Jineth Bedoya, la voz contra la violencia sexual

A la periodista colombiana Jineth Bedoya la han intentado silenciar desde hace dos décadas. Antes de ser secuestrada, ella y su madre sufrieron un atentado del que nunca se conocieron los autores y que no bastó para que el Estado le ofreciera protección. En el 2000, con Colombia sumida en una guerra de narcotraficantes, guerrilla y grupos paramilitares, fue raptada en la puerta de la cárcel La Modelo de Bogotá mientras esperaba a que le autorizaran la entrada para entrevistar a un jefe paramilitar como parte de una investigación sobre tráfico de armas, desapariciones y homicidios en las prisiones colombianas.

La retuvieron 16 horas y después la abandonaron en una carretera a las afueras de la ciudad. Nueve años más tarde, cuando contó por primera vez públicamente que fue torturada y violada, su historia se volvió una causa colectiva contra la impunidad en los casos de violencia sexual en Colombia. En los 20 años que lleva esperando justicia ha alentado a las mujeres a denunciar a sus agresores con la campaña No es hora de callar, que lidera en paralelo a su trabajo como subdirectora del diario bogotano El Tiempo.

Como miles de mujeres, Bedoya ha tenido que lidiar con una investigación judicial cargada de estereotipos de género. Los primeros años del caso, la Fiscalía dudó de su versión e incluso insinuó una posible relación sentimental entre ella y una persona recluida en la cárcel en la que fue raptada. “La búsqueda de la verdad de lo sucedido ha sido más dolorosa que el mismo secuestro”, declaró la periodista, que señala como responsables de su rapto a una mafia de paramilitares, militares, policías y guerrilleros patrocinados por empresarios.

Bedoya ha tenido que relatar ante la Fiscalía hasta 12 veces lo que sufrió el día que la secuestraron. Su proceso, sin embargo, todavía no llega a los autores intelectuales de la agresión, que involucraría a altos mandos de la policía. El sistema de judicial colombiano la ha revictimizado y su expediente se habría cerrado con total impunidad si en 2012 su caso no hubiese sido declarado crimen de lesa humanidad, al ser considerado parte de un método de guerra con el fin de callar a quienes se atrevían a narrar el conflicto colombiano.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) acompaña a Bedoya desde 2010 con el propósito de que su denuncia llegara a una corte internacional ante el poco avance en Colombia. Andrés Morales, exdirector de la FLIP, recuerda que la primera vez que vio a Bedoya la encontró al borde del llanto en unas escaleras de la Fiscalía. La habían citado para preguntarle si ella tenía novedades sobre la investigación. No había esperanzas, la carpeta con su nombre estaba en un cajón y su avance dependía solo de lo que ella averiguara.

A pesar de las amenazas, que no han parado nunca, Bedoya decidió quedarse en Colombia. Desde el Chocó o los Montes de María —zonas abandonadas donde la mayoría de sus habitantes sufrieron el conflicto armado entre la guerrilla y los paramilitares—, su campaña No es hora de callar ha servido de altavoz a otras supervivientes de violencia sexual. Ya son cientos las mujeres que han roto el silencio animadas por su ejemplo. La fecha de su secuestro, el 25 de mayo, fue declarado en 2014 el día por la dignidad de las víctimas de violencia sexual en Colombia. El año pasado fue galardonada con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa de la Unesco.

Crímenes contra la prensa

Su voz también ha sido indispensable para señalar la falta de disposición del Estado para atender los crímenes contra la prensa. Morales asegura que el caso de Bedoya ha dejado en evidencia la gravísima vulneración a los derechos de las mujeres periodistas. “Hay un desamparo judicial que va más allá de si les dan o no escoltas”, dice.

El pasado 23 de marzo, por primera vez, el Estado colombiano reconoció y pidió perdón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por su responsabilidad en el crimen y la revictimización que ha tenido que vivir Bedoya durante todos estos años. Para la periodista, sin embargo, no es suficiente.“Ese perdón parcial que ofreció el Estado colombiano es una bofetada más”, dijo en una conferencia de prensa, tras la última audiencia en la Corte IDH, que tiene en sus manos responder, después de 20 años, al reclamo de justicia de la periodista.