Una década presa y sin su hija por un aborto que no fue: el drama de las mujeres pobres en El Salvador

Bertha Arana fue encarcelada a los 18 años por haber sufrido una emergencia obstétrica durante el embarazo. Fue en 2012, en una pequeña villa de El Salvador, fronteriza con Guatemala. La joven llegó a un puesto de salud sangrando y, aunque la niña se salvó, las autoridades, que habían sido avisadas de su caso por los sanitarios como insta la ley, determinaron que Bertha “no hizo lo suficiente” para expresar que quería salvaguardar la vida del bebé que esperaba. Entonces, su pesadilla se agudizó, porque al dolor de la emergencia se sumó el peso de un Código Penal que prohíbe totalmente el aborto y unos funcionarios de justicia, fiscales y jueces, solícitos a la hora de emitir sentencias condenatorias contra las mujeres salvadoreñas acusadas por abortar. Bertha fue condenada a 15 años de cárcel. “Es un caso absurdo. Una detención arbitraria”, expresa con indignación Morena Herrera, una de destacada feminista del país centroamericano y quien desde hace años lucha junto a un colectivo de mujeres por revertir una de las legislaciones más duras sobre el tema en el mundo y que penaliza con especial gravedad a las mujeres de menos recursos.

Bertha tiene ahora 28 años. Ha pasado diez en prisión y su caso sigue engavetado por la burocracia estatal salvadoreña. Ella no conoce a su hija, porque el padre la llevó a Guatemala. Los colectivos feministas que luchan por liberar a las mujeres apresadas por sufrir abortos involuntarios se han topado en este caso con un muro legal que también les parece irracional: la joven nació en Guatemala, cerca de la frontera de El Salvador, de madre salvadoreña, pero no cuenta con un documento que acredite su nacionalidad. “Su pesadilla no termina con la detención arbitraria”, explica Morena Herrera. “Hemos ido buscando todas las alternativas de beneficio penitenciario, algunas figuras que le ayuden a atenuar la pena, pero el sistema penitenciario de El Salvador no le reconoce ningún derecho porque no tiene el documento único de identidad salvadoreño”, advierte en entrevista telefónica la activista, que lidera la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

“Ella es una joven hija de frontera y las fronteras en nuestros países centroamericanos tienen condiciones miserables”, dice Herrera, para dar a entender que el camino para liberar a Bertha estará todavía lleno de obstáculos. En El Salvador han sido condenadas entre 2000 y 2014 al menos 49 mujeres por delitos relacionados con la penalización del aborto y las autoridades han denunciado a otras 250 mujeres por abortar.

Condenas de hasta 30 años por abortos espontáneos

Los colectivos feministas han logrado avances frente a un sistema obtuso, incluyendo la liberación de 64 mujeres que habían sido condenadas por sufrir emergencias durante sus embarazos, que terminaron con la pérdida involuntaria del feto. Uno de los casos más conocidos es el de Evelyn Hernández, quien en 2016 fue detenida tras sufrir un parto extrahospitalario en la letrina de su casa. El bebé murió. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. La sentenciaron a 30 años de cárcel por homicidio agravado, pero fue absuelta en 2020 tras varios años de presiones internacionales.

Los reveses también las han acompañado, como ocurrió este lunes, cuando un juez condenó a 30 años de cárcel a otra joven, Esme, por haber sufrido un aborto involuntario. La mujer tuvo una emergencia de salud durante su embarazo y, según organismos que defienden el derecho al aborto en el país centroamericano, no recibió atención médica oportuna, sino que fue acusada por abortar de forma inmediata por la Fiscalía y mantenida por dos años en prisión preventiva durante el proceso judicial y alejada de su hija de 7 años. Es la primera condena de este tipo que se registra en siete años en El Salvador y también la primera durante el Gobierno de Nayib Bukele, quien ha dado un portazo a la lucha de las mujeres para lograr la legalización del aborto. “Es un golpe”, dice Herrera, “porque nos hemos planteado sacar a todas las mujeres de la cárcel. Pesábamos que estábamos en la recta final. Hemos analizado caso por caso, identificamos rutas distintas para cada caso y nos planteamos el esfuerzo de sacarlas y ya solo nos quedaban cuatro [mujeres apresadas]”, explica.

El colectivo al que pertenece Herrera se ha aferrado a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que insta al Estado salvadoreño a no criminalizar las emergencias obstétricas. “Permite evitar la denuncias en los hospitales y pensamos que es posible que en El Salvador cierre esa parte. Sabemos que no lo hacemos sin oposición, porque en el país y en Centroamérica hay voluntades que pretenden que la región siga en las posiciones más atrasadas, que no se reconozcan los derechos de las mujeres”, explica la activista. Y más en El Salvador, un enclave conservador, donde ni el Gobierno que lidera el controvertido presidente Bukele, ni el sistema legislativo están dispuestos a analizar una reforma al Código Penal. “Pero creemos que con la mano de la solidaridad internacional, de la movilización social y de la resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos vamos a cambiar esa voluntad”, afirma Herrera.

La lucha por Bertha

Las mujeres que apoyan a Bertha se han movilizado para cumplir todos los requisitos del sistema, lo que incluye los viajes al pueblo fronterizo donde nació. Pero parece que el infortunio la persigue. “Fuimos a Guatemala y encontramos que la alcaldía donde estaba asentada esta muchacha la quemaron hace varios años, por lo que no hay un lugar donde pedir la partida de nacimiento para hacer el proceso de regulación”, cuenta Herrera. “Es todo muy absurdo, porque para condenarla no requirieron documentos de identidad, pero ahora para darle la libertad o para buscar atenuantes, no se le reconoce ese derecho porque no tienen ningún documento”, protesta la feminista.

Herrera y sus compañeras no han cejado en su esfuerzo por lograr la liberación de Bertha. Han contactado con su madre, quien sí tiene un documento de identidad, y con una abogada que las ayuda a sumergirse en las aguas profundas de la burocracia guatemalteca para dar con los papeles que acrediten la ciudadanía de la joven. En el proceso, al menos, han tenido algunos triunfos. “Hemos ido buscando alternativas para alertar de lo que ha pasado con Bertha. Incluso su caso fue analizado ya por el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas y claramente han calificado su situación como una detención arbitraria. Seguimos trabajando, porque hay que revertir esa condena”, afirma.

En la cárcel, Bertha trabaja varias horas al día con la esperanza de que ese trabajo sea tomando en cuenta por las autoridades carcelarias para que le reduzcan la pena o la liberen. “Mi hija está viva y yo estoy penada para 15 años”, se lamenta la madre en un audio corto que ha sido difundido por sus defensoras. “No piensen que ha terminado todo, les pido que sigan adelante”, las anima.

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