Teodora y ‘las 17’ de El Salvador: cuando abortar es el peor crimen

Cuando despertó, después de pasar un día entero en estado de semiinconsciencia, Teodora Vásquez se vio en un hospital, con el pie izquierdo esposado a la camilla y rodeada de periodistas. La policía les había convocado para que pudieran fotografiar el Mal: una chica de 23 años y origen humilde acababa de matar a su hijo recién nacido. Nadie quiso atender, ni entonces ni después, la versión de Teodora: que había sufrido un aborto involuntario por una emergencia no atendida. Después de pasar 10 años y siete meses en la cárcel, la mujer está ahora en Barcelona, donde busca la atención de los medios para denunciar que, en su país, abortar -aunque sea por accidente- tiene un precio exorbitado.

La presión internacional -la ONU, el Parlamento Europeo o Amnistía Internacional, que lanzó una campaña con su imagen como bandera– torció la voluntad de El Salvador, que en 2008 había condenado a Teodora a 30 años de cárcel por homicidio agravado y hace dos meses le conmutó la pena y la dejó en libertad. De la cárcel ha salido una activista. “Yo antes era una persona de las que no opinaba. No me interesaba el tema del aborto. No pensaba que esto me podía pasar a mí. Tampoco pensaba en las mujeres que lo sufrían”, explica Teodora, firme defensora de la despenalización del aborto en su país, que aplica una de las legislaciones más severas del mundo: prohíbe el aborto en todos los supuestos y los castiga con entre 8 y 50 años de cárcel. En pleno debate sobre la materia en El Salvador, Teodora ha pasado por Bruselas y ahora está en Barcelona, invitada por Cooperacció, donde el miércoles se reunió con la alcaldesa Ada Colau.

Aunque el recuerdo sigue vivo, Teodora ya está ya lejos de Ilopango, el penal “espantosamente horrible” para mujeres de la capital, San Salvador, donde pasó más de una década hacinada en una celda, discriminada por las funcionarias y amenazada por reclusas que comparten con una amplia mayoría social la idea de que el aborto es el peor crimen. “Mi país es religioso, machista y conservador. Muchos creen que lo que hemos hecho es un pecado, que vamos a ir al infierno y que deberíamos haber muerto nosotras y no nuestros bebés”. Teodora no olvida a sus “compañeras”, las “17 y más”, nombre con el que se conoce a las mujeres salvadoreñas encarceladas por abortar. Cuando empezó la campaña para liberarlas eran 17, pero el número fluctúa y ahora son 24. De ahí el “más”.

Todas esas mujeres están en su memoria. Recita sus nombres: Maira Figueroa, que abortó tras ser violada y fue condenada a 15 años de cárcel, pena que se le conmutó hace un mes; María Teresa Rivera, en libertad desde hace un año pero con asilo en Suecia porque la fiscalía quería reabrir el caso; Imelda Isabel Cortés, presa como ella en Ilopango y condenada a 30 años; Sandra Isabeth Alfaro, de 19 años, que perdió al feto de forma espontánea en un instituto público y fue denunciada por la directora; o la última, Imelda Isabel Cortés, que lleva un año en prisión preventiva, en el penal de San Miguel, tras abortar porque fue violada por su padrastro.

Además de mujeres y salvadoreñas, a todas ellas las une otra circunstancia: son pobres. Las mujeres ricas de El Salvador también abortan, pero no ingresan en prisión. “Se van a Cuba o a México, o lo hacen en clínicas privadas que no reportan”, explica su abogada, que la acompaña en la visita. Un informe de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto incide en ese perfil: se trata de mujeres solteras o con las parejas lejos, de zonas rurales o barrios deprimidos y, en general, con escasa formación. Teodora cree que hay un efecto colateral en la presencia de mujeres pobres -también por otros delitos- en las cárceles de El Salvador. "Solo en Ilopango hay 3.000 mujeres, la mayoría con hijos pequeños, que crecen sin protección de la madre y se apuntan a las pandillas".

La misma cadena de circunstancias que sacó a Teodora de Ilopango la condujo hasta allí. En 2007, la mujer trabajaba en la cafetería de un colegio público. Estaba embarazada de 39 semanas cuando sintió “fuertes dolores” y llamó a emergencias. Nadie acudió a atenderla. Entró al baño y se desmayó por la pérdida de sangre. El bebé nació muerto. El ordenanza la vio, vio el feto y la denunció. Cuando la Policía llegó no lo hizo para atenderla, sino para incriminarla. “¿Por qué lo hiciste?, me preguntaron”. La mujer, que ahora tiene 34 años, cuenta que la llevaron a un calabozo “con ratas y gusanos” y le esposaron las manos a un punto alto de la pared, lo que le obligó a estirar el cuerpo y a tocar el suelo "solo de puntillas". Así permaneció una noche. “Hasta que un policía dijo que iba a morir allí y que mejor me muriera en el hospital".

Luego llegaron la zozobra, la camilla, los periodistas. Y el proceso penal: su familia solo pudo reunir 700 dólares para pagar la asistencia del abogado a una vista previa; el día del juicio acudió un letrado de oficio que la conoció ese mismo día y no sabía nada de la causa. Una pura formalidad. Fue condenada porque, según las pruebas científicas (luego cuestionadas) asfixió al bebé. “Tuve que cargar a la vez con varias cosas. Alejarme del hijo que ya tenía [ahora tiene 14 años] y de mi familia. La pérdida de mi bebé. Y la de mi libertad”. Los primeros años en prisión fueron durísimos hasta que, el 11 de junio de 2012 –recuerda la fecha con precisión- vio una luz: las activistas de la Agrupación Ciudadana se le acercaron y empezaron a organizar a las mujeres en su misma situación.

El Salvador debate estos días la despenalización del aborto en algunos supuestos: cuando la mujer ha sido víctima de violación o trata de seres, cuando hay riesgo para la vida o cuando el feto es inviable. Los activistas quieren que se apruebe con celeridad, antes del 30 de abril en todo caso, cuando se constituye una nueva cámara más conservadora. Teodora quiere ir más allá y propugna el aborto libre: “Las mujeres tenemos derecho a decidir por nosotras mismas, no necesitamos que alguien venga a gobernarnos”. Mientras eso se consigue, intenta que ninguna mujer más vaya a la cárcel por abortar. Y que las que ya están allí, “queden en libertad”. “No podemos permitir que el Estado salvadoreño, por orgulloso y machista, permita que esas mujeres se consuman en la cárcel”.