Vivir en un piso compartido complica el acceso al ingreso mínimo vital: “Agrupan nuestros ingresos, pero no somos familia”

Hace un año que Katherin Sosa pidió el ingreso mínimo vital (IMV). Acababa de ser aprobado por el Consejo de Ministros y aspiraba a ser un salvavidas para 850.000 hogares en España, pero un año después apenas llega a un tercio de esa cifra. A Sosa, de 26 años, le denegaron la ayuda y, como ocurre con miles de solicitantes, desconoce el motivo: “En una carta me dijeron que la familia sobrepasaba los ingresos. ¿Cómo vamos a sobrepasarlos si yo no trabajo y el papá de mi hijo lleva un año en ERTE?”.

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El enredo administrativo del ingreso mínimo hace que sea imposible para las familias en riesgo saber si han rellenado mal los documentos, si realmente no cumplen con los requisitos o si les merece la pena volver a presentar el formulario ―tardarán meses en tener respuesta―. “Ya no volví a pedir la ayuda”, reconoce Sosa. “No sé por qué me la denegaron, pero si lo hicieron una vez, volverán a hacerlo, ¿no?”.

La Fundación Madrina, en Madrid, ha tramitado ya más de 5.000 peticiones de IMV (con una tasa de aprobados del 19%), y critican que la gran mayoría de las veces la ayuda se tumba por problemas burocráticos pese a que las familias cumplen los requisitos económicos. “El 80% de las personas a las que asistimos viven de alquiler y no tienen contratos”, cuenta Ana Roda, que dirige la división legal de la asociación. Esto choca con una de las tres condiciones para recibir la ayuda, que requiere haber vivido emancipado en los últimos tres años y poder demostrarlo.

Probablemente este sea el bache que ha impedido a Katherin Sosa recibir la prestación. Vive alquilada en un cuarto piso en Ciudad Lineal (Madrid) con su marido y su hijo, pero no han firmado contrato. Además, hay 11 personas empadronadas en el piso, aunque solo vivan ellos y otras dos parejas, y Sosa cree que ahí está la clave: “Imagino que nos han denegado la ayuda porque agrupan nuestros ingresos, pero no son mi familia. Ni siquiera los conozco”. Ana Roda explica que esta situación es habitual: “Si computan los ingresos de todos los integrantes es difícil que entre cinco familias no sobrepasen el tope de renta”.

Steffany Montes, de 27 años, también se quedó sin su ayuda porque no podía justificar que vivía emancipada. Se fue de casa cuando comenzó el primer confinamiento por miedo a su padre, alcohólico y agresivo. Como acababa de perder su trabajo, la única salida de Montes fue un piso okupa con otras 15 personas que no podía incluir en la solicitud del IMV, por lo que le denegaron la prestación. Tras un año de pesadilla, ha conseguido independizarse con su novio y ha vuelto a pedir la ayuda, aunque lleva cuatro meses a la espera de la resolución: “Solo espero que esta vez me la concedan, mi sueño sería terminar la carrera de derecho (cursó un año y tuvo que dejar la universidad), pero por ahora lo veo imposible”.

Estos casos están además en el grupo de edad que más difícil lo tiene para acceder al IMV, los menores de 30 años. No solo están más expuestos a trabajos temporales, sino que tienen unos requisitos más estrictos que los adultos para acceder al ingreso y su letra pequeña deja fuera de facto a miles de jóvenes. Por un lado, los solicitantes de entre 18 y 23 años solo pueden recibir esta prestación si tienen hijos a cargo, una condición exclusiva para este tramo de edad. Por otro, a aquellos entre 23 y 29 se les exige que se hayan emancipado en los tres años anteriores a la petición del IMV (solo uno para los mayores de 30 años) y que hayan cotizado 12 meses a la Seguridad Social (requisito que no se pide una vez superada la treintena).

Con este pretexto, el Consejo de la Juventud de España ha expuesto este jueves en el Senado las dificultades de los jóvenes para acceder a esta ayuda básica, e incluso ha denunciado su posible inconstitucionalidad por discriminar por edad a los solicitantes menores de 30 años. “De los más de tres millones de personas de entre 16 y 35 años que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en España, el IMV solo habría llegado a 54.777, menos del 2%”, ha denunciado el colectivo.

El Defensor del Pueblo ya puso sobre la mesa este asunto en noviembre: “Estos núcleos familiares, aunque estén en una situación de vulnerabilidad económica semejante a los otros núcleos familiares equiparables, quedaban sometidas a un trato diferenciado sin que concurriera, a juicio de esta institución, un elemento diferenciador. [...] Cabría considerar que el texto legal podía incurrir en una situación de discriminación, prohibida por la Constitución”.