La madre condenada por incumplir las visitas de su hija con su padre maltratador tiene 15 días para entrar en prisión
La defensa de María Salmerón trata de agotar las vías legales para no ir a la cárcel con el abono de los 3.000 euros de responsabilidad civil y la futura presentación de un recurso ante el Supremo
La cuenta atrás para la entrada en prisión de María Salmerón —la madre condenada a nueve meses de cárcel por incumplir el régimen de visitas de su hija con el padre de esta, condenado por maltratarla a ella física y psicológicamente― ha empezado. La jueza le ha dado 15 días para que ingrese voluntariamente en la cárcel, una vez que el Gobierno le denegara el 27 de abril el que habría sido su tercer indulto “por imperativo legal”. Con todo, Salmerón va a agotar todos los caminos legales para frustrar un destino que considera “una aberración”, y ya ha registrado ante los tribunales los 3.000 euros de responsabilidad civil que adeudaba, que servirán de base para la presentación en los próximos días de un escrito de suspensión de su ingreso en prisión, y un recurso contra la denegación de su última petición de indulto ante el Tribunal Supremo.
Salmerón se ha presentado este miércoles por la mañana en el Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla, acompañada de su abogado, José Estanislao, y arropada por vecinos y compañeras de organizaciones de derechos humanos solidarizadas con su lucha, para recibir de manera oficial la notificación de la ejecución de su sentencia y el escrito con la decisión del Gobierno de denegar su petición de indulto, la cuarta desde que los tribunales empezaron a condenarla por distintos incumplimientos del régimen de visitas. Dos de ellos fueron concedidos y el tercero también, aunque posteriormente fue anulado.
Con penas de hasta dos años de cárcel, los juzgados que emiten la condena tienen la posibilidad de suspender la entrada en prisión, en caso de que los condenados no tengan antecedentes. Este es un gran escollo en este caso. Salmerón tiene antecedentes, aunque ella asegura que no debería ser así “porque están caducados”, y denuncia: “En el juzgado penal número 1 y en el 15, que son donde debo la responsabilidad civil, no me los quieren cancelar”. Su abogado tratará de demostrar en su escrito que tienen razón.
“No es justo que yo ingrese en prisión”, ha dicho Salmerón a la salida de los juzgados, visiblemente abatida, pero con un hilo de esperanza. Porque Salmerón espera parar el tiempo de descuento. El martes, un grupo de abogadas ingresó los 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil que adeudaba por las sucesivas sentencias condenatorias acumuladas —una cantidad recaudada a través de una cuestación pública—. Ese abono servirá de base para el escrito de suspensión de la ejecución de la sentencia, en la que su abogado ya está trabajando. “El abono de la responsabilidad civil es indispensable, pero también se dejará constancia de la situación personal de María, perfectamente integrada con un trabajo estable”, señala Estanislao a este diario.
Recurso ante el Supremo
Además de este futuro escrito, con la resolución negativa del indulto en la mano, a Salmerón se le abre la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo, una solución que también enunció hace unas semanas el líder de Más País, Íñigo Errejón. “Igual que el exmarido de Salmerón ha recurrido las concesiones de indulto anteriores, su defensa plantea recurrir la denegación por entender que la resolución del Gobierno es arbitraria”, señala el abogado. Se trata de un recurso que no se ha planteado antes en estos términos y que iría acompañado de la petición de una medida cautelar de suspensión de la entrada en prisión mientras se estudia.
Salmerón no quiere pensar qué puede pasar si sus últimas opciones no prosperan. “No quiero banalizar. Pero no estoy preparada, para mí es como una condena a muerte, y nadie se prepara para eso”, ha comentado a este periódico. Por quien más sufre es por su hija, que asiste desde el extranjero, donde estudia, al último acto de la batalla legal que inició su padre casi desde el mismo momento en que ella nació —tenía cinco meses cuando su madre se divorció, creyendo que así acabaría con la espiral de malos tratos a la que la sometía su marido—. “Ese dolor se lo está agravando un Gobierno que se dice feminista”, sostiene.
Los anteriores indultos fueron otorgados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que en 2015 también le dio un premio por su lucha contra la violencia machista. Salmerón confiaba en que en esta ocasión también contaría con el respaldo del Gobierno, sobre todo cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, se había manifestado a su favor en varias ocasiones. Las razones del Ministerio de Justicia para denegar la medida de gracia se apoyan en que la ley que regula el indulto impide concederlo a condenados reincidentes, salvo que el tribunal sentenciador informe a favor de la medida de gracia, algo que no ha ocurrido en este caso, donde tampoco la Fiscalía se mostró a favor. Montero, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, criticaron en redes sociales la denegación del indulto.
Más allá de consideraciones políticas, Salmerón y su hija llevan dos décadas bregando en los tribunales. El exmarido de Salmerón fue condenado por el Supremo en 2008 a 21 meses de cárcel por maltratarla. Nunca entró en prisión por la duración de la condena y por carecer de antecedentes. La pena de Salmerón, nueve meses, es más corta. Los peores augurios sobre su destino parecen más cerca de cumplirse. La suerte aún no está echada y sus recursos legales podrían esquivar su ingreso en prisión por evitar el sufrimiento de su hija. Un destino que su expareja, sin embargo, sí pudo evitar.
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