujeres a clínicas. “La cobertura sanitaria de las estudiantes y profesoras incluye el coste de una interrupción”, explica Rose, alumna de posgrado y miembro del colectivo, “pero con la píldora ganaríamos tiempo y transparencia, además de no colapsar servicios sanitarios que pueden verse desbordados en breve”.

El maremoto de la posible derogación de Roe vs. Wade también alcanza el mundo corporativo: numerosas empresas, incluidas algunas de las más grandes del país, como Amazon, Citigroup o Levi’s, financiarán los viajes de trabajadoras que deseen abortar. El Estado simbiótico de Nueva York, Nueva Jersey, con la tercera tasa de abortos del país, también se prepara para ello. Kaitlyn Wojtowicz, responsable de Planned Parenthood en Nueva Jersey, señala que el Estado dispone de un fondo específico y cubre la intervención gracias a Medicaid, el plan de salud pública para personas sin recursos. “Pero si alguien no está amparado por Medicaid, por ejemplo una inmigrante indocumentada, no hay cobertura posible”, señala la responsable local de la ONG. “En este momento, no hay ningún programa estatal para ayudar a alguien que llegara de otro Estado”.

Desde septiembre, cuando Texas aprobó su restrictiva ley del aborto, Nueva Jersey está registrando un número creciente de visitas, subraya Wojtowicz, “muchas desde Pensilvania por la cercanía geográfica, pero también del sur” del país, donde se concentran los Estados más restrictivos. Para hacer frente a la creciente demanda, Nueva Jersey eliminó el año pasado la norma que restringía a los médicos la práctica, ampliándola a enfermeras, practicantes y otro personal sanitario.