La jefa de prensa de la Fiscalía declara que Ayuso intentó extender “la sombra de la sospecha” sobre el ministerio público

La defensa del fiscal general del Estado ha seguido durante la sesión de mañana del juicio de hoy insistiendo en su principal línea argumental: Álvaro García Ortiz no reveló ningún secreto y ese día recabó información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador y su posible pacto con la fiscalía por un presunto fraude fiscal de forma defensiva: para atajar los bulos que se estaban lanzando desde el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, ha detallado que el 6 de marzo (siete días antes de que se filtrara el correo de la defensa del novio de Ayuso) recibió la primera llamada de un periodista para saber si conocían la existencia de un caso contra Alberto González Amador y ha explicado que el caso fue adquiriendo una enorme dimensión mediática sobre todo, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid atacara en público a la fiscal jefe provincial.

“El día 12 de marzo, Ayuso empezó a extender una sombra de sospecha sobre la fiscal provincial y, por extensión, sobre toda la Fiscalía”. El día 13 por la noche fue cuando se produjo la presunta filtración del correo que desmentía un bulo previo de Miguel Ángel Rodríguez y una información previa tergiversada de El Mundo, que afirmaban que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de la dirigente del PP (cuando había sido realmente al revés).

Hedo ha declarado también que un periodista de EL PAÍS le preguntó el 12 de marzo, es decir, casi 32 horas antes de que el fiscal tuviera el correo, si tenía información sobre este posible acuerdo. Su versión coincide con la que dieron durante la instrucción cuatro redactores de este periódico que fueron citados como testigos, y que contaron al juez que, a mediodía del 12 de marzo de 2024, tuvieron conocimiento, por fuentes fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de que el abogado de la pareja de Ayuso tenía la intención de alcanzar un pacto con el ministerio público que implicaba que su cliente devolviera lo defraudado más una multa a cambio del reconocimiento de sus delitos. Los periodistas -que declararán en los próximos días en el juicio- explicaron que el diario no publicó esa información porque no consiguió contrastarla con el letrado, Carlos Neira, que no contestó a la llamada, el correo y el mensaje de WhatsApp que le mandó uno de ellos.

Hedo ha concretado que la primera información sobre la denuncia de la Fiscalía a la pareja de Ayuso la tuvo el 6 de marzo por la tarde, cuando se comunicó con ella un periodista de ElDiario.es para preguntarle si había alguna denuncia en la Fiscalía sobre una empresa llamada Maxwell Cremona que, según la información que le dio el periodista, era de alguien llamado Alberto González que estaba vinculado a la Comunidad de Madrid. Ella, según su relato, le dijo que se pusiera en contacto con la Fiscalía de Madrid.

Según Hedo, nadie volvió a preguntarle sobre ese asunto hasta el 12 de marzo, cuando ElDiario.es publicó que el ministerio público había denunciado a la pareja de Ayuso. La jefa de comunicación de la Fiscalía General, según su versión, habló entonces con el responsable de prensa de la Fiscalía madrileña y, ante la demanda de información por parte de los medios de comunicación, envió la denuncia presentada contra González Amador a los periodistas que le preguntaban.

Hedo ha señalado que las llamadas de periodistas se multiplicaron el 13 de marzo después de las 21.29, cuando El Mundo publicó la versión que estaba dando el jefe de gabinete de la presidenta madrileña y recogía detalles de un correo enviado por el fiscal del caso de la pareja de Ayuso a su abogado. Hedo ha recalcado que, poco después, sobre las 21.45, un periodista de La Sexta le llamó para explicarle que le había llegado información en el sentido contrario a lo que publicaba El Mundo, es decir, que era el abogado quien proponía pactar, que es la información que contenía el correo que centra la investigación y que, en ese momento, todavía no estaba en manos de García Ortiz (lo recibió a las 21.59).

“La confusión ya era enorme porque los periodistas no sabían si lo correcto era lo de El Mundo o no. Y El Mundo ya entrecomillaba un correo concreto, con frases literales y datos concretos. Los correos se pusieron en el mercado”, ha asegurado Hedo. A partir de ese momento, la jefa de prensa se cruzó llamadas y mensajes con García Ortiz sobre el caso que afectaba a González Amador para poner en pie la información y redactar el comunicado, pero ha explicado que solo recibió información verbal y no tuvo acceso a los correos sobre el caso.

La nota informativa de la fiscalía

Parte de la declaración de Hedo y Corral se ha centrado en la nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid la mañana del 14 de marzo, que recogía una cronología de la actuación de la Fiscalía en el caso de González Ayuso. La elaboración de esa nota fue lo que, según Hedo, llevó al fiscal general a recabar los correos intercambiados entre el abogado y la Fiscalía.

La fiscal superior declaró en la primera sesión del juicio que ella no estaba de acuerdo con la nota redactada por la Fiscalía General porque incluía datos personales de González Amador, un extremo que ha rechazado Hedo, quien ha asegurado que las reticencias de la fiscal jefa superior y su jefe de gabinete fueron “objeciones formales” nunca sobre el contenido. Preguntado por ello, el director de comunicación de la fiscalía madrileña ha admitido que su oposición a la nota se debió a que le parecía “ridículo” publicar ese comunicado porque todo su contenido estaba ya publicado en los medios y los correos se habían hecho públicos.

Antes de terminar su declaración, la jefa de comunicación de García Ortiz ha dejado otro mensaje relevante sobre filtraciones. La defensa del fiscal general le ha preguntado en qué momento conoció ella que el Supremo iba a imputar a su jefe, a lo que ella ha contestado que había muchos rumores desde varios días antes de que, el 16 de octubre de 2024, el alto tribunal abriera la causa; pero la confirmación, ha señalado Hedo, se la dio el propio García Ortiz el 12 de octubre, cuando, al salir de la recepción en el Palacio Real, le llamó para que ya sabía seguro que lo iban a imputar.

La defensa del fiscal llevó a otros dos testigos para intentar desmontar otras dos cuestiones en que se ha asentado la acusación. Uno era un fiscal de la unidad especial contra la corrupción, Diego Lucas, quien heredó el caso del fraude fiscal de González Amador. Lucas confirmó que los abogados de este propusieron de nuevo un acuerdo de conformidad, que supondría asumir los delitos a cambio de esquivar la cárcel, después de que se hubiese revelado la primera negociación con el Ministerio Público. De ese modo, la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, trataba de desmontar el argumento de los acusadores de que la filtración de que el novio de Ayuso reconocía la comisión de los delitos había torpedeado su estrategia de defensa. Lucas también relató las maniobras de los abogados de González Amador para retrasar su declaración judicial después de que se abriese otra investigación contra él por comprar por medio millón de euros una empresa sin ningún valor a un empresario que le había facilitado cobrar una comisión de dos millones por la venta de mascarillas en plena pandemia.

La segunda testigo era otra fiscal, Esmeralda Rosillo, jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, el departamento que se encarga de gestionar las cuestiones tecnológicas. En caso, la defensa intentaba desvincular el cambio de teléfonos móviles por parte de García Ortiz de un intento de destruir pruebas. Rosilla señaló que ese cambio de dispositivos es habitual y detalló que el acusado ya lo ha hecho en seis ocasiones desde que entró en la Fiscalía General, en 2020, y en tres desde que asumió el mando, en 2023.

También compareció, en este caso reclamado por las acusaciones, el anterior secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. El exalto cargo del Gobierno desmintió que tuviese acceso al correo filtrado objeto de la investigación, que el 14 de marzo de 2024 fue enviado por otra socialista empleada de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para emplear contra Ayuso en una sesión de control en la Asamblea regional. Vallés negó haber mantenido ninguna comunicación sobre el caso con la Fiscalía del Estado y subrayó que ni siquiera tiene el teléfono de García Ortiz.