Europa presiona a los laboratorios ante la lentitud en la vacunación
Europarlamentarios y organizaciones civiles pelean por levantar la confidencialidad de los contratos firmados entre Bruselas y la industria farmacéutica
Cumplidas las cuatro semanas de campaña de vacunación en la Unión Europea, que arrancó oficialmente el domingo 27 de diciembre, a Bruselas se le complican los frentes y ya reconoce que va a ser complicado cumplir con los ambiciosos plazos de vacunación fijados esta misma semana, en parte por imprevistas complicaciones logísticas y por la dificultad de trazar un calendario de producción y distribución claro con las compañías farmacéuticas.
Mientras que en el Reino Unido se han administrado 10 dosis por cada 100 habitantes y en Estados Unidos cerca de 6 inyecciones por cada 100 habitantes, en la Unión Europea no llegan a dos por cada 100 habitantes, según cálculos de este diario a partir de datos de la página en línea Covid Visualizer (si bien empezaron tres y dos semanas antes que en la UE, respectivamente).
El primer susto logístico vino de la compañía Pfizer, fabricante junto a BioNTech de la primera vacuna aprobada para su uso en el club comunitario, quien comunicó la semana pasada de forma repentina a los Gobiernos de la UE un descenso temporal en los envíos debido a una reestructuración en su planta de producción en Puurs (Bélgica). Aunque aseguraba que la mejora impulsaría la producción en el futuro, las capitales temblaron: ahí estaba el miedo a un parón, con la tercera ola cubriendo ya el continente.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejó ver su desconcierto, llamó “inmediatamente” al consejero delegado del laboratorio para pedir explicaciones, según contó, y le transmitió que los Veintisiete necesitaban “urgentemente las dosis garantizadas en el primer trimestre”. La UE les ha comprado 600 millones de dosis, más que a ninguna otra.
Este viernes fue la compañía AstraZeneca, cuya vacuna será aprobada previsiblemente la semana que viene para su uso en la UE (sería el tercer fármaco en el mercado, junto a las de Pfizer y Moderna), la que anunciaba el retraso en las entregas a los Estados miembros. Y esta vez fue la comisaria de salud, Stella Kyriakides, quien expresó cara a cara en una reunión con sus directivos la “profunda insatisfacción” de la Comisión y exigió a los responsables de la compañía “un calendario preciso”, para que los Estados puedan planificar la vacunación.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, remató este domingo, en una entrevista en la radio francesa Europe 1, las críticas a los laboratorios. Reclamó “un diálogo transparente” con ellas sobre los retrasos, y aseguró que la UE usaría “todos los medios legales” para que respetaran los contratos firmados. Pero también dejó ver las grietas en la ambiciosa estrategia de vacunación fijada por el Ejecutivo comunitario.
La Comisión pidió esta semana a los Gobiernos “acelerar la vacunación” ante un escenario epidemiológico “preocupante”, con la propagación de las nuevas, más contagiosas y mortíferas variantes del virus. Y fijó unos objetivos ambiciosos: inmunizar al 80% de las personas mayores de 80 años y al 80% del personal sanitario antes de abril, y al 70% de la población general hasta el verano. Estos no son de obligado cumplimiento, pero sí una guía del camino a seguir.
En la entrevista de este domingo, Michel dijo que veía “difícil” alcanzar el umbral de ese 70% de inmunidad estival, debido precisamente a las “dificultades en las líneas de producción en las próximas semanas, lo que haría el proceso más complejo”. Añadió que la UE se ve obligada a dar “un puñetazo en la mesa” para hacer cumplir esos acuerdos. Y que si se logran movilizar las líneas de producción, “quizá logremos tener éxito”.
Los problemas logísticos son en parte un reflejo de las crecientes parcelas de poder que los laboratorios han ido conquistando desde el inicio de la pandemia: son la gran esperanza para salir de ella, pero siguen cubiertas por un manto de opacidad.
Muchos pensaban que de algún modo su rápida respuesta ante la crisis sanitaria, desarrollando vacunas a una velocidad jamás vista, las redimiría de su tradicional imagen oscura de sector bien engrasado por los lobbies y guiado por el puro beneficio. Pero, tal y como dice el europarlamentario Pascal Canfin, que lleva meses peleando por conocer las condiciones contractuales entre la UE y las farmacéuticas, aunque la primera parte del relato ha funcionado, falta por ver el desenlace.
Programa claro
En una comunicación de esta semana la Comisión aseguraba “que trabajará con las compañías para desarrollar un programa claro y transparente de la entrega de las diferentes vacunas”. Pero se trata de unos tiempos que en realidad tampoco se han hecho públicos, protegidos por la confidencialidad contractual. Canfin, presidente de la comisión de Sanidad de la Eurocámara y miembro del grupo liberal Renew, reclamó esta semana por carta a la ministra de Sanidad de Portugal (país que ejerce la presidencia semestral de la UE) que todos los Estados miembros publiquen sus cifras mensuales de envíos previstos de dosis, para saber cuántos pinchazos deberían ser enviados y para que se pueda ir evaluando el progreso hacia la inmunidad objetivo de forma detallada.
A pesar de que se les han adelantado cientos de millones de dinero público para apoyar sus investigaciones, sus ensayos, sus fábricas y el escalado de su producción, aún se desconocen los términos exactos firmados por Bruselas, que ha liderado en nombre de los Veintisiete la compra de 2.300 millones de dosis de una cartera de seis vacunas diferentes. No se sabe el precio oficial de compra (aunque con los pagos por unidad que filtró la ministra de Salud belga a través de un tuit que borró de inmediato saldrían 20.510 millones de euros). Tampoco se conoce el calendario exacto de entrega. Ni la distribución detallada por países, que en principio ha de seguir criterios prorrateados en función de la población. Ni la forma en que se dirimiría la responsabilidad en caso de efectos adversos derivados de su uso.
La semana pasada, tras una intensa batalla en favor de la transparencia por parte de algunos eurodiputados, la Comisión hizo público uno de los seis acuerdos de compra anticipada, el de la compañía alemana CureVac. Su fármaco aún no ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, pero ya en marzo de 2020, en los albores de la pandemia, llegó a desatar la tensión diplomática entre Berlín y Washington, tras el interés mostrado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en llevarse su fórmula y toda su producción al otro lado del Atlántico. Se acabó quedando en esta orilla, y a principios de enero se anunció su unión con Bayer para el “desarrollo y suministro” de su pinchazo. Según el Ejecutivo comunitario, que siempre ha defendido que son las compañías quienes han impuesto la confidencialidad, el contrato se hizo público debido a que Curevac accedió a mostrar una versión censurada.
“Es un primer paso, pero no puede ser el último”, dice en entrevista telefónica Pascal Canfin. La transparencia, asegura, es clave en estos momentos “porque necesitamos la confianza de los ciudadanos para llevar a cabo esta campaña” de vacunación y porque “para evitar las noticias falsas, y los debates puramente electoralistas necesitamos hechos sobre la mesa”.
Canfin fue el primer eurodiputado en tener acceso a la versión con tachones del contrato de CureVac. Salió decepcionado de su primera revisión de los 67 folios del documento en el interior de una estancia vigilada a la que tuvo que entrar con el tiempo tasado y dejando el móvil. Así se lo hizo saber a la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, en un debate en el Parlamento Europeo esta semana. “De seis párrafos sobre la responsabilidad jurídica, y sobre quién es el responsable de los problemas, hay dos que están tachados, que no se pueden leer”, le espetó. “¿Cómo quieren ustedes que nosotros, como representantes de los europeos, podamos estar satisfechos con esta transparencia parcial?”.
El contrato que la Comisión ha colgado en línea a disposición de todo el mundo contiene disposiciones de las que podría deducirse que se exonera a los laboratorios de responsabilidad. “La administración de los Productos será llevada a cabo bajo la responsabilidad exclusiva de los Estados miembro participantes”, se lee en un artículo. Al que sigue otro en el que los países se comprometen a librar de la responsabilidad al contratista por los daños o perjuicios causados, entre los que se incluyen la muerte, pero debido a los tachones en el articulado resulta imposible inferir a ciencia cierta el alcance de los compromisos. “Puede haber de todo en los dos párrafos tachados”, dice Canfin.
Compensar riesgos
Cuando la Comisión firmó sus primeros contratos, aseguró a través de una nota que la responsabilidad recaería en la compañía. “Sin embargo”, añadía el comunicado, “con el fin de compensar los posibles riesgos asumidos por los fabricantes debido a los plazos inusualmente cortos para el desarrollo de las vacunas”, los contratos prevén “que los Estados miembros indemnicen al fabricante por las posibles responsabilidades incurridas solo bajo condiciones específicas”. Condiciones que siguen sin conocerse, pues están tachadas en el único contrato hecho público.
“Dado que es dinero público los contratos deberían hacerse públicos. Fin de la historia”, reclama la parlamentaria Manon Aubry, copresidenta del grupo de la izquierda en la Eurocámara. Protesta porque la Comisión es quien compra las vacunas, quien hace las leyes, quien entrega la financiación, pero a la hora de dotar de transparencia al proceso se ve maniatada.
Corporate Europe Observatory (CEO), un grupo de investigación dedicado a exponer la influencia de las corporaciones en la elaboración de las políticas de la UE, denunció en septiembre de 2020 que el de las grandes farmacéuticas es uno de los lobbies “más poderosos” en Bruselas. Las 10 compañías del sector que más gastan en influencia política abonaron entre 14,75 y 16,5 millones de euros anuales en campañas de lobby en la capital europea, según una investigación de CEO.
La industria, que emplea unos 175 lobistas en Bruselas, “está usando la crisis para amarrar su modelo problemático de maximización de beneficios”, asegura. Y advierte el grupo de investigación de que su presión “para lograr dinero público sin ataduras y unas normas monopolísticas de las patentes más estrictas podría restringir el acceso a los medicamentos y vacunas del covid 19, prolongando la pandemia en nombre del beneficio”.
El viernes la defensora del Pueblo de la UE les confirmó la apertura de una investigación sobre la falta de transparencia en los contratos por parte de la Comisión.
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