La enseñanza pública andaluza, en pie de guerra

La comunidad educativa pública andaluza está llamada a la huelga el miércoles en contra del nuevo decreto de escolarización de la Junta (PP y Ciudadanos), que beneficia a la concertada. “La tendencia es el fenómeno de Madrid, con la concertada al alza, y eso el profesorado lo vive mal. Nuestro consejero [Javier Imbroda] nos manda un mensaje de competitividad, diciendo que debemos dejar de mirar de reojo a la concertada. Son jarros de agua fría”. Antonio Buitrago, profesor del instituto Castillo de la Yedra en Cazorla (Jaén), ve como una amenaza a la educación pública andaluza los planes del Gobierno regional, que hace dos semanas, tras un año en el poder, implantó su medida educativa más política.

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El decreto permite a las familias elegir centros concertados aunque no estén en su demarcación escolar, siempre que haya alguno en su municipio, y la adscripción a un centro público de los concertados que no tengan Bachillerato.

Las asociaciones de padres y madres, el Frente de Estudiantes y todos los sindicatos rechazan la medida y han convocado a una huelga el miércoles a los 102.105 profesores —la mayor plantilla del país— de la enseñanza pública y 12.700 miembros del personal laboral, como técnicos y ordenanzas. El 73% de sus 1,8 millones de alumnos reciben clases en la escuela pública, pero en 2008 el porcentaje se elevaba al 86%, según datos del Ministerio de Educación.

Los sindicatos alertan de que la medida es una alfombra roja para el avance de la concertada. En la última década, y con la natalidad en caída libre —de 100.293 nacimientos en 2008 a 71.029 en 2018—, las aulas de la concertada han crecido a mayor velocidad que las de la pública entre Infantil y Bachillerato: las primeras han sumado 1.996 plazas frente a las 326 de las segundas.

El consejero de Educación, de Cs, admite que los recursos para la educación pública son “insuficientes”, pero destaca que la inversión ha crecido en dos años un 8%, hasta los 6.100 millones, y que este año la plantilla cuenta con 750 profesores más. “Nosotros beneficiamos a las familias, a las que damos libertad de elección. Aquellos que viven del frentismo utilizan la educación otra vez como una lucha ideológica”, dice Imbroda. Elena García, del sindicato mayoritario CSIF, rebate: “La imagen que proyecta el decreto es convertir la pública en subsidiaria y no en el eje prioritario”.

Los problemas de la educación en esta comunidad, con índices de inversión pública y resultados académicos a la cola del país, son estructurales. El abandono escolar temprano está en el 21,6%, la tasa más alta solo por detrás de Baleares y Murcia, los resultados de los alumnos andaluces en la prueba PISA son los peores en Ciencias y Matemáticas tras los estudiantes canarios, el gasto público por alumno al año es de 4.735 euros—el segundo más bajo y casi la mitad del País Vasco, con 8.973 euros, en 2015, último ejercicio disponible—, y la crisis ha dejado aún hoy un 38% de la infancia en riesgo de exclusión social, según la Red de lucha contra la pobreza.

“La situación de emergencia educativa no es primera plana de la actualidad política. Ni para los políticos ni para los medios, solo salta cuando surge el incendio de las pruebas PISA o hay problemas con ciertas asignaturas”, censura Pedro Ballesteros, exinspector educativo y presidente de la asociación Redes. “La dependencia del modelo socioeconómico permanece, es una ley de hierro y uno de los mayores fracasos de los anteriores Gobiernos socialistas”, añade.

Organismos como Naciones Unidas, la Comisión Europea y diversas ONG han señalado la segregación como un problema clave de la educación española, con los colegios gueto como crudo exponente. Si Madrid es la segunda región que más segrega a nivel europeo según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, Andalucía es la tercera comunidad con más alumnado desfavorecido en las mismas escuelas, denuncia la ONG Save the Children. “Todos esperábamos medidas para resolver la segregación, pero el nuevo decreto ni lo menciona. Los centros de zonas vulnerables deben ser sobredotados”, estima Ballesteros.

Un ejemplo luminoso que demuestra que con recursos económicos se puede revertir la ausencia de alumnos y la desmotivación que genera es el instituto García Lorca en Algeciras, que ha pasado de 150 alumnos a 800 y ha dejado atrás un 40% de absentismo en solo siete años. Su director, Andrés Martín, explica su receta: “Las ONG trabajan primero con las familias para lograr que los niños vengan desde Primaria, y cuando conseguimos que el alumno venga, luego hay que normalizarlo y trabajar sus aspectos conductuales. Y es fundamental una comunicación constante y online con la familia. Los problemas se resuelven con mediadores El centro de la enseñanza es el alumnado, y si este fracasa, fracasamos todos (…) Cuantas más piedras levantas, más problemas encuentras”.

El decreto de la Junta es un pequeño paso a favor de la concertada, lejos aún de la petición de Vox —cuyos votos necesita el Gobierno autonómico para aprobar sus Presupuestos—, que reclama la implantación de la zona única, que permitió la expansión de la concertada y la privada en la Comunidad de Madrid hasta copar el actual 45,7% del alumnado.

García subraya una rémora en la que coinciden la mayoría de la decena de fuentes consultadas: el desánimo de los docentes, muchos de los cuales se sienten maltratados por la Administración, poco respetados por el alumnado, y sobrepasados al trabajar a la carrera, sin tiempo para formarse y mejorar la calidad de la enseñanza. Los sindicatos han pedido rebajar las 25 horas lectivas a 23, como ya hacen otras comunidades, de momento sin éxito. “El profesorado no se siente reconocido, sino en el centro de la diana ¿alguien le ha preguntado qué le parecen las reformas? La actual caída de la natalidad es una oportunidad genial para poder trabajar con ratios más bajas de alumnos por clase”.

Enrique Jabares, presidente de Asadipre, la asociación de directores de centros de Infantil y Primaria, opina: “El decreto introduce un debate ficticio, el de la libre elección de los padres, mediante un lenguaje perverso que induce al error, en un momento cuando el 93% de los padres tiene el primer colegio que pide”. José Ábalos, del sindicato Ustea, resume el debate de fondo: “Existe ese mito de que la educación concertada es de más calidad y puede haber un trasvase de alumnos de la pública a la concertada. El riesgo es que la situación se puede invertir y pueblos como Úbeda pueden quedarse con un solo centro público”.