“Los jóvenes que dejan el trabajo no lo hacen por rebelión; no quieren tomar tranquilizantes para aguantar la tensión”

Sus trayectorias no se parecen demasiado, pero las dos han llegado a ser las cabezas visibles del Consejo de la Juventud de España (CJE), el órgano de representación de las nuevas generaciones desde los 14 a los 30 años. Elena Ruiz Cebrián (30 años) y Margarita Guerrero Calderón (29), presidenta y vicepresidenta del CJE, insisten en que aparezcan sus dos apellidos. No les parece una opción dejar al margen a sus madres. Elena se apuntó a los 13 años al grupo de scouts de su barrio, en Badajoz, y ya nunca se descolgó del activismo. Margarita, nacida en Loja (Ecuador), llegó a España con 10 años y reivindica su origen humilde: pudo estudiar una carrera universitaria gracias a las becas y a lo que sacaba por cuidar a ancianos y limpiar casas. Ya graduada, se convirtió durante cuatro años en la primera mujer migrante concejala del Ayuntamiento de Murcia, por Izquierda Unida.

Las dos están al frente de una plataforma que cuenta con un presupuesto de un millón de euros al año del Estado. Representan a 60 entidades juveniles de diferentes puntos de España y cuentan que la mayoría del dinero se les va en reunirles; les pagan el autobús (”que sale mejor que el tren”), el albergue y la manutención en los dos encuentros que suelen celebrar al mes para discutir sus prioridades y cerrar acuerdos. El ministerio con el que colaboran de forma más estrecha es el de Trabajo, aunque reconocen que les preocupa por igual la salud mental de los jóvenes.

Aunque parezca contradictorio, defienden que las ayudas a los jóvenes deberían limitarse a los 30 años, como sucede en el resto de países europeos, y no extenderse hasta los 35 como hace España. “Es un error, de esa manera los políticos justifican que hasta los 35 es normal vivir en precariedad”. Precariedad es la palabra que más repiten, no les importa que suene a cliché.

Pregunta. ¿Cuál es el mayor drama de la juventud?

Margarita. El mayor es que no hay un único tema, nos atraviesa una precariedad crónica. No podemos construir un proyecto vital. La salud mental es la primera causa de muerte no natural en jóvenes —en 2020, el suicidio fue la segunda causa de fallecimiento entre los jóvenes de 15 a 29 años (300) por detrás de los tumores (339)—, y ese es un indicador de lo que hay debajo. El gran drama es la pérdida de expectativas en el futuro.

P. ¿Cuál es el ministerio clave para presionar con las políticas de juventud?

Elena. El de Trabajo tiene la capacidad de hacer que una persona sea autónoma.

Margarita. Un 40% de los jóvenes están sobrecualificados para el puesto que ocupan (España es líder la UE, según Eurostat). Sin duda, Trabajo es clave pero también Vivienda. España tiene una de las tasas de vivienda pública más bajas de Europa, un 1,2%. Otros gobiernos están poniendo sobre la mesa la necesidad de frenar la especulación con la vivienda. El nuevo bono joven del alquiler que ha aprobado el Gobierno (250 euros hasta 35 años y con ingresos hasta 24.319 euros al año) tiene sus limitaciones. Hay datos de políticas similares en otros países que nos dicen que hasta 78 céntimos de cada euro se van al arrendatario, que sigue subiendo el alquiler, y solo 22 céntimos repercuten en el que alquila. Hay una transfusión de dinero público hacia manos privadas y no termina de llegar a los que lo necesitan. Nos preocupa que sea un parche y no sabemos qué continuidad va a tener.

P. Parte del problema en el acceso a la vivienda es la incapacidad de los jóvenes de adquirir un compromiso económico a largo plazo. ¿O es rechazo por miedo a estar atado?

Elena. Tienes que tener un trabajo estable para que el banco te dé la hipoteca y, además, tienes que tener en cash el 20% de su precio para la entrada. Pero los datos nos dicen que para poder hacerlo tendríamos que destinar el sueldo de entre tres y cinco años exclusivamente a eso. Y mientras tanto, ¿no nos podemos tomar ni una mísera Coca-Cola? Es muy fácil comprar una segunda vivienda cuando ya tienes una en propiedad que te sirve de aval. ¿Qué pasa con los que nunca hemos podido acceder a esa primera inversión? ¿Tenemos que poner de aval a nuestras familias y luego hacernos responsables de que algo salga mal? Tendrá que haber una fórmula para acceder por primera vez, ¿no? Nuestros padres tuvieron un salario más acorde al coste de la vida.

Margarita. Ahora hay una moda de usar términos anglosajones como coliving (piso compartido) que romantizan la precariedad. Dicen que nos gusta hacer nesting (del inglés, nido) que es quedarnos el finde en el sofá viendo Netflix. ¿De verdad alguien en pospandemia no quiere ver el sol y ser feliz? Que no nos ridiculicen, tenemos aspiraciones, claro.

P. El CJE es muy conocido por el informe semestral del Observatorio de la Emancipación, en el que cruzáis datos estadísticos para ofrecer un perfil ajustado de los problemas de los jóvenes para acceder al empleo y la vivienda. ¿El problema de la vivienda se concentra en capitales como Madrid o Barcelona?

Elena. Nosotras dos somos de Murcia y Extremadura, que no tienen ciudades de tamaño astronómico. Sin embargo, están entre las regiones con los datos de emancipación más bajos. ¿Por qué? Porque los salarios y la dificultad de acceso al empleo son más complejos. Pensar que si te vas de Madrid la vida va a ser mucho más fácil es una falacia. Los datos nos dicen que en las ciudades donde las viviendas son más baratas, siguen emancipándose pocos jóvenes. Por eso insistimos en que los ministerios trabajen de manera conjunta, el problema no se resuelve con medidas estrella.

Margarita. Hay que atreverse a frenar la especulación. Hay una ley de vivienda en proceso de tramitación y hemos presentado una enmienda en la que proponemos una definición de vivienda vacía: aquella deshabitada durante más de un año sin causa justificada y siempre que el propietario tenga más de tres. Se la hemos mandado a todos los grupos parlamentarios. Nos da igual que el tenedor sea una persona o un fondo buitre, al final quien especula lo hace de la misma forma. El Consejo no va en contra de las segundas viviendas, tener casa en el pueblo está bien. Pero hay que acotar bien qué es una vivienda vacía.

P. ¿Los políticos escuchan al Consejo de la Juventud?

Elena. Trabajamos directamente con el Gobierno, cada vez que abren una consulta pública hacemos aportaciones y nos reunimos para contarles nuestras propuestas. No nos limitamos a mandarlas por correo y listo. Nos hemos reunido varias veces con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y una con el de Cultura [Miquel Iceta], y con la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Hace un par de años se creó la comisión de juventud en el Senado. Hemos estado trabajando con el Congreso para crear una comisión o subcomisión, pero no ha sido posible.

P. ¿Qué cuestiones habéis trabajado directamente con Yolanda Díaz?

Margarita. Con la reforma laboral existe el compromiso de desarrollar el estatuto del becario, la nueva normativa que regule las prácticas curriculares, en unos seis meses. Hemos propuesto un límite de personas en prácticas en función del tamaño de la empresa y una compensación económica de 15 euros por día, con un máximo de 350 euros el mes. No nos puede costar dinero hacer las prácticas, en términos, por ejemplo, de transporte. Con el plan de la Inspección de Trabajo han aflorado unos 3.000 becarios en situación de fraude de ley. Esta es solo la punta del iceberg. Como no hay datos oficiales, no se conoce la dimensión. Ahora mismo el primer contacto con el mundo de la empresa se asienta sobre la cultura de la precariedad, los estudiantes no sienten que haya unas normas que les amparan ni que tienen derechos.

P. Esa primera experiencia, ¿puede marcar luego la visión que tiene ese joven del mercado laboral y generarle cierta aversión?

Margarita. Socializar únicamente en espacios de precariedad nos lleva a pensar que no hay alternativa. Cuando te dicen: “si tú no quieres, hay cuatro o cinco esperando”, eso genera indefensión y sensación de soledad. Sin normas rígidas es como la ley de la selva. La empresa no puede pervertir el sentido de las prácticas. Hacemos un llamamiento a los empresarios a que fomenten otro tipo de cultura y a que no se opongan a remunerar las prácticas. Hay que cambiar el chip.

P. El año pasado publicamos en EL PAÍS que cada vez hay más jóvenes menos dispuestos a pasar por filtros tradicionales de trabajo para triunfar en las empresas si ello conlleva renunciar a su vida personal. En algunas consultoras o bancos de inversión se hacen jornadas de hasta 60 horas semanales. ¿Qué ha cambiado con respecto a generaciones anteriores?

Margarita. Lo peor es que muchas veces es un no puedo más. Nos dejamos la salud mental por el camino. No se trata de una rebelión, simplemente no es aceptable que tengamos que tomar pastillas o tranquilizantes para poder aguantar la tensión de jornadas que no respetan los descansos, condiciones laborales inaceptables. La gente está a punto de estallar. Nuestra salud mental llega hasta donde llega.

Elena. Lo que ha pasado es que por fin se ha puesto en valor la salud mental y eso está impulsando la lucha contra la empresa. Antes tragabas, pero cuando te han dicho que tu salud mental importa y que tienes derecho a estar sana, has visto un aliciente para poder tomar decisiones que son muy difíciles.

P. ¿Está estigmatizado pedirse una baja laboral por salud mental?

Margarita. Cuando vives al límite tienes muy pocas herramientas, estás solo frente al empresario. Si acudes a la sanidad pública, te darán un diagnóstico rápidamente porque van hasta arriba. Eso hace que nuestra realidad sea más frágil. Mucha gente no puede plantearse ir al psicólogo porque no le llega. Hablar de los problemas de salud mental no nos hace más débiles, compartir la vulnerabilidad es una cuestión política, no somos vulnerables por azar. No es un fracaso personal. No es un problema de una persona. Hay que salir de esa burbuja.

P. ¿A qué destináis el millón de euros de vuestro presupuesto anual?

Margarita. Tenemos que dar voz a entidades juveniles de todos los colores políticos, católicas... de todo tipo. Tenemos que poder reunir a toda esa gente, celebrar debates con ellos y consensuar. Gran parte del dinero se destina a esos encuentros presenciales, cubrimos desplazamiento, albergues y manutención. No todos tienen dinero y la participación no puede ser un privilegio de clase. Nos encontramos dos veces al mes y vamos cambiando de autonomía. También destinamos los fondos a la formación. No se nace enseñado a saber gestionar una asociación. ¿Cómo se puede llegar a más gente? ¿Cómo se llevan las cuentas? Les enseñamos a tramitar subvenciones públicas, tanto nacionales como europeas, que no es sencillo.

P. ¿Cuesta más ahora movilizar a los más jóvenes sobre temas políticos?

Margarita. Los jóvenes no responden a la caricatura que se tiene de ellos. Los datos dicen que se movilizan por el feminismo, el medio ambiente... La pregunta es si están cambiando las formas de participación, que ya no es tan estructurada. Los movimientos por el clima Fridays for Future o Extinction Rebellion funcionan de forma diferente, sin estatutos, sin junta directiva. Están cambiando las formas de organizarse.

Elena. Las subvenciones del Injuve para las asociaciones llevan congeladas 11 años cuando todo lo demás en la vida se ha encarecido. Nos lo tienen que poner más fácil.

P. Una de vuestras batallas es conseguir que el Gobierno relaje los requisitos para que los menores de 30 años puedan acceder de la misma forma que el resto de adultos al Ingreso Mínimo Vital (IMV). A los que tienen entre 18 y 23 años solo se les permite solicitarla si tienen hijos a cargo y los que tienen entre 23 y 29 deben haberse emancipado en los tres años anteriores a la petición y haber cotizado 12 meses a la Seguridad Social.

Elena. El Defensor del Pueblo señaló en un informe que existe una irregularidad en el trato de las personas jóvenes en esta norma. Desde el Gobierno nos dijeron que son conscientes, pero que quieren evitar que se tome como una ayuda emancipatoria. Y digo yo, si esa ayuda les sirviese para poder salir del hogar familiar, ¿dónde está el problema? El bono del alquiler va a llegar a unas 50.000 personas de nueve millones que estimamos que lo necesitarían. Es un porcentaje anecdótico, ridículo. La edad media de emancipación está en 29,5 años. ¿A quién están intentando llegar?

Margarita. No hemos podido recurrirlo al Tribunal Constitucional porque no tenemos recursos para un proceso así. Nos preocupa que algunas voces dentro del Gobierno dicen que no quieren que el IMV suponga un desincentivo para incorporarse al mercado laboral o que hay riesgo de que se cometa fraude. Si este país hace un repaso de quién comete fraude, segurísimo que no lo encuentran en los jóvenes.

P. A muchos jóvenes les parecerá correcto que las ayudas a la juventud se extiendan hasta los 35, pero parece que vosotras no defendéis lo mismo...

Elena. Tenemos que conseguir que no se asocie juventud y precariedad. Si la tendencia es que a los 40 sigues siendo precario, ¿vamos a volver a extender lo que se considera juventud? Así nunca nos haremos cargo del problema porque lo asociamos a la identidad. “Claro”, dicen los políticos, “como es joven...”. No. Esa no es la razón de todos tus problemas.