Fin del estado de alarma: tres medidas útiles pero insuficientes para sacar a España del riesgo alto

En otoño de 2020, las comunidades autónomas se quedaron sin herramientas legales para frenar una segunda ola epidémica que amenazaba con repetir los estragos de la primera. La respuesta del Gobierno, el 25 de octubre, fue un estado de alarma que dio amparo jurídico fundamentalmente a tres medidas que, si se quieren mantener a partir del domingo, requerirán autorización judicial: los toques de queda nocturnos, los cierres perimetrales de territorios y el límite en el número de personas que pueden reunirse tanto en espacios públicos como privados. El 9 de noviembre la situación excepcional se prorrogó seis meses, que se cumplen el 9 de mayo, lejos del objetivo que marcó el presidente del Gobierno: reducir por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes en 14 días la incidencia del virus. Este jueves estaba en 202, “riesgo alto”, más cerca de los 362 que había cuando se aprobó que de la meta fijada por Pedro Sánchez.

¿Cómo de útil ha sido cada medida? ¿Qué habría pasado sin ellas? Es difícil responder, ya que no vinieron solas, sino acompañadas de paquetes de limitaciones que las comunidades han ido modulando en función de la incidencia del virus en sus territorios. Y de algo todavía más complicado de medir: el comportamiento ciudadano y su seguimiento de las normas. Cuatro expertos en salud pública consultados por EL PAÍS coinciden en que sin ellas la situación habría sido peor, pero también señalan que resulta tarea casi imposible calcular la efectividad de cada una. Tienden a dar más importancia al toque de queda y menos al cierre perimetral, aunque hay matices entre ellos.

Toque de queda

La restricción nocturna de la movilidad era la medida estrella del estado de alarma que, en buena medida, nació para poder ponerla en marcha. Una reclamación de algunas comunidades autónomas que necesitaban esta herramienta legal extraordinaria para limitar una libertad fundamental como es salir a la calle cuando a uno le plazca.

Para Ignacio Rosell, secretario del comité de expertos de Castilla y León para hacer frente a la covid, “está claro que ha sido útil”. “Sabemos que el virus se transmite igual a las dos de la tarde que de la madrugada. Pero los seres humanos tienen un comportamiento muy diferente a las dos de la tarde que de madrugada”, sentencia. Coincide con él José Martínez Olmos, que fue secretario general de Sanidad con los gobiernos de Zapatero: “Ha contribuido a que la incidencia no suba, ha evitado interacciones sociales y es una medida más fácil de controlar que las otras: en general la gente no estaba en la calle más tarde de esa hora”.

Puede que sea la medida más valiosa, pero también la que restringe más claramente derechos fundamentales. Precisamente Castilla y León aprobó adelantar la restricción de movilidad a las 20.00, algo fuera del amparo del estado de alarma, que solo la recogía desde las 22.00, y su iniciativa fue tumbada por la justicia. Algunas comunidades, como Galicia y Cataluña, ya han renunciado a ella, pero otras siguen planeando mantenerla. Los jueces ya se lo han permitido a Baleares, y las demás que pretendan seguir con toque de queda tendrán que ponerlo en manos de sus tribunales superiores de justicia.

Lo que sí depende de los Gobiernos autonómicos es mantener horarios de cierres para la actividad económica, lo que de facto deja a los ciudadanos con poco que hacer por las calles cuando los establecimientos cierran. Pero abre la puerta, por ejemplo, a celebraciones en viviendas. “En realidad el toque de queda era una medida disuasoria para evitar riesgos”, señala Rafael M. Ortí Lucas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene.

Cierres perimetrales

Todas las medidas para frenar el virus tratan de limitar la interacción social. Los cierres perimetrales “han contribuido a que haya menos contactos entre personas”, según Rosell, a quien no le parece una medida tan relevante como las otras dos. “Es más importante qué hace luego la persona allí donde esté. Además, es algo que no ha podido ser tan bien vigilado como otras medidas porque los controles han sido muy limitados”. En eso mismo incide Martínez Olmos: “Es muy difícil medir su impacto, porque ha tenido tantas excepciones que la eficacia que le podemos achacar a los confinamientos ha sido el autocontrol de la gente”.

También Alberto Infante, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, cree que la dificultad para sancionar a los incumplidores ha hecho que sea una limitación que dependa más de la disciplina personal. Especialmente “inútil” le parecen los confinamientos de los distritos sanitarios en Madrid, donde los ciudadanos ni siquiera tenían muy claros los límites de estas restricciones. “En municipios cerrados perimetralmente sí ha podido tener más sentido, porque la gente es más consciente y se vigila mejor”, zanja.

Ortí Lucas concede a los cierres perimetrales más importancia. Pone como ejemplo la subida de la incidencia el verano pasado en las zonas costeras de la Comunidad Valenciana, que volvió a bajar a partir de septiembre. “Sabemos que la reducción de la movilidad interna es uno de los factores clave. Normalmente cuando la gente se desplaza por motivos no laborales es para hacer cosas que no hace en su vida diaria, lo que suele implicar más contactos y situaciones de más riesgo”, asegura.

Hay comunidades como el País Vasco y Castilla-La Mancha que han manifestado su inclinación a mantener sus fronteras cerradas cuando termine el estado de alarma, algo que tendrán también que avalar los jueces.

Limitación de reuniones sociales

Esta medida, en palabras de Ortí Lucas, trata de “poner barreras a que una persona contagiada tenga contacto con una no contagiada”. “En una reunión de 10 hay más riesgo de contagio que en una de cuatro”, asegura. A Rosell, más que el número de personas que se reúnan, lo que le preocupa es dónde: “Creo es muy importante aprovechar el buen tiempo y fomentar todas las actividades al aire libre. Es mucho más peligrosa una reunión de pocas personas en un espacio cerrado que otra con más en un parque”.

El máximo de seis personas en reuniones sociales es una medida que se puede mantener fácilmente en establecimientos como restaurantes, limitando el máximo de personas por mesa. Presenta, sin embargo, más complicaciones legales para trasladarla a las viviendas particulares sin el estado de alarma. La capacidad de controlar aforos en viviendas por parte de las autoridades es, en cualquier caso, muy limitada.

Más allá de los límites, lo que va a ser crucial es lo que la gente interprete que sucede cuando termine el estado de alarma, según Alberto Infante, que fue director de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud entre 2004 y 2010. “Si se comienza a vivir con normalidad desde el día 9, las incidencias probablemente van a subir, y hay algunas comunidades en las que ya está muy alta. Pero no sabemos cómo se va a comportar la población”, asegura. Los expertos coinciden en que las normas claras y simples son más fáciles de seguir. Pero por delante hay una cascada de autorizaciones judiciales por autonomías que impiden saber a los españoles qué podrán hacer a partir del domingo.