Restricciones más allá del estado de alarma

Empieza la cuenta atrás para cerrar el paraguas jurídico que ha amparado, durante los últimos seis meses, algunas de las restricciones más duras contra la covid: el estado de alarma decae el 9 de mayo y con él, medidas tan severas como el toque de queda o los confinamientos perimetrales, que limitaban derechos fundamentales. Pero el fin de este instrumento jurídico no implica que se terminen las restricciones. De hecho, los expertos consultados niegan la mayor. Con la curva epidémica en ascenso —la incidencia ha crecido un 20% en una semana y se sitúa en 182 casos por 100.000 habitantes en 14 días—, los epidemiólogos asumen que España necesitará continuar con limitaciones de contacto social más o menos severas para mantener a raya la pandemia.

Ningún experto se atreve a dibujar el escenario epidémico que se vivirá el 9 de mayo. Del ritmo de la vacunación y la evolución de las variantes dependerá, en buena medida, la situación epidemiológica para entonces, insisten. Pero en pleno ascenso de la cuarta ola y con la incógnita abierta aún de cuál será el impacto real de las interacciones de la Semana Santa, hasta los más optimistas apuntan a un escenario complejo. “Quiero creer que la situación epidemiológica será mejor que ahora. Pasaremos los días de esta semana y la que viene creciendo. La primera semana de mayo, amainará, pero, en todo caso, seguirá la transmisión comunitaria y se necesitarán medidas de contención”, explica Alberto Infante, profesor emérito de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.

Cuando se aprobó el decreto de estado de alarma, España estaba sumergida en la segunda ola, y las cifras eran mucho peores que las actuales: la incidencia era de 307 casos por 100.000 y había cerca de 2.800 personas en cuidados intensivos a causa de la covid (ocupaban el 28% de las camas disponibles). La incidencia actual es la mitad y la ocupación de las UCI es del 20%. Pero la situación es difícil de comparar porque el comportamiento del virus es, a menudo, impredecible e influyen muchos factores: entonces no había personas vacunadas —se empezó el 27 de diciembre y ahora hay tres millones de inmunizados—, pero tampoco predominaba la variante británica del virus que se ha impuesto este año, mucho más contagiosa, y responsable actualmente de entre el 70% y el 90% de los casos en España.

“En mayo, podremos no tener la intensidad de la tercera ola, pero habrá altas incidencias y se requerirán medidas”, subraya Daniel López-Acuña, exdirector de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Sanidad ha recomendado, por ejemplo, que las comunidades con una incidencia acumulada mayor de 150 casos por 100.000 habitantes en 14 días mantengan cerrado el interior de los bares, aunque la decisión última es de las autonomías.

Pero controlar la incidencia y la presión asistencial no es tarea fácil. Con las restricciones para frenar la tercera ola, España llegó a reducir su incidencia a 14 días desde los 900 casos por 100.000 habitantes en febrero a los 127 en marzo, pero siguió lejos de los 25 que recomiendan las autoridades sanitarias para mantener a raya la pandemia. Algunas comunidades, como Madrid, que mantienen una política de restricciones más laxas, no han conseguido bajar la incidencia de 200 casos por 100.000 habitantes desde el pasado agosto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunció hace unos días que el Gobierno trabaja con el objetivo de que “no sea necesario” prorrogar el estado de alarma, aseguró que para la primera semana de mayo, el 10% de la población española estará vacunada (cinco millones). Pero aunque culmine la inmunización de uno de los grupos más vulnerables —los mayores de 80 años, de los que solo la mitad han completado la pauta vacunal—, los expertos advierten de que quedan otros grupos etarios de alto riesgo que van muy rezagados: solo el 3% de las personas de entre 70 y 79 años y el 5% de entre 60 y 69 están plenamente vacunadas. ”Si hay un empuje de la campaña, estaremos mejor. Pero mientras no alcancemos la inmunidad de rebaño, hay que proteger a los más vulnerables. Si llegamos al 9 de mayo con protección importante, de más del 80%, de los vulnerables, la situación clínica será mejor”, señala Infante.

El Gobierno ha asegurado que en las próximas semanas se intensificará el ritmo de llegadas de dosis, pero algunos epidemiólogos recelan. López-Acuña opina que no se verá “un efecto tan dramático de la vacunación para mayo”. Y añade: “Puedes tener menos colapso en el sistema sanitario, pero la realidad es que las autoridades están confiando demasiado en que la inmunización pueda frenar las olas”. El epidemiólogo recomienda mantener la misma intensidad de las medidas actuales hasta el final del verano; y la mascarilla, la distancia interpersonal y las burbujas de convivencia, al menos, hasta final de año.

Las nuevas variantes del virus también pueden jugar un papel. Los epidemiólogos no esperan sorpresas con la variante británica, que ya está instalada y responde a las vacunas, pero queda por saber cómo evolucionarán las variantes brasileña y sudafricana, y si los fármacos tienen el mismo grado de eficacia contra ellas. “Parece que estas dos no se están expandiendo mucho, pero habrá que reevaluarlo entonces. Si no nos dan ningún susto, podremos hacer más cosas entonces, pero tendrá que seguir habiendo restricciones en interiores y la vida nocturna debería mantenerse con mucha cautela”, tercia Infante.

Limbo jurídico

Sin estado de alarma, los expertos temen retornar a un limbo jurídico, sobre todo cuando las comunidades quieran aplicar medidas que limiten derechos fundamentales, como el de libre circulación o el de reunión. Para hacerlo necesitarán el aval judicial. “Sin estado de alarma, dejas a las comunidades que tengan que aplicar estas medidas al arbitrio de los jueces, las desproteges. Se tendría que unificar la doctrina al respecto”, apunta Infante, a propósito de las resoluciones judiciales de distinto signo ante peticiones similares durante la pandemia. Coincide López-Acuña: “Perderemos mucho tiempo en idas y venidas de decisiones autonómicas. Acabaremos en una judicialización de las decisiones, en un tira y afloja que no nos va a permitir medidas oportunas y ágiles”.

Jesús Molina Cabrillana, epidemiólogo de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, se muestra favorable a alargar el estado de alarma “hasta que haya inmunidad de grupo” para evitar también “que se incrementen las diferencias entre las comunidades” al tomar decisiones. Pero los juristas apelan a la cautela ante una eventual prórroga de este paraguas jurídico. “Me preocupa que se cree una cultura de que la limitación de derechos fundamentales es lo normal cuando tendría que ser excepcional. Tenemos herramientas suficientes en el ordenamiento jurídico para tomar decisiones, lo que hace falta es que haya lealtad institucional y que se razone bien a los jueces las medidas que se quieren pedir”, valora Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España.

Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, avisa también de que “es peligrosa la normalización de la emergencia” y rechaza que tengan que ser los tribunales ordinarios los que vuelvan a asumir la responsabilidad de recortar derechos fundamentales a causa de la pandemia. López Basaguren reclama una reforma de la normativa sanitaria y de salud pública para dar más seguridad jurídica a las decisiones: “Hay que concretar mejor las medidas que se pueden adoptar por los poderes ordinarios. Lo que no se puede romper es la frontera entre los poderes extraordinarios que regula el estado de alarma y las medidas sanitarias de los poderes ordinarios”, zanja.