La Fiscalía investiga a una decena de funcionarios por el acceso indebido al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco

La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar a una decena de funcionarios que han accedido de forma indebida al expediente de Rocío Carrasco en el sistema de vigilancia de víctimas de violencia machista, conocido como Viogén. Las pesquisas se iniciaron después de detectar que estos habían entrado a fisgar en los datos de la hija de la cantante Rocío Jurado sin que su trabajo tenga nada que ver con el caso. En principio, el grueso de las entradas se ha localizado en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, aunque no se descarta que haya habido más accesos puntuales desde otros territorios.

Tras la emisión del primer programa de la serie documental, al menos una decena de personas accedieron al expediente para curiosear la información que el sistema recoge sobre las denuncias por violencia machista que había presentado Carrasco y el seguimiento que se le había realizado. Ese acceso, limitado a funcionarios que trabajan en Servicios Sociales, a la policía y a jueces, deja rastro, ya que cada una de las personas que tienen acceso al mismo dispone de una clave para entrar, dado que se trata de información confidencial.

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Interior detectó los accesos indebidos a partir del 22 de marzo, cuando se emitió la primera parte del documental. El día 26, al descubrir que los funcionarios, aparentemente, no estaban relacionados con el caso de Rocío Carrasco, la secretaría de Estado de Seguridad decidió bloquearles el acceso a todo el sistema. Según fuentes del ministerio, la administración puso en conocimiento de estos trabajadores el motivo por el que se les había bloqueado el acceso cuando comenzaron a reclamar la imposibilidad de acceder a una herramienta que es fundamental para su trabajo. El día 31, la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana abrió un expediente informativo, uno disciplinario y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Se abrieron diligencias de investigación en las tres provincias, aunque en Alicante el caso se ha archivado. Tras el bloqueo al sistema, la consejería separó a los funcionarios del servicio de atención a las víctimas. Según fuentes de Justicia, los trabajadores no han sido reubicados pero sí destinados a otros servicios. Sin embargo, según ha podido saber EL PAÍS, algunos de ellos se quejan de que acuden diariamente a su puesto de trabajo, pero no tienen asignada ninguna ocupación desde hace más de dos meses. En ningún caso se ha detectado que los datos consultados se hayan utilizado para otra cosa que satisfacer la curiosidad personal.

Cada expediente incluido en el sistema Viogén contiene la identificación de las víctimas y sus agresores, las denuncias que se han presentado al respecto, las fechas de las mismas, las resoluciones judiciales que se hayan adoptado, informes periciales y seguimiento del caso por parte de la policía; es decir, los datos que aportan las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género de manera que la información de interés esté integrada en una sola base de datos que, además, permita hacer un balance de los riesgos para cada víctima.

Desde 2007, cuando entró en funcionamiento el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, más de 635.000 mujeres víctimas de violencia de género han sido atendidas por agentes policiales y se han realizado más de 4,7 millones de evaluaciones de riesgo, según datos del Ministerio del Interior.