El Ministerio de Consumo podrá sancionar a las grandes empresas que cometan fraude

El Ministerio de Consumo podrá sancionar a las grandes empresas que cometan fraude contra los consumidores, algo que en la actualidad tan solo pueden hacer las comunidades autónomas. Así lo recoge el anteproyecto de reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado este martes en el Consejo de Ministros. El texto también pretende actualizar las infracciones en el mundo digital, por lo que considerará práctica desleal la reventa de entradas cuando el uso de bots [robots informáticos] impida el acceso a la compra normal de los clientes, y sancionará como publicidad encubierta las reseñas y comentarios falsos sobre productos en Internet. Las principales asociaciones de consumidores consideran muy positivos estos cambios.

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Con esta reforma, el departamento que dirige Alberto Garzón asumirá nuevas competencias y podrá así actuar como autoridad sancionadora en aquellas infracciones que puedan afectar a la unidad del mercado y a la competencia, o cuando ocurran en varios Estados de la Unión Europea. Además, el ministerio podrá multar a empresas que no estén localizadas en España, como ocurre a menudo en las infracciones relacionadas con el comercio electrónico. Para el ministro, esto supondrá “un incremento a las herramientas a disposición del Estado para desplegar medidas necesarias para incrementar la protección de las personas consumidoras y mejorar la eficiencia de los mercados”.

Garzón ha explicado este martes que la nueva normativa habría permitido al Gobierno actuar con celeridad ante casos que afectaron a millones de ciudadanos como el dieselgate, en el que la marca automovilística alemana Volkswagen instaló un software para falsear las emisiones contaminantes de sus vehículos. “Desde ese momento, los Estados europeos empezaron a sancionar y multar a la empresa... Esto no sucedió en España, donde sigue abierta la vía judicial, porque carecíamos del instrumento para hacerlo”, ha apuntado.

“Este vacío ha permitido que exista una asimetría de poder entre grandes empresas y consumidores”, ha añadido el ministro. Por eso esta reforma “es un desincentivo a que las grandes empresas cometan fraudes o abusos”. La nueva herramienta podría servir también para actuar ante casos como las cláusulas suelo de las entidades bancarias, o para sancionar a las compañías aéreas que no han devuelto a los usuarios millones de euros por sus vuelos cancelados.

La norma prohibirá la publicidad encubierta en redes sociales, hasta ahora no regulada, y la publicación en internet de reseñas y valoraciones falsas o pagadas por el fabricante. Será el empresario quien tendrá que garantizar que las reseñas proceden usuarios que realmente han adquirido el producto; no hacerlo será considerado como práctica desleal. Además, cuando los resultados de los buscadores online se vean alterados por la publicidad pagada, los motores de búsqueda tendrán que especificar una descripción de los parámetros utilizados.

Cuando la norma entre en vigor, el Ministerio de Consumo podrá imponer sanciones de hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de las infracciones cometidas en España, y hasta el 4% del volumen de facturación de las empresas cuando cometan infracciones en varios Estados miembros. Además, el departamento podrá decomisar las mercancías, cerrar establecimientos por un plazo de hasta cinco años y publicitar las sanciones impuestas, que tendrán así un carácter disuasorio. Las comunidades autónomas podrán seguir sancionando como hasta ahora; si abren expedientes autonómicos, el ministerio graduará la cuantía de la multa en función de los perjudicados en regiones que no lo hayan hecho.

La reforma era una petición de las principales asociaciones de consumidores. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, lo resume así: “El ministerio que proteja a los consumidores tiene que contar con capacidad sancionadora para actuar contra los fraudes masivos. Llevábamos pidiendo esta medida desde 2015. Hoy se empieza a trabajar en una reforma que va a dotar de esas competencias a este ministerio”. Y prosigue: “Es fundamental que frente los robos que cometen la banca, las telecomunicaciones, las eléctricas y las aseguradoras, hay que contestar desde el Gobierno con multas. Era insuficiente que lo hicieran solo las comunidades autónomas”. En cualquier caso, “hará falta que este y los futuros ministerios tengan la voluntad política para castigar de forma ejemplarizante a las empresas que estén defraudando con prácticas que les representan beneficios ilícitos de millones de euros”.

Adrián Vivas, portavoz de la OCU, también aplaude una iniciativa que formaba parte de las peticiones de la asociación en defensa de los usuarios: “Cualquier regulación que establezca una protección reforzada de los consumidores para prevenir posibles fraudes y abusos siempre será bienvenida”. Y continúa: “Para que ese efecto disuasorio sea real es preciso que no solo se sancione con cifras ejemplarizantes, sino que además se dote de la infraestructura y medios necesarios para que realmente se puedan llevar a cabo los procedimientos de instrucción que finalicen con la correspondiente sanción”.

Polémica por el consumo de carne

Alberto Garzón se vio envuelto en una polémica hace dos semanas, cuando recomendó comer menos carne por la salud y por el planeta, tal y como piden los expertos científicos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desautorizó sus palabras tres días antes de remodelar el Ejecutivo, lo que hizo aumentar los rumores de que cesaría al titular de Consumo. Sin embargo, Garzón ha seguido en el cargo y su departamento adquiere ahora nuevas competencias.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros Garzón ha sido preguntado sobre si se sintió desautorizado por Sánchez. El responsable de Consumo ha respondido que el Ejecutivo del que forma parte es “progresista y profundamente comprometido en la lucha contra el cambio climático”, y en esa labor puede ayudar la ganadería extensiva, “un modelo que necesitamos defender”, en contraposición a la ganadería intensiva. El ministro ha añadido que desde su gabinete están “convencidos” de esta línea de trabajo: “Esto es lo que nosotros seguimos defendiendo y no se mueve un ápice de lo que yo, precisamente, dije en su momento”.