Del hospital a la cárcel: la doble tragedia de perder un embarazo en El Salvador

Lo normal sería que todas las mujeres pudieran abortar de forma segura si no desean ser madres. Lo justo —y humano— sería que todas las mujeres que sufren una emergencia obstétrica recibieran atención médica, que fueran acompañadas. A Teodora Vásquez la asaltaron en un autobús y uno de los atacantes le golpeó el vientre. Tres días después, tuvo un parto precipitado y el bebé nació muerto, pero en lugar de ser atendida como necesitaba —como merecía— fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Todavía sangrando y casi desmayada, la policía la detuvo y la llevó directo a la cárcel. El trato que recibió Teodora no fue normal ni justo ni humano. Como tampoco ha sido el que han recibido las demás mujeres que han sido juzgadas penalmente en El Salvador por haber sufrido una emergencia obstétrica que terminó en un aborto espontáneo. Nuestra libertad, una película de la directora suizo-salvadoreña Celina Escher, pone en pantalla las caras y voces de estas mujeres que han sido más fuertes que las durísimas leyes que han intentado matarlas en vida.

“Perdí todo”, dice Glenda Cruz, que ha sufrido todas las violencias posibles. Tenía cuatro meses de embarazo y, tras una golpiza que le dio su pareja, tuvo un aborto involuntario. No hubo una sola prueba en su contra, excepto la palabra de su marido. El hombre que le hizo perder el bebé a golpes fue el único testigo y sus mentiras fueron suficientes para que la justicia la mandara a la cárcel por haber cometido supuestamente un homicidio.

Nuestra Libertad

La rabia y la impotencia de ver lo que pasa con las mujeres en El Salvador, en donde el aborto bajo cualquier circunstancia se paga con cárcel, motivó a Celina Escher a abrir un espacio para que contaran sus historias. Las mujeres tenían algo que decir y lo podían hacer ellas mismas. “La rabia terminó transformándose en admiración”, cuenta Escher. También en amistad. Durante cerca de tres años, la directora estuvo entrando y saliendo de la prisión, acompañándolas en las clases de baile que recibían de una ONG, viéndolas peinarse unas a otras y dejándoles la cámara encendida para que dijeran lo que sentían y relataran cómo habían terminado ahí, cómo había sido el arresto, cómo eran sus vidas antes de perder la libertad. “La película es un homenaje a las mujeres salvadoreñas. Sobre todo a las más vulnerables, a las que viven en la pobreza. Las leyes están en contra de ellas. Se las criminaliza por ser mujeres, pero también por ser pobres”. Los feminicidios no se castigan, la maternidad temprana se ignora y los abortos espontáneos se juzgan como si las mujeres fueran las peores criminales.

La mayoría de las detenidas no pudieron estudiar —pero sueñan con hacerlo—, son madres solteras, son las que trabajaban en ventas ambulantes, las que conseguían ayudar a sus papás preparando y vendiendo pupusas. Muchas serían mamás por segunda vez, a pesar de que todo parecía estar en su contra. Teodora no había asistido a controles médicos durante su embarazo porque no tenía con qué pagar una consulta y porque trabajaba todo el día. Todas tenían la vida suficientemente complicada como para querer cometer un crimen, pero el Estado no les perdonó que perdieran a sus hijos, así ellas no tuvieran la culpa.

“El Salvador se adueñó de la vida de las mujeres”, dice Teodora desde la cárcel. “Acá hay niñas menores de 25 años”, continúa. Todas saben que estar allí no es fácil. Según dicen, los primeros meses hay que dormir en el piso, sin ni siquiera derecho a una sábana. En la cárcel que les tocó, la de Ilopango, los baños no alcanzan a ser diez y hay al menos 3.000 presas.

Cuando Teodora fue condenada en 2007 por un delito que no cometió creyó que era la única. Una injusticia de ese tamaño no podía ser un patrón, pero le bastaron unos meses para darse cuenta de que era algo sistemático. A Alba Rodríguez la violaron tres hombres —su hermano, entre ellos— y aunque ante un abuso sexual intentar un aborto podría parecer lógico, a ella no se le pasó por la cabeza hacerlo, pero tuvo una emergencia y el bebé murió antes de nacer. “Ha sido bastante dura la vida”, se le escucha decir en la película. En el año 2012 y con el apoyo de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto empezaron a visibilizar sus casos y a intentar demostrar que no había pruebas contra ellas, que no eran unas asesinas, como les llamaban los grupos religiosos y conservadores del país. Se hicieron conocer como ‘Las 17′. Los lamentos las unieron y con Teodora como líder se organizaron para denunciar. Teodora tomó la vocería y su transformación —de una mujer escoltada por policías y acosada por la prensa, a una líder que defiende sus derechos y los de las otras aun estando en la cárcel— se retrata en la película de Escher. Al principio se le ve nerviosa, tímida, pero a lo largo de la historia crece, se da cuenta de que no tiene nada qué esconder y sí mucho por decir.

“Los medios de comunicación han sido parte de la estigmatización de las mujeres en El Salvador. Por eso, esta vez eran ellas las que debían contar sus historias. No quería revictimizarlas. Todas son sobrevivientes de algún tipo de violencia o de todas: violencia obstétrica, física, sexual, estatal, policial”, dice la directora, de paso en Ciudad de México en donde esta semana habrá dos funciones de Nuestra libertad, que tendrá luego un recorrido por varios países de la región.

Los relatos más difíciles son contados en la película a través de animaciones. No hace falta ver la sangre para saber cuánto sufrieron. Las imágenes en azul representan a la policía —el color de su uniforme—, el rojo es la sangre, la pérdida, y el negro es el miedo, la soledad y la impotencia de perderse en medio de un sistema que intenta tomar el control absoluto de la vida de las mujeres.

“Aquí nos queremos, esta es una familia. Juntas podemos”, dice Teodora. Las que han logrado salir de prisión gracias a una rebaja en la condena o a la conmutación de la pena continúan la lucha desde fuera. Ya no les da miedo decir que tienen derechos y que sus cuerpos no son propiedad del Estado.

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