La violencia machista en 2020: los asesinatos cayeron con el confinamiento y se dispararon tras el estado de alarma

El 2020, el año en el que España vivió tres meses de confinamiento estricto por la pandemia, fue también el año con menos víctimas mortales por violencia machista desde que hay datos. Aun así, fueron asesinadas 46 mujeres, que aunque son nueve menos que el año anterior equivalen a una muerte cada 7,9 días. Los datos revelan que esta frecuencia fue muy inferior durante los 99 días de confinamiento: entre el 15 de marzo y el 21 de junio se produjeron cuatro asesinatos, la cifra más baja de la serie histórica para un periodo de esa duración, según el informe elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los expertos, que durante las semanas de cuarentena obligatoria advirtieron del incremento de llamadas al 016 y del peligro que suponía para las víctimas estar encerradas con su agresor, coinciden en que la reducción de feminicidios podría estar conectado tanto al mayor control del agresor respecto a su víctima durante el confinamiento como a la dificultad de acceso del agresor a la mujer en el caso de parejas que no convivían. En cuanto se levantó el estado de alarma, repuntaron los asesinatos machistas: 12 en 47 días.

Los datos recogidos por el Observatorio contra la Violencia de Género respecto a 2020, advierten los expertos, deben ser analizados con cautela por las circunstancias tan anómalas en las que trascurrió la mayor parte de ese año. Con todo, las cifras confirman una tendencia a la baja observada desde 2011, con datos muy alejados de los valores registrados entre 2003 y 2010. Según los especialistas del CGPJ, “la consolidación y perfeccionamiento” de las políticas públicas de protección frente a la violencia de género han contribuido a mantener esta tendencia descendente. El informe señala como factores clave “el aumento de la concesión de medidas de protección, el perfeccionamiento de las herramientas telemáticas, el incremento porcentual de las sentencias condenatorias o la progresiva concreción de las medidas incluidas en el Pacto de Estado”.

Pero hay datos en los que no se observa esa mejoría, como el de las víctimas mortales que llegaron a presentar una denuncia previa. De las 46 mujeres asesinadas (a las que se suman tres menores), solo ocho (el 17,4%) había denunciado a el agresor, un porcentaje inferior al del año 2019 (21,8%) y a la media de la serie histórica de 2003 a 2020 (25,6%). No obstante, el porcentaje de víctimas mortales que presentaron denuncias previas entre los años 2003 y 2020 es irregular y tiene muchas oscilaciones interanuales, que van desde el 15,8 % de 2005 hasta el 34,5 % de 2014. Cinco de las ocho mujeres asesinadas en 2020 que ya habían denunciado al que después fue su verdugo mantenían la convivencia con él.

El análisis individualizado de los ocho casos con antecedentes judiciales revela que las denuncias previas presentadas por las víctimas dieron lugar a un total de 11 procedimientos judiciales, ya que tres de ellas habían presentado más de una denuncia por violencia de género contra el agresor. El análisis del CGPJ se circunscribe a siete de los ocho casos y a nueve procedimientos porque el Observatorio no ha tenido acceso al expediente judicial de una de las víctimas. En tres de esos nueve procedimientos fueron las propias víctimas las que presentaron la denuncia inicial. La mayoría de las veces (78%) se denunció una agresión física (desde empujones y tirones de pelo a golpe e intentos de asfixia). El 11 % de las denuncias fueron por violencia psicológica, siendo las amenazas de muerte, los insultos, desprecios y vejaciones o las amenazas para privar a las víctimas de sus hijos los hechos más frecuentes. En seis de los nueve casos se había hecho una evaluación de riesgo policial, pero solo se apreció riesgo “alto” en uno de ellos. En dos se detectó riesgo “medio”, en uno “bajo” y en los dos restantes, “no apreciado”. Ocho de cada diez mujeres asesinadas (36 de las 46 víctimas, 78,3%) mantenían la convivencia con el agresor en el momento del crimen. En 2019, había convivencia en el 65,5 % de los casos. En la serie histórica, entre 2003 y 2020, se dio en seis de cada diez casos (60,8 %).