Nadie pidió dejar al asesino de Ionela sin visitas a sus hijos

La última asesinada por su pareja en 2020, Ionela Clincea, sí había denunciado. Lo hizo el 21 de diciembre, por amenazas. El 22, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Torrejón de Ardoz (Madrid) tramitó una orden de protección para ella. En Nochevieja, su pareja, Costinel Clincea, la acuchilló hasta matarla delante de sus dos hijos y después se suicidó. Ella tenía 28 años; él, 37. La orden de protección dictada por el juzgado, que obligaba al hombre a permanecer como mínimo a 500 metros de la mujer, incluía el derecho a un régimen de visitas que permitió al padre pasar las fiestas navideñas con los niños, que fueron entregados a la madre por un allegado el mismo día 31.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, criticó el pasado viernes en declaraciones a EL PAÍS que los juzgados “sigan imponiendo regímenes de visita en favor de los agresores en momentos especialmente críticos para las madres y para los hijos”. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2019 esas visitas solo se suspendieron en el 3% de los casos en los que hubo órdenes de protección, si bien hay que tener en cuenta que no en todos hay hijos menores. Numerosas instancias y expertas, entre ellas el propio CGPJ, han pedido un cambio legal para que sea obligatorio y no quede en manos de cada juez.

En el juzgado de Torrejón, la decisión la tomó la jueza suplente, pero es compartida por la titular, explica un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El motivo, añade, es que nadie solicitó lo contrario. Es decir, ni la Fiscalía, responsable de velar por el interés superior del menor, ni la abogada de la víctima reclamaron cambiar esas visitas. Y un juez no puede modificar una medida cautelar si no lo pide ninguna de las partes.

“Hace falta un cambio de paradigma”, reclama Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres y representante del Fondo de Becas Soledad Cazorla, destinadas a huérfanos de la violencia machista. “Se tiene que entender de una vez que no vamos a proteger a las madres si no protegemos a los niños”, explica. Soleto denuncia que en España, “cuesta mucho trabajo” decidir medidas de protección directa para los menores en los casos graves. “La aplicación de la patria potestad y del régimen de visitas es prácticamente indiscutible para muchos tribunales, piensan que una cosa no tiene que ver con la otra”, señala la responsable de la Fundación Mujeres, que subraya una máxima: ningún maltratador puede ser un buen padre.

La presidenta del Observatorio de Violencia de Género y Doméstica del CGPJ, Ángeles Carmona, reclama que se pongan ya en marcha las medidas de protección previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que España aprobó en 2017: que cuando se establezca una orden de alejamiento se suspenda ese régimen de visitas “con el fin de proteger a los menores”. Carmona recuerda que el Tribunal Supremo ya ha determinado que son siempre víctimas directas de violencia de género “aunque no sean testigos directos” de la misma.

La futura ley de infancia, pendiente de aprobación tras superar la fase de enmiendas, prevé modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sea obligatorio suspender esas visitas con una orden de protección en vigor y si hay indicios de que el menor ha “presenciado, sufrido o convivido” con dicha violencia, salvo que el juez presente una resolución motivada que justifique lo contrario.

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