El Congreso aprueba con una amplia mayoría la prórroga del estado de alarma hasta mayo

El Gobierno ha sacado adelante este jueves, con un amplio apoyo parlamentario, la prórroga del tercer estado de alarma decretado desde que estalló la pandemia, que estará vigente hasta el próximo 9 de mayo. La medida ha recibido 194 votos favorables ― los 155 escaños que suman la coalición del PSOE y Unidas Podemos, los 13 de ERC, 10 de Ciudadanos, seis del PNV, tres de Más País y Compromís, cuatro del PDeCat y los de PRC (1), BNG (1) y Teruel Existe (1)―. El PP ha optado por la abstención, ya que no quiere “ni poner en riesgo las garantías sanitarias” ni tampoco “avalar el atropello legal” de un estado de alarma tan prolongado. Solo Vox, que ha anunciado que mañana viernes interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el estado de alarma, y el diputado de Foro Asturias, han votado en contra. Se han registrado 53 noes y 99 abstenciones. JuntsxCat ha consagrado su división total en dos facciones diferentes, cuatro diputados se han abstenido y los cuatro del PDeCat han respaldado el proyecto del Ejecutivo central.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, encargado de defender el planteamiento del Gobierno en el pleno, ha apelado varias veces al final de su intervención al “sentido de Estado” del PP para que apoyara el estado de alarma y se desmarcara de la ultraderecha de Vox. No ha sido posible. El ministro ha considerado que es “necesario un esfuerzo más” para “proteger a los más vulnerables” y, sobre todo, para dar un marco y cobertura jurídica más estable a las comunidades autónomas que consideren necesario aplicar medidas más restrictivas. El debate ha sido duro en el fondo, pero sin momentos tan broncos y desagradables como los registrados en las últimas semanas.

El líder del PP, Pablo Casado, que no pensaba intervenir, ha subido a la tribuna porque se ha sentido interpelado por las apelaciones de Illa y ha dejado en el banquillo y en una carpeta ya cerrada el discurso que había preparado hasta anoche su portavoz en la Cámara, Cuca Gamarra. Casado ha criticado los “engaños del Gobierno” y ha vuelto a subrayar la ausencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso. “Les gusta gobernar sin control judicial (...). Nosotros dejaremos que las comunidades hagan su trabajo y haremos el nuestro en la Comisión de Venecia”, ha avanzado Casado durante la sesión. El PP se ha lamentado mucho de que ni desde La Moncloa ni desde el PSOE hayan querido de verdad negociar nada del real decreto con ellos a pesar de la llamada que el presidente realizó a Casado el pasado domingo. Más tarde esos contactos se suspendieron y el Ejecutivo trabajó las alianzas con otras formaciones.

Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha tildado la prórroga de “ilegalidad” y el estado de alarma de “estado de excepción encubierto”. Y ha aprovechado las circunstancias para arremeter en varios pasajes directamente y con crispación contra Casado, al que le guardaba la revancha de las invectivas que el popular le lanzó la semana pasada durante el debate de la moción de censura del partido ultra.

La aprobación de la medida ha llegado este jueves después de duras negociaciones desde el Gobierno, a varias bandas, con distintos partidos, en las que el principal escollo ha sido la negativa inicial del presidente del Gobierno a comparecer periódicamente ante el Congreso para hacer balance de la situación. El PSOE priorizó al final en la negociación a ERC y cedió que Sánchez acuda cada dos meses a las Cortes a explicar la evolución de la pandemia, una concesión reclamada de forma casi unánime por los demás partidos. Otro punto de desencuentro fue la duración de la medida, que para la mayoría de partidos de la oposición resultaba excesiva. El PP pedía que se extendiera solo por ocho semanas, hasta el 20 de diciembre, con el objetivo de salvar los próximos tres puentes y, sobre todo, la campaña de Navidad.

El nuevo estado de alarma tiene diferencias sustanciales con el aprobado por primera vez el pasado 14 de marzo, durante la primera ola de la pandemia. La nueva medida persigue conceder al Ejecutivo y a las comunidades autónomas una cobertura jurídica para actuar durante un plazo largo de tiempo contra el coronavirus sin tener que someterse a complicados exámenes políticos quincenales en el Parlamento o a reveses judiciales. En esta ocasión, serán las comunidades autónomas las que tendrán la potestad de decidir si limitan las entradas y salidas de su territorio y la franja horaria del toque de queda.