La Fiscalía de Alicante no ve delito en el acceso indebido a los datos de Rocío Carrasco porque ella misma los contó en televisión

La Fiscalía de Alicante archivó las diligencias de investigación abiertas por el acceso indebido al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco porque no apreció que el fisgoneo le causara ningún perjuicio. “En el caso de que los datos que contiene el documento se refieran a ella”, ya que aparecen solo con iniciales, “se trataba de datos que la propia interesada estaba dando a conocer por televisión”, alegan fuentes del ministerio fiscal en Alicante, consultadas por EL PAÍS. La misma investigación aún no se ha cerrado en los juzgados de Valencia y Castellón.

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Las diligencias se abrieron después de que el Ministerio de Interior detectara que al menos una decena de funcionarios de la Comunidad Valenciana habían accedido a la documentación relativa a la hija de Rocío Jurado, tras la emisión de los primeros episodios de la serie documental emitida por Telecinco. La secretaría de Estado de Seguridad bloqueó el acceso al sistema a todos los funcionarios que habían entrado a curiosear sin estar relacionados con el caso. Posteriormente, la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana abrió un expediente informativo y uno disciplinario y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Las pesquisas se desarrollaron en las tres provincias valencianas.

En el caso de Alicante, la única demarcación en la que se han archivado las diligencias, solo se detectó una entrada indebida a la documentación de Carrasco. “Fue una funcionaria”, señalan las fuentes del ministerio fiscal, “que entró a consultar el expediente después de una llamada de una posible víctima”. La empleada pública atendió a una mujer “que decía sentirse identificada con la situación expuesta” por la protagonista de la serie documental Rocío Carrasco: Hablar para seguir viva, en la que desvelaba la presunta violencia de género ejercida por su exmarido, Antonio David Flores.

La persona que llamó a la funcionaria “quería saber qué podía hacer para denunciar los hechos”, según las mismas fuentes, por lo que la investigada accedió a la documentación para tratar de asesorar a esta persona. Para entrar al sistema de vigilancia de víctimas de violencia machista, conocido como Viogén, los empleados de justicia no solo tienen que usar su clave personal, lo que ha permitido su detección, sino que, además, “deben hacer constar el motivo” por el que ingresa a la base en la que se ubica la información confidencial. La consulta de esta llamada externa sería la excusa esgrimida para fisgonear.

El informe realizado por la Fiscalía de Alicante determinó que no se había producido “perjuicio alguno” contra Carrasco. No obstante, en el documento también se detalla que la interesada podría denunciar el acceso indebido a su intimidad judicial “si así lo considerara oportuno”. Cada expediente del sistema Viogén contiene la identificación de las víctimas y sus agresores, así como toda la documentación relativa a las denuncias presentadas, las resoluciones judiciales, los informes periciales y todo el seguimiento del caso.

Tal como adelantó ayer EL PAÍS, los trabajadores del servicio de atención a las víctimas cazados por este motivo han sido separados de sus puestos, tras bloquear su acceso al sistema, y destinados a otras secciones. Algunos de ellos se lamentan de que no se les ha asignado ninguna ocupación desde hace más de dos meses, cuando comenzaron tanto la serie documental como las pesquisas. En ningún caso se ha constatado que los datos se hayan utilizado para trasladarlos a terceros, sino siempre como medio para satisfacer la curiosidad personal.

Desde 2007, cuando entró en funcionamiento el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, más de 635.000 mujeres víctimas de violencia de género han sido atendidas por agentes policiales y se han realizado más de 4,7 millones de evaluaciones de riesgo, según datos del Ministerio del Interior. El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista las 24 horas y en 51 idiomas. No deja rastro en la factura, pero hay que borrarla del registro de llamadas. Los menores también pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10 y los ciudadanos testigos de alguna agresión, al 112.