La sentencia del Supremo sobre el aborto cae como un mazazo en la clínica de Misisipi que ha perdido el caso

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha derogado este viernes el derecho al aborto. La sentencia pone fin a casi medio siglo en el que las estadounidenses decidieron sobre su embarazo. El fallo afecta a unos 36 millones de mujeres en todo el país, que podrán ver cómo se aprueban vetos y leyes más estrictas en varios Estados conservadores. La decisión deja también varios damnificados en un edificio color rosa de techo verde en Jackson, Misisipi. La Women’s Health Organization, la única clínica abortista en este Estado de tres millones de personas, era la demandante en el litigio que abre una nueva era de castigo a la interrupción voluntaria del embarazo en el país. Este viernes han sido derrotados por el juez Samuel Alito, redactor de la sentencia, y otros cinco jueces conservadores que han votado a favor de la decisión. “No me verán llorar”, afirmaba tras la sentencia Derenda Hancock, una activista que lleva nueve años defendiendo a las pacientes de la clínica de los fanáticos religiosos.

“No sé qué pasará. Nadie lo sabe muy bien”, contaba Hancock, quien escolta desde 2013 a las mujeres que quieren abortar. “Unos dicen que la clínica debe cerrar sus puertas inmediatamente, otros dicen que tenemos 10 días”, explicaba sentada en cuclillas y con aire abatido. Aun cuando la decisión de Washington no se había dado a conocer, ya todos la esperaban en ese sentido y con gran pesar en esta clínica de la capital de Misisipi, que abrió sus puertas en 1995. Contaban los días desde que el proyecto del fallo fue filtrado a los medios en mayo.

“No habrá piedad para quienes no la han tenido. No hemos tenido piedad en este país. Así que la gente llorará y festejará y después se irá a su casa. Nuestro trabajo aquí ha terminado. No te retiras hasta que el Señor te retira, cristiano. ¡Hasta que el señor te lleva a casa!”, gritaba un hombre blanco y barbado en la mañana de este viernes a manera de festejo. Es uno de los muchos integrantes de las iglesias evangélicas de la región que habían acudido al centro a exigir su cierre desde hace años.

Jane Roe, el alias de Norma McCorvey, fue durante décadas el nombre más importante para hablar del aborto en Estados Unidos. Ahora otro nombre de mujer pasará a la historia como el que enterró el legado del histórico fallo de 1973. Lynn Fitch, la fiscal general de Misisipi, es la primera mujer en ocupar el cargo y la primera republicana en hacerlo desde finales del siglo XIX. Fue ella quien llevó ante el Supremo el caso Thomas Dobbs (el encargado estatal de Salud) contra la clínica Jackson Women’s Health Organization. La jurista conservadora pedía al Tribunal Constitucional desechar Roe contra Wade, el caso que dio en 1973 rango federal a la libertad de las mujeres de interrumpir el embarazo, para permitir al Estado declarar ilegal el aborto tras las 15 semanas de gestación, dos meses antes que lo que permitía la legislación.

Cuando se presentó la ley, en julio de 2021, la fiscal Fitch aseguró que acabar con el aborto es una forma de “empoderar a la mujer” para alcanzar su “máximo potencial”. Se puso a sí misma como ejemplo de una mujer que, a pesar de estar divorciada, pudo sacar adelante a tres hijos y llegó a las altas esferas de la política local. “Tienes la opción de alcanzar todos tus sueños y metas y de tener todos esos bellos hijos también”, dijo en una entrevista en septiembre. La de Fitch fue solo una de entre casi 550 maniobras judiciales iniciadas por los republicanos en 2021 para obstaculizar el acceso al aborto.

“Es una nueva era en la historia de Estados Unidos”, ha dicho este viernes Fitch. “Roe contra Wade es finalmente una cosa del pasado. Es una victoria, no solo para las mujeres y los niños, sino para la Corte también”, añadió en Twitter. El gobernador del Estado, el republicano Tate Reeves, también festejó el fallo, que calificó como “el resultado de décadas de trabajo y plegarias de los estadounidenses provida”.

Fitch, hija de un financiero que hizo su fortuna como prestamista en el sur, se parece muy poco a la mayoría de las mujeres que salen de la que era la última clínica en la que se podía abortar legalmente de Misisipi. El centro atendía, en promedio, a unas 300 personas cada semana. El 70% son negras. Esto en un Estado donde los afroamericanos son el 37% y es la región con la renta promedio más baja de todo el país, según cifras del censo. Las pacientes son acompañadas por sus madres o amigas. Algunas por sus novios. Del aparcamiento de la clínica salen automóviles con matrículas de Luisiana, Alabama o Texas, donde la mayoría conservadora en el Congreso local aprobó en diciembre una norma que prohíbe el aborto desde las seis semanas. Las empleadas de la clínica afirman que desde que entró en vigor ese veto, muchas tejanas llegaron aquí a terminar su embarazo.

La decisión del Supremo puede provocar un efecto dominó en 26 Estados, de acuerdo al Instituto Guttenmacher, que estudia las políticas reproductivas para las mujeres. Estos aprovecharían la decisión para aprobar localmente leyes más restrictivas ahora que se ha despejado la posibilidad de enfrentarse a un juicio de inconstitucionalidad. Con la caída de Roe, 13 Estados tienen cláusulas de activación que entran en vigor casi de inmediato. El primero de estos ha sido Misuri, donde hoy se ha instaurado un veto al aborto después de las ocho semanas.

En Misisipi basta a la fiscal Fitch publicar la orden en un boletín administrativo local en los próximos días para que entre en vigor una restrictiva ley anterior. Quien viole estas cláusulas se enfrenta a 10 años de prisión. La mayoría de las mujeres que quieran interrumpir su embarazo tendrán que viajar a Estados a cientos de kilómetros como Carolina del Norte, Illinois o Nuevo México. El futuro es también ominoso para otros cinco Estados que tienen una sola clínica para abortar.

Encuestas recientes ponían en duda que los estadounidenses respaldaran la decisión adoptada este viernes por el Supremo. El 61% se oponía a la caída de la legislación, de acuerdo a un sondeo hecho esta semana por el diario USA Today y la Universidad de Suffolk. Esa mayoría incluye a un 30% de personas que se identifican como votantes del Partido Republicano. Un número similar, el 63%, cree que este debería ser legal en casi todos los casos. También se mostraban a favor de que una ley nacional regulara este derecho en lugar de dejar la responsabilidad a los Estados, que es el camino que ha abierto este viernes el polémico fallo.